Si la exautoridad no tiene una causa abierta en los tribunales no puede ser arraigada con una orden administrativa.
Fuente: eldeber.com.bo
La Ley 1352 bautizada como ‘ley de arraigos’ prohíbe a las autoridades electas salientes abandonar el país hasta tres meses después de concluido su mandato y ordena a la Contraloría General del Estado (CGE) a emitir una lista al servicio de Migración para que dicte el arraigo de todas las autoridades salientes.
“La presente Ley, establece la obligación de permanencia en el territorio nacional por el lapso de tres (3) meses, de: Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o Vicepresidente, ministras o ministros del Estado y asambleístas nacionales que hayan cesado en su mandato por cualquier motivo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Gobernadoras o gobernadores, alcaldesas o alcaldes, asambleístas departamentales, concejales municipales y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales que hayan cesado en su mandato o hayan sido destituidos”, señala el artículo 3 de la ley.
La vigencia de la Ley 1352 fue puesta en debate nuevamente ante la proximidad de la conclusión del mandato de Luis Arce y todo su gobierno. Los políticos opositores ahora aplauden la norma y piden que se aplique al actual Gobierno.
La ley fue promulgada en octubre de 2020 por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, para impedir que las autoridades del gobierno de Jeanine Áñez abandonen el país luego del 8 de noviembre, cuando iban a entregar el Gobierno a Arce.
Ahora la Ley podría servir para arraigar a Arce y sus autoridades por aplicación de una ley que propuso su principal aliada en la ciudad de El Alto, la alcaldesa Eva Copa. Sin embargo, el abogado Israel Quino dijo que esta norma es inaplicable porque abandonar el país no es un delito y por tanto no pueden impedir que abandonen el país.
“La vigencia de la ley 1352 dice ‘serán responsables penalmente’, bueno, ¿bajo cuál figura delictiva? al no establecer un tipo penal, no hay un delito específico por el que una exalta autoridad que salga del país sea investigada, sancionada o procesada penalmente”, alertó el abogado y dijo que la norma fue elaborada y aprobada en medio de un clima político enrarecido en el país, lo que la hace bastante frágil ante un análisis jurídico.