Desde hace más de una semana, la violencia inunda las noches en el norte de Ecuador. El Gobierno del presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel, desencadenando protestas que se han saldado con decenas de heridos y un centenar de detenidos.
Pero la primera muerte de un manifestante en la provincia de Imbabura, presuntamente a manos del ejército, ha elevado la tensión entre el Gobierno Nacional y Conaie, la mayor organización indígena del país, a su punto máximo.
“Creo que siempre hay espacio para negociar (…) pero ahora mismo no veo las condiciones para que se dé y temo mucho que suba la escalada de violencia, es importantísimo que alguien le haga entrar en razón al Gobierno nacional, porque ni a nosotros las autoridades locales nos escuchan”, declara a RFI Paulina Verkoutere, viceprefecta de Imbabura.
Varias organizaciones del país denuncian violaciones de los derechos humanos a manos de los militares durante las protestas. Además, la oposición rechaza las acusaciones de terrorismo o corrupción, acusando al Gobierno de llevar a cabo una persecución contra los pueblos indígenas a través de un discurso racista.
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“Nos han bloqueado nuestras cuentas, nos han retenido, estamos en cero (…) además, me he enterado de que, junto a varios líderes del movimiento indígena nacional, defensores de la naturaleza y algunas autoridades, como es mi caso y la del prefecto, estamos en una lista de una presunta investigación por enriquecimiento ilícito. Esto es muy grave (…) es una clara muestra para acallarnos”, denuncia la viceprefecta.
La administración de Daniel Noboa afirma que los manifestantes mantienen retenidos a 17 militares. Además, argumenta que la eliminación del subsidio ya está dando beneficios y ayudando a miles de familias en todo el país. Verkoutere, sin embargo, asegura que la calidad de vida de los ecuatorianos ha disminuido.
“El Gobierno tiene desacreditada su palabra (…) ¿cómo le vamos a creer a un gobierno que utiliza la política de los bonos y de las dádivas desarticuladas, sin hacer una real política pública? Dijo que no va a subir los combustibles y ahora está diciendo que va a dar bonos, la gente ya no le cree», explica.
La dirigente asegura que los efectos negativos de la eliminación del subsidio no sólo ya son visibles en la economía, sino que plantea un gran revés para la población indígena, la más afectada por las desigualdades laborales y educativas.