Delitos digitales. ASFI debe establecer un protocolo para la recepción de denuncias en Bolivia, lo cual debería facilitar el bloqueo preventivo de cuentas bancarias utilizadas para el delito, sugiere Mario Durán, experto en temas de derecho y tecnología.
Aumentan las estafas con QR y tal como ocurre en Chile o Brasil, el experto en temas de derecho y tecnología Mario Durán Chuquimia plantea la necesidad de crear una “lista negra” de individuos identificados como perpetradores de este tipo de delitos, esto con la finalidad de que el sistema financiero no sea utilizado por estafadores digitales.
El 21 de septiembre, Visión 360 informó que el pago mediante código QR facilitó las transacciones financieras, pero, al mismo tiempo, abrió nuevas avenidas para que estafadores puedan robar altos montos.
“Cada vez tenemos más denuncias de estafas que se realizan utilizando el QR. Cada día recibimos, en promedio, entre dos y tres denuncias al respecto”, informó a este medio Boris Mendoza, jefe de la unidad de Cibercrimen de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz. “Obviamente hay varios casos más que no se denuncian”.
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Durán explicó que diversas jurisdicciones han implementado marcos legislativos específicos, destinados a combatir el uso indebido del sistema financiero para la perpetración de estafas digitales, entre estas se cita a la Resolución del Banco Central BCB 493 de Brasil, que facilita la desactivación de cuentas bancarias involucradas en fraudes digitales.
Asimismo, en Chile, la Ley 20.009 establece un marco de protección para los usuarios de medios de pago electrónicos, limitando su responsabilidad en casos de extravío, hurto, robo o fraude, siempre que notifiquen al emisor de forma oportuna. Dicha ley permite bloquear los medios de pago, liberando de responsabilidad al usuario por operaciones posteriores a la notificación al banco del ilícito. Y se pueden citar más normativas extranjeras.
Según el experto, es necesario que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) establezca un protocolo administrativo para la recepción de denuncias relacionadas con estafas digitales que involucren códigos QR vinculados al sistema financiero boliviano. Este procedimiento debería facilitar el bloqueo preventivo de cuentas bancarias utilizadas para la recepción de fondos derivados de actividades ilícitas.
Modus operandi
Según Durán, en los últimos meses, las estafas digitales se incrementaron en Bolivia, el creciente uso de teléfonos inteligentes y el incremento de transferencias electrónicas, vía QR bancario, conforman un terreno fértil para estos delitos.
Explicó que el procedimiento es simple y creativo, apelan a la ambición de las víctimas, sea con la oferta de televisores a bajo costo, quintales de arroz o turriles de aceite, mascotas de raza para adopción y un largo etcétera.
Añadió que los estafadores, envían imágenes de carnet, constancias bancarias, llamadas por Whatsapp para generar confianza y disipar dudas. El siguiente paso es concretar la transacción, en algunos casos, llega un delivery con el producto o una camioneta con los productos, en ese momento, envían un QR bancario y la victima confiada realiza la transferencia monetaria.
“Los siguientes instantes, la víctima se da cuenta de la estafa digital, el delivery le dice que no recibió el dinero transferencia, el chofer de la camioneta dice que no recibió la transferencia monetaria, la victima escribe y pide respuestas al estafador, no responde llamadas ni mensajes, al final, la víctima es bloqueada en Whatsapp”, puntualizó.
Durán subrayó que la ASFI, en su rol de entidad reguladora, supervisora y de control del sistema financiero debe emitir normativa específica, a través de resoluciones de directorio, que establezcan un procedimiento expedito para el bloqueo preventivo de cuentas bancarias.
Dicho procedimiento debe activarse ante la denuncia de la víctima de una estafa digital, acompañada de la evidencia probatoria pertinente, cuando dichas cuentas sean identificadas como receptoras de transferencias bancarias provenientes de actividades ilícitas.
Visión 360 reportó que aunque los casos van en aumento el 91% de las víctimas no denuncia, según un estudio del Ministerio de Gobierno, publicado en septiembre del año pasado. Los motivos son la desconfianza en las autoridades y el desconocimiento del tema por parte de estas para atender los casos. A todo esto, se suma la falta de una normativa específica en el país.
Y también sube el monto que se extrae con estos delitos. Jaime Soliz, exfiscal y ahora abogado particular, reveló, en contacto con este medio, que en menos de un mes conoció 20 denuncias de estafas mediante códigos QR que implicaban grandes montos en dólares.
Una fuente de la unidad de Cibercrimen indicó que uno de los problemas que enfrentan las fuerzas del orden es, precisamente, la ausencia de una legislación específica para los distintos delitos de la era digital. “Solo podemos registrarlas, legalmente, como estafas”, indicó.
Por su parte, Soliz remarcó que “estafa es estafa” y no importa si es digital o analógica, y lo que sí se debe hacer es juzgar e investigar el delito; y en ese aspecto –afirmó- la Fiscalía no está preparada. “La Policía está, por un lado; el Ministerio Público por otro, ya que no tiene un desarrollo, una planificación de política discriminada para proteger en materia de prevención. Están a la antigua y hay muchas cosas nuevas, nuevas formas de delitos, ante las cuales están en desventaja; no están a la altura de enfrentar y procesar”, manifestó.
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