La minería cooperativista actúa en complicidad con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el Ministerio de Minería y otras instituciones estatales, vulnerando las disposiciones que buscan proteger la montaña. Las consecuencias, advierte, son visibles: trabajadores sin derechos laborales ni seguro social, muertes dentro de socavones precarios y migraciones forzadas desde zonas contaminadas, sostiene la Sociedad Potosina de Ecología (Sope)
Fuente: ANF / La Paz
La Sociedad Potosina de Ecología (Sope) señaló en un documento de reflexión que la minería cooperativista repite las formas de explotación y opresión iniciadas en la Colonia, pese a que el discurso oficial plantea lo contrario.
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El texto, titulado Reflexión sobre el Cerro Rico de Potosí, señala que el Sumaj Orko, otrora símbolo de grandeza natural y espiritualidad, se ha convertido en una evidencia de la autodestrucción humana. La explotación, iniciada hace más de 200 años, alcanzó en las últimas dos décadas niveles de depredación sin precedentes, lo que ha llevado a una crisis histórica que pone en riesgo la estabilidad estructural y su condición de Patrimonio de la Humanidad.
Según Sope, la minería cooperativista actúa en complicidad con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), el Ministerio de Minería y otras instituciones estatales, vulnerando las disposiciones que buscan proteger la montaña. Las consecuencias, advierte, son visibles: trabajadores sin derechos laborales ni seguro social, muertes dentro de socavones precarios y migraciones forzadas desde zonas contaminadas.
El documento resalta que casi un centenar de trabajadores falleció en un solo año dentro del cerro, dejando decenas de familias en la orfandad. “Este escenario perpetúa un círculo de pobreza y opresión, semejante al de los azogueros coloniales y al de la oligarquía minera del siglo XX”, afirma el pronunciamiento.
Pese a que existe una prohibición expresa de realizar explotaciones por encima de la cota 4.400, Sope denuncia que las cooperativas burlan esta disposición con la anuencia de autoridades nacionales, departamentales y municipales. El Ministerio de Culturas, la Gobernación de Potosí y el propio municipio, agrega, han permanecido pasivos frente al riesgo de perder el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad otorgado por la Unesco en 1987.
En medio de esta situación, el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) presentó una acción de cumplimiento para exigir que se respete la Sentencia Constitucional Plurinacional 1062/2022. Dicha sentencia obliga a migrar las actividades mineras que se realizan por encima de la cota permitida y ordena medidas de preservación.
Los argumentos de Comcipo se respaldan en hechos constatados: hundimientos recurrentes en la estructura del cerro, con riesgo de expandir un daño irreversible. Como medida coercitiva, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí dispuso el congelamiento de las cuentas del Ministerio de Minería, de Comibol y de su oficina regional, por incumplir la sentencia.
Sope considera que este hito judicial mostró que la negligencia y la impunidad institucional tienen un límite cuando la sociedad civil recurre a las vías legales. “La justicia reafirmó un principio básico: preservar el Cerro Rico no es un acto simbólico, sino una obligación vinculante del Estado”, enfatiza.
La organización ambientalista sostiene que este fallo abre una oportunidad histórica para replantear la relación entre Potosí y la minería. Para ello, plantea que el próximo gobierno debe establecer una política minera clara, con acciones inmediatas y sostenidas a mediano y largo plazo que conduzcan a la migración definitiva de los trabajos dentro del cerro.
En su reflexión, Sope insiste en que el Cerro Rico no puede seguir siendo visto únicamente como un recurso económico. “Su preservación es un imperativo cultural y ambiental, pues representa un patrimonio invaluable para la humanidad”, señala el pronunciamiento.
El documento propone resignificar el cerro como un recurso cultural y turístico de alto valor, capaz de sostener un desarrollo alternativo en Potosí. También plantea impulsar una transformación de la matriz productiva para romper el ciclo de pobreza, migración y explotación que afecta a miles de familias.
La organización advierte que la sociedad civil debe mantener su voz de protesta y exigir a los candidatos presidenciales presentar propuestas claras sobre la política minera que aplicarán en sus gobiernos, incorporando el problema del Cerro Rico desde dimensiones sociales y culturales, y no solo técnicas y económicas.