Un repaso por algunas polémicas que pusieron en vilo al gobierno, que se despide el 8 de noviembre. Del caso “Consorcio” a “Botrading”, entre otros.
Fuente: Opinión
“Esperando ser recordados como el gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento y la justicia social”. Probablemente, la gestión de Luis Arce sea rememorada por más que aquello que hace cinco años anheló el hombre que hoy va apagando la luz y aleja sus pasos del despacho central de la Casa Grande.
El 8 de noviembre de 2020, Arce se mostraba luciendo la Banda Presidencial por primera vez y dejaba escapar una lágrima. El contexto era el argumento: tomaba un país con polarización en las calles, una economía golpeada por la pandemia y se enfrentaba al auge de aisladas movilizaciones de grupos que sospechaban de supuestas irregularidades en el proceso electoral que lo catapultó.
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Pero en cinco años pasó demasiado. Aquel que fue elegido por Evo como la pieza clave para encarnar a la izquierda (y venció) en las urnas, ese que fue bautizado internacionalmente como el “artífice del milagro económico”, pronto dejó de serlo.
Los escándalos abrumaron su gestión. Del caso “Coimas”, que involucró al exministro Juan Santos, de Medio Ambiente y Agua, al presunto enriquecimiento ilícito del también exministro Alan Lisperguer, que ocupó la misma polémica cartera, al encierro en prisión preventiva de César Siles, quien supo ser ministro de Justicia. Y la lista no termina.
Aquí, un recuento de algunas de las polémicas que pusieron en jaque al gobierno saliente.
PRIMERA DESTITUCIÓN En 2020, la cartera de Desarrollo Rural y Tierras se empañó luego de que el entonces ministro Wilson Cáceres fuera apuntado por la contratación de su expareja Fabiola Gutiérrez como su jefa de gabinete.
Arce resolvió sustituirlo y posesionar en su lugar a Edwin Characayo.
“Cuando una persona asume un cargo tan importante como ministro de Estado, debe, sobre todo, poner el mayor empeño, compromiso y responsabilidad. (…)”, había recalcado el Presidente, tras posesionar a la nueva autoridad.
“COIMAS” Pese a los pedidos de transparencia de Arce, el nuevo ministro se vio envuelto en la causa “Coimas”, que en 2022 contó con sentencia. Hay que recordar que, el 13 de abril de 2021, Characayo resultó detenido luego de haber recibido 20 mil dólares como parte de pago por un presunto favorecimiento de tierras en Santa Cruz.
Con dicha coima, Characayo y su director general, Hiper García, garantizaban la titulación o resolución final del predio “El triunfo II”.
Characayo fue filmado cobrando el dinero en pleno paseo de El Prado, en La Paz. La Policía lo detuvo a él y a su funcionario inmediatamente después de la transacción irregular. Por el caso, el Tribunal Primero Anticorrupción de La Paz decidió sentenciarlos a 8 años de prisión, pena que la Justicia determinó que cumplan en Palmasola y San Pedro, de modo respectivo.
“COIMAS MILLONARIAS” En mayo de 2023, el turno fue de Juan Santos Cruz, entonces ministro de Medio Ambiente y Agua, que fue apuntado por cobrar comisiones, mediante sus funcionarios, a empresas que deseaban adjudicarse obras en el Ministerio de Medio Ambiente. Se supo, después, que con ello habría adquirido alrededor de 30 propiedades. Fue aprehendido tras brindar su declaración informativa ante la Fiscalía de La Paz por el caso «Coimas millonarias”.
También cayó un sobrino de Santos. El exministro fue enviado preventivamente a San Pedro.
“CHANCHULLOS” En 2021, los focos se posaron en el entonces ministro de Educación Adrián Quelca, señalado por haber mandado supuestas “instrucciones” por WhatsApp a un alto funcionario con el fin de ayudar o ir en desmedro de postulantes que aspiraban a cargos directivos. La causa fue bautizada como “Chanchullos”.
Luego de su imputación, Quelca presentó su renuncia.
En julio de 2022, la Justicia ordenó su sobreseimiento.
BAJO LOS FOCOS En 2023, una denuncia penal contra Édgar Pary, exministro de Educación, apuntó a presunto uso de influencias y negociaciones para favorecer a su empresa familiar, figura que Pary negó.
Conforme a la acusación, Pary habría beneficiado a sus allegados mediante sus “influencias” con contratos estatales.
Pary alegó que la compañía Centro Multidisciplinario de Formación, Investigación y Servicios Generales (CEMFI), de él y sus hijos, se encontraba inactiva y no se adjudicó “un centavo” de ninguna empresa.
MOVIMIENTOS LLAMATIVOS Ya destituido de su cargo como ministro de Medio Ambiente y Agua, Alan Lisperguer fue señalado, en enero de este año, por supuesto enriquecimiento ilícito y falsedad en su declaración jurada. Sus movimientos bancarios llamaron la atención, pues fueron desproporcionales con relación al salario que cobraba del Estado. Tenía casi una decena de viviendas no declaradas. Recibía depósitos con sumas millonarias. En agosto fue aprehendido.
“NARCOVUELO” Fue uno de los escándalos más fuertes que puso a Bolivia en el radar internacional. Y aunque no tuvo origen desde el seno del Gobierno, sí implicó a entidades estatales. En febrero de 2023, personal de Aduana en España encontró 478 kilogramos de cocaína en la bodega de un vuelo procedente de nuestro país. La carga fue hallada en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.
La droga, camuflada en medio de ropa sucia, era enviada, a través de vuelos comerciales, hacia Europa desde Bolivia y también Ecuador, conforme a lo señalado por El Deber.
Hubo allanamiento en el Aeropuerto Internacional Viru Viru de Santa Cruz, del mismo modo que en el Aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba y se libraron decenas de órdenes de aprehensión.
Se movilizó la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (DGFELCN), mientras que BoA querelló a los responsables del traslado de las sustancias. Las cámaras permitieron observar que dos funcionarios se involucraron con la ruptura de los precintos y la manipulación del minicontenedor. El hecho también motivó la sustitución de todos los policías que trabajaban en Viru Viru.
“CONSORCIO” La trama apuntó a una red corrupta en la que intervinieron jueces, fiscales y abogados que incidieron en decisiones de la Justicia. El exministro de Justicia César Siles fue enviado a la cárcel de Patacamaya y luego beneficiado con arresto domiciliario.
La denuncia fue presentada por el abogado Óscar De La Fuente, el 11 de junio, pero durante el curso de las investigaciones ha sido apuntado como supuesto promotor de una acción que buscaba la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, como recuerda la agencia ABI.
Hubo ocho implicados en la causa, de los cuales siete han sido sometidos a audiencias cautelares.
BOTRADING El caso más reciente es el que apunta a que YPFB habría establecido irregularmente a la empresa Botrading en Paraguay con la idea de que sea intermediaria en la compra de carburantes y con presuntos sobreprecios. La polémica le costó la libertad al exgerente de YPFB Logística, Félix Cruz, quien tiene detención domiciliaria.
Una comisión de la Cámara Baja se enfocó en las averiguaciones durante algunos meses. En su informe, el equipo estableció que existen sospechas de que la empresa estatal adjudicó una docena de contratos con aparente sobreprecio, pagos con suministros sin respaldo en contratos vigentes y pagos con exceso en el monto máximo establecido en algunos procesos de contratación, según Infobae.
El jueves 25 de septiembre, la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) allanaron YPFB Refinación y YPFB Logística. El 26, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callaú, se presentó en la Fiscalía de La Paz para brindar su declaración. Las investigaciones siguen.
Fuente: Opinión