El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, emitió una Alerta Temprana sobre la grave crisis que atraviesan las cárceles en Bolivia, advirtiendo que el 90,6% de las muertes que ocurren bajo custodia del Estado se debe a causas vinculadas al hacinamiento y a la limitada atención médica disponible.
Foto archivo: muertes en 2020 en el penal de San Pedro
Fuente: ANF
Según explicó, nueve de cada diez fallecimientos en los recintos penitenciarios están relacionados con enfermedades que pudieron prevenirse o tratarse adecuadamente.
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Callisaya alertó que esta situación se traduce en una “crisis casi humanitaria”, ya que el Estado no está garantizando condiciones mínimas de dignidad, seguridad ni acceso a servicios básicos para las personas privadas de libertad.
De acuerdo con los datos presentados por la Defensoría, la población penitenciaria alcanzó en julio de 2025 a 33.058 personas, lo que representa un hacinamiento promedio del 105% a nivel nacional. Sin embargo, en varios recintos urbanos la situación es mucho más crítica: la cárcel de San Pablo de Quillacollo presenta un 513% de sobrepoblación, Palmasola en Santa Cruz un 205%, y San Sebastián en Cochabamba un 346%.
“El hacinamiento genera un entorno inhumano que impide garantizar condiciones mínimas de vida. Las cárceles se han convertido en focos de enfermedad y violencia”, enfatizó Callisaya. Estas cifras, añadió, evidencian que el problema estructural de la sobrepoblación sigue siendo uno de los mayores desafíos del sistema penitenciario boliviano.
La otra causa fundamental de la elevada mortalidad en las cárceles es la debilidad del sistema de atención médica. El Defensor del Pueblo advirtió que el personal de salud en Régimen Penitenciario resulta absolutamente insuficiente: existen solo 45 médicos para atender a más de 33.000 privados de libertad, además de 16 odontólogos, tres psiquiatras y 22 psicólogos en todo el sistema penitenciario.
Frente a esta crisis, Callisaya presentó una serie de demandas urgentes al Estado. Entre ellas, el incremento inmediato del personal médico en los recintos, la firma de convenios con el Sistema Único de Salud, universidades y otras instituciones para garantizar atención médica, y la implementación obligatoria de exámenes médicos dentro de las 48 horas posteriores al ingreso de los privados de libertad.
El Defensor subrayó que las condiciones actuales no solo violan la Constitución, sino también los compromisos internacionales asumidos por Bolivia en materia de derechos humanos. “La muerte bajo custodia del Estado por falta de atención médica o por hacinamiento constituye una responsabilidad directa del Estado y un incumplimiento de sus obligaciones internacionales”, declaró.
Callisaya concluyó señalando que el incremento ostensible de muertes por enfermedad y violencia en las cárceles es una señal de alarma que no puede ser ignorada. Remarcó que las personas privadas de libertad conservan sus derechos fundamentales, y el Estado tiene el deber de proteger su vida y su integridad.
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