Los desvíos del cauce habrían sido ejecutados por comunidades interculturales y grandes unidades productivas privadas, vinculadas con cultivos de soya y caña de azúcar, que demandan altos volúmenes de agua.
Fuente: eldeber.com.bo
El departamento del Beni se declaró en emergencia ante el riesgo inminente de inundaciones a gran escala, tras un informe técnico del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), que detectó la intervención irregular del cauce del río Grande mediante diez a veinte diques y deflectores construidos sin autorización.
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La denuncia fue presentada en el pleno del Senado por los legisladores benianos de Comunidad Ciudadana (CC), Wálter Justiniano y Alfonso Vaca, quienes alertaron que las obras podrían desviar las aguas del río Grande hacia los ríos Ibare y Mamoré, que cruzan la capital Trinidad, afectando zonas productivas y poblaciones rurales.Ante la gravedad del escenario, el Senado emitió convocatoria a tres ministros de Estado —Defensa, Medio Ambiente y Agua, y Desarrollo Rural y Tierras— para que comparezcan este martes 1 de octubre en una reunión interinstitucional en Trinidad, junto con técnicos del Searpi, autoridades locales y sectores productivos.
“Es una situación muy seria. Se han identificado hasta 15 diques y obras de desvío que reconducen el agua del río Grande hacia el Mamoré y el Ibare. Esto puede provocar inundaciones severas que afectarían incluso la ciudad de Trinidad”, advirtió el senador Walter Justiniano. Riesgo creciente y temporada de lluvias cerca.
Los estudios del Searpi, elaborados mediante monitoreo satelital y sobrevuelos, confirman modificaciones de entre 6 y 10 kilómetros en el cauce natural del río, atribuibles a intervención antrópica —obras civiles realizadas sin licencia ambiental ni autorización institucional—.Estas alteraciones están generando una acumulación de sedimentos y represamientos que podrían derivar en riadas e inundaciones progresivas durante la próxima temporada de lluvias, que inicia en noviembre y se intensifica desde diciembre.“El río Grande es estacional y responde directamente a las precipitaciones.
Con el cauce desviado, el aumento repentino del caudal puede ocasionar embalses e inundaciones de magnitud. Esto no es un evento natural, es una amenaza provocada por el hombre”, explicó Justiniano.
El senador Alfonso Vaca coincidió en que el riesgo es inminente y demandó acciones urgentes del Gobierno central.“No estamos ante una simple crecida estacional, sino ante una alteración progresiva del curso del río. Esta situación puede generar daños en la producción arrocera, ganadera y a las comunidades indígenas y campesinas del sur del Beni”, señaló. Denuncia de desvíos irregulares y afectación ambientalSegún los legisladores, los desvíos habrían sido ejecutados por comunidades interculturales y grandes unidades productivas privadas, vinculadas con cultivos de soya y caña de azúcar, que demandan altos volúmenes de agua.
Las obras implican desmontes a gran escala, con maquinaria pesada y daños a la reserva forestal de Guarayos, en la frontera entre Santa Cruz y Beni.Justiniano alertó que el costo estimado de estos desmontes —$us 800 por hectárea— evidencia la participación de capitales de inversión significativa, más allá de pequeños productores.
Además, denunció la existencia de pistas clandestinas detectadas en los sobrevuelos, lo que aumenta las sospechas sobre actividades ilegales en la zona.“No sabemos quién autorizó estas obras. Si el Gobierno no monitorea ni sanciona, es corresponsable.
Por eso exigimos la presencia de los tres ministros para definir responsabilidades y acciones inmediatas”, enfatizó el parlamentario.Respuesta institucional y convocatoria abiertaEl director del Searpi, José Antonio Rivero, informó que su equipo técnico está sosteniendo reuniones con los sectores involucrados y los municipios afectados, y que se convocará a la prensa una vez se concluya el proceso de coordinación.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, confirmó la declaratoria de emergencia departamental desde el 22 de septiembre y anunció la reunión clave del martes en la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabi), a las 8:30 de la mañana, con la participación de instituciones públicas, privadas y sociales.“Nos preocupa que estas aguas lleguen al Ibare, algo que nunca ha sucedido.
Si se confirman los desvíos, podríamos enfrentar una inundación de magnitud similar o peor a la de 2014. Está en riesgo la ciudad de Trinidad, protegida solo por un anillo de contención”, advirtió Aponte.El líder cívico remarcó que el objetivo es exigir explicaciones y acciones correctivas inmediatas, incluso con el respaldo de organismos internacionales, para desmantelar los diques ilegales y restablecer el cauce natural del río Grande antes del inicio de las lluvias.
Una “bomba de tiempo” para el oriente bolivianoLos informes técnicos coinciden en que la cuenca del Mamoré y el Ibare ya presenta niveles superiores a los registros históricos, pese a la actual temporada seca. Esto indica que el sistema fluvial está cargado antes del periodo lluvioso, una señal de alerta que preocupa a los expertos.“Si no se interviene ahora, cuando llegue el tiempo de lluvias, el Beni podría sufrir una de las peores inundaciones de las últimas décadas”, advirtieron los senadores benianos.
La convocatoria de este miércoles 1 de octubre reunirá a autoridades nacionales, departamentales, cívicas y productivas, con la misión de definir un plan inmediato de mitigación y restauración ambiental, antes de que la emergencia se transforme en desastre.