Callisaya observó que el decreto de amnistía e indulto no se ha cumplido para la mayor parte de los reclusos. “Han emitido cero resoluciones de amnistía y el régimen penitenciario ha emitido siete resoluciones de indulto. Es decir, a siete personas han beneficiado en casi medio año”, precisó.
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana respecto a la situación carcelaria en Bolivia, debido a un riesgo inminente de conflicto causado por el hacinamiento, la falta de prediarios que afecta la alimentación, la violencia dentro de los penales y el incumplimiento de políticas como la amnistía.
“Todos estos elementos hacen que nosotros podamos prever que existe un riesgo inminente en la situación de las cárceles en Bolivia, que pueden traducirse en protestas masivas, en motines, que pueden en algunos casos ser violentos y que esperemos que no puedan suceder”, dijo el Defensor, Pedro Callisaya, en La Tarde en Directo de ERBOL.
Sobre el hacinamiento, mencionó que entre 2020 hasta el 2025, la población penitenciaria ha subido de 17.305 a 33.058 personas privadas de libertad, de las cuales casi el 56% son detenidos preventivos.
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“Este escenario, a su vez, conlleva el debilitamiento de salud, atención de salud, el debilitamiento de la atención en la alimentación, el debilitamiento de las condiciones de seguridad al interior del penal, en fin, varias situaciones que se van acumulando y que pueden provocar con seguridad, si es que se mantiene esta situación, una conflictividad interna”, indicó.
Callisaya señaló que gobernaciones no tiene recursos suficientes para los prediarios, por lo cual hay retrasos hasta de cinco meses en su pago.
Explicó que, debido a esta falta de pago, existen casos donde privados de libertad “venden sus futuros prediarios a proveedores internos” para comprar alimentos. Es decir, que buscan comida “hipotecando su futuro prediario”.
En otros casos, los prediarios se entregan a un proveedor de alimentos, pero como se suspendió el pago, tampoco se cumple con el servicio de la comida.
El Defensor dijo que se han incrementado también exponencialmente el índice de muertes violentas y por enfermedad.
“Son aproximadamente 45 médicos los que tiene el sistema penitenciario para 33.000 personas privadas de libertad. Eso quiere decir que, básicamente, la atención médica es nula y justifica esta cantidad de fallecimientos por enfermedades”, lamentó.
Callisaya observó que el decreto de amnistía e indulto no se ha cumplido para la mayor parte de los reclusos. “Han emitido cero resoluciones de amnistía y el régimen penitenciario ha emitido siete resoluciones de indulto. Es decir, a siete personas han beneficiado en casi medio año”, precisó.
Asimismo, de las revisiones de detención preventiva, indicó que se han abordado 200 casos y que sólo el 1,3% se ha beneficiado.
Lamentó, asimismo, que no se haya retomado el proyecto de ley de manillas electrónicas, cuya aprobación fue anulada por el Tribunal Constitucional.
El Defensor alertó que también hay situaciones de abusos y exacción por parte de los propios compañeros privados de libertad, así como de efectivos que están destinados a la seguridad penitenciaria.
“Entonces, son situaciones que denotan claramente un escenario que puede provocar cierta conflictividad sumado a los otros componentes que hemos descrito”, recalcó.