El gerente de YPFB Refinación, Eduardo Saucedo, considera que las acusaciones de los diputados incurren en injerencia.
Por Daniel Zenteno
El edificio de la empresa estatal. Foto: YPFB.
Fuente: La Razón
Luego de que algunos diputados de oposición denunciaran que la representante legal de Botrading habría ejercido una doble función al contratar servicios legales para la empresa, que presuntamente dirigía ella misma, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) defendió la legitimidad del proceso.
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Eduardo Saucedo, gerente de Asuntos Legales de YPFB Refinación, explicó que la designación de la señora Sandra Otazú, representante de Botrading, está avalada en la ley civil y obedece a la normativa del tráfico comercial.
“Usted puede suscribir un contrato incluso consigo mismo, es una operación absolutamente normal y más en el tráfico comercial que tiende a hacer más fáciles las operaciones y la suscripción de este tipo de documentos. Debemos enfatizar que no hay nada ilegal ni irregular en ese documento”, afirmó en entrevista con Bolivia Tv.
Botrading
De acuerdo con la denuncia, la rúbrica de Otazú aparece como representante legal de Botrading y también como representante de ALC S.A., la firma contratada para prestar los servicios legales, evidenciando que se contrató a sí misma como abogada de la empresa.
Al respecto, Saucedo reconoció este hecho, pero también reiteró que es algo normal y recurrente en el tráfico comercial.
“Ella sí firma como representante de Botrading y del despacho de abogados al que ella representa, por eso es que aparece su firma en los dos documentos. Hay que aclarar también que la ley civil y la ley comercial permiten este tipo de operaciones, porque, efectivamente, en el tráfico comercial, es normal que se den este tipo de situaciones”, reiteró.
Por ello, considera que los legisladores que presentan ese tipo de información incurren en injerencia, pues ya hay un informe conclusivo elaborado por la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que actualmente está siendo evaluado por la Contraloría General del Estado, el Ministerio Público y el Ministerio de la Presidencia.
“Al existir un informe conclusivo ya ellos no pueden pronunciarse con respecto a los hallazgos, si son irregulares, o hay delito o no hay delito, porque eso ya la corresponde a la Contraloría”, indicó Saucedo.
Asimismo, señaló que Botrading le permitió un ahorro importante al Estado y eso quedó constatado en el informe que elaboró la comisión de la Cámara Baja.
Fuente: La Razón