De los Bs 4.531 millones asignados para 2025, Emapa apenas ejecutó un 37,5%, priorizando importaciones sobre apoyo a productores locales. Con plantas paralizadas y programas casi inactivos, exgerentes de la estatal enfrenta denuncias por malos manejos
Por Ernesto Estremadoiro Flores
Fuente: El Deber
El manejo de las empresas estatales vuelve a quedar bajo la lupa. La detención del exgerente de Emapa, Franklin Flores, por cargos de corrupción, expuso las debilidades de transparencia y la opacidad en la administración de una compañía que maneja más recursos que varias gobernaciones del país. El panorama se torna más preocupante si se revisa su ejecución presupuestaria: de acuerdo con documentación oficial a la que accedió EL DEBER, hasta agosto de este año apenas alcanzó el 37,5%.
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La baja ejecución preocupa, más cuando la estatal tuvo un incremento en su presupuesto para 2025. Inicialmente la compañía tenía asignados Bs 3.968 millones, pero esta cifra se elevó a Bs 4.531,7 millones tras modificaciones por más de Bs 563 millones. De este monto, se devengaron Bs 1.698,8 millones y se pagaron Bs 1.554,5 millones, quedando más de Bs 2.800 millones sin ejecutar.
El monto que administra Emapa no solo supera a los recursos manejados por la Gobernación de Santa Cruz (cuyo presupuesto en 2025 fue de Bs 2.164 millones), sino que es similar a la inversión pública asignada a todo el departamento de La Paz (Bs 3.902,07 millones), según el Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Al analizar la ejecución presupuestaria de Emapa, el dato más llamativo es la distribución de los fondos: los rubros de importación y comercialización de alimentos presentan un gasto acelerado, mientras que los programas de apoyo productivo y las plantas agroindustriales registran una ejecución casi nula.
Destino de gastos
Los datos muestran la creación o ampliación de partidas vinculadas a la compra de alimentos importados, como harina que inicialmente no tenía presupuesto, pero recibió Bs 451,3 millones adicionales y hasta agosto ya ejecutó el 98,5% (Bs 444,2 millones). En otras palabras, prácticamente todo el dinero aprobado se gastó en importar y comercializar este producto.
Algo similar ocurrió con el rubro azúcar, que tampoco tenía presupuesto asignado en enero, pero recibió Bs 13,8 millones a lo largo del año. La ejecución en este caso alcanza un 93%, es decir, los recursos destinados ya se tradujeron casi completamente en compras y pagos.
En conjunto, estas dos partidas absorbieron más de Bs 457 millones, es decir, casi un tercio de todo el gasto de la estatal en los primeros ocho meses del año.
Los datos también revelan un estancamiento en la aplicación de fondos. Por ejemplo, el programa de apoyo a la soya, con Bs 83,2 millones presupuestados, solo ha ejecutado un insignificante 0,55%; la asistencia para el sector carne, que cuenta con Bs 86,3 millones, está peor con apenas un 0,15% de ejecución.
La situación es similar en cultivos específicos, ya que el apoyo a la papa en Chuquisaca, con Bs 889.750, muestra un 0,44% de ejecución, y el programa de la Quinua, con Bs 1,36 millones, solo ha utilizado el 0,79%.
Los fondos para el apoyo directo a la producción de arroz, maíz y trigo suman en conjunto más de Bs 56 millones, pero la ejecución de este paquete no superar el 7%. Este bajo nivel de ejecución pone en duda la capacidad de gestión y la prioridad real que se le está dando al impulso de la producción de alimentos en el país.
Asimismo, varias plantas industriales de Emapa registran ejecución nula o mínima, pese a contar con recursos asignados y una alta cobertura mediática por parte del propio Estado
Un claro ejemplo son: la planta de papa Incahuasi en Chuquisaca (Bs 8 millones) y la planta de hortalizas en Santa Cruz (Bs 6,7 millones) no ejecutaron un solo boliviano.
Lo mismo ocurre con la planta de granos en Pailón (Bs 11,9 millones) y proyectos piscícolas en el Lago Titicaca y la Amazonía, con presupuestos de más de Bs 15 millones y ejecución cero.
Gastos administrativos
Si los programas productivos no caminan, los recursos para áreas administrativas y de propaganda sí parecen avanzar.
La partida de Comunicación se disparó de Bs 2,6 millones a Bs 13,1 millones (un incremento de más del 400%), aunque apenas se ejecutó el 10%. En tanto, la Administración central y la Gerencia financiera suman más de Bs 200 millones en ejecución parcial.
En paralelo, la partida de Servicio de la deuda pasó de Bs 74 millones a Bs 107 millones (+45%), con una ejecución del 53,5%. Es decir, los pagos financieros y los gastos burocráticos continúan absorbiendo recursos, mientras las metas productivas siguen postergadas.
Origen de Emapa
Cuando Emapa fue creada, en 2007, el objetivo era regular los precios internos y proteger al productor nacional. Se buscaba evitar la especulación en el mercado interno y asegurar un canal de comercialización confiable para el agro boliviano.
La ejecución presupuestaria en 2025 muestra una realidad distinta a su misión original: la estatal se ha transformado en un operador de importación y comercialización de alimentos, dejando en un segundo plano la producción nacional. Expertos lo califican como una “distorsión estructural” porque Emapa utiliza la mayoría de sus recursos para traer productos del exterior y revenderlos con el fin de sostener la subvención del pan.
Pero incluso ha tenido problemas para garantizar este subsidio. Los panificadores de varios departamentos (incluidos La Paz, El Alto, Oruro y Cochabamba) denunciaron retrasos en la entrega de la harina.
En julio de 2025, la Confederación de Panificadores denunció una deuda de 204.000 bolsas de harina. En tanto, que panaderos de La Paz, reclaman una deuda 80.000 quintales de harina correspondientes a agosto.
Análisis
Para el economista e investigador Julio Linares, este dato no es un indicador aislado, sino el reflejo de un problema estructural. “Una ejecución normal debería bordear el 60% en agosto. Pero en el caso de Emapa, lo preocupante no es solo lo que gasta, sino en qué lo gasta. Sus inversiones no son buenas para el país”, advirtió.
Linares explicó que la estatal maneja al menos una docena de plantas de procesamiento de alimentos, pero ninguna opera de forma transparente. “Nadie sabe cómo funcionan, cuánto han gastado en ellas y qué ingresos generan. Como no pueden sostenerse, cada año terminan chupando recursos del Tesoro General de la Nación (TGN). Es una empresa pública que vive totalmente subsidiada”, señaló.
Además, cuestionó los procesos de importación de harina que realiza la estatal. “Nadie sabe cómo se hacen las compras, si son licitaciones o contratos directos, ni a quién se compra”, sostuvo.
La magnitud de los recursos en juego es otra de las alertas. Según Linares, Emapa pasó de manejar un presupuesto de Bs 3.000 millones a Bs 4.000 millones en los últimos años. “Imagina una empresa que dispone de ese dinero, pero que no genera ingresos propios y que cada año depende del TGN. Eso no es sostenible”, dijo.
Consultado sobre el futuro de la empresa, Linares fue tajante: “El nuevo gobierno debe revisar, cuenta por cuenta, cada una de las plantas de Emapa. Si no son autosostenibles, hay que buscar responsables y cerrar lo que no funciona”.
Para el investigador, esta tarea debe estar en manos de la comisión de transición. “Se van a encontrar monstruos terribles. Hay plantas que ya no operan, pero sus empleados siguen cobrando sueldos. Eso no se puede sostener”, concluyó.
Productores cuestionan
Las observaciones a Emapa no llegan solo de especialistas, sino también de los propios productores. Paulino Sánchez, agricultor de Cuatro Cañadas, sostuvo que la estatal se convirtió en una red burocrática que alimenta intermediarios, manipula cupos y margina a quienes cultivan la tierra
El hombre del campo asegura asegura que la corrupción “no empezó ahora, sino desde Evo Morales”, y que el esquema se mantiene intacto bajo el actual gobierno.
“Los pequeños productores, casi el 20%, no logran vender a Emapa. Los cupos se reparten entre intermediarios, transportistas y hasta menonitas que no siembran nada”, denunció.
Sánchez explica que los problemas comenzaron cuando la empresa estatal empezó a operar los silos de la zona. “El propósito era que todos los pequeños productores pudiéramos vender. Pero no fue así. Los intermediarios entraban con cupos falsos, y los productores quedábamos fuera”, relató.
Según su testimonio, en más de una ocasión se simulaban entregas de maíz que nunca existieron. “Había camiones que no descargaban, solo cambiaban placas en el sistema informático. Era puro tráfico virtual, sin movimiento real de grano”, aseguró.
Sánchez asegura que bajo la gestión de Franklin Flores —exgerente de Emapa detenido por presunta corrupción— la situación no mejoró. “Los cupos seguían siendo para desconocidos. Había menonitas con 8.000 quintales registrados como si fueran pequeños productores”, relató.
Para Jorge Méndez, presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores (Adepor), los problemas de la estatal son consecuencia de un modelo que terminó ahogando la producción.
“Hace mucho tiempo venimos diciendo que Emapa nunca fue una solución a los problemas de los pecuarios”, afirma Méndez. “Bolivia necesita 1,2 millones de toneladas de maíz al año, y Emapa, en su mejor momento, apenas lograba comprar 250.000. En ocasiones, incluso adquiría maíz de contrabando, mientras el Gobierno se negaba a autorizar la producción de transgénicos en Santa Cruz”, añadió.
Aunque Méndez evita pronunciarse sobre la detención del exgerente de Emapa, considera que el problema es estructural. “Esa es una tarea de la justicia. Nosotros no nos metemos, pero lo cierto es que el sistema que creó Emapa no funcionó. Cuando una empresa estatal compra caro y vende barato, termina quebrada y con el mercado desordenado”, dijo.
El representante de los porcicultores recordó que, incluso en Santa Cruz, la estatal apenas cubría una fracción mínima de la demanda del sector. “A nosotros, los productores de cerdo, el maíz que nos daba Emapa no alcanzaba ni para el 10 o 15% de nuestras necesidades”, subrayó.
Respuesta estatal
Desde el Gobierno defienden el rol de las empresas estatales y sobre el caso de Emapa aseguran que la investigación surge a raíz de una denuncia del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción que detectó que los ingresos económicos de Flores no guardan relación con el patrimonio declarado ante la Contraloría General del Estado.
El presidente Luis Arce Catacora también salió a defender el modelo del MAS cuestionando las observaciones realizadas por opositores y otros sectores.
En un acto público afirmó que, en realidad, esa “gastadera” (inversión en empresas estatales) es la inversión pública que necesita el pueblo boliviano.
“La derecha, hermanos y hermanas, se refiere a estas obras como la gastadera, la robadera. Esta gastadera, esta robadera es lo que necesita el pueblo, porque esas carreteras, esas viviendas, esos puentes, esas unidades educativas, esos hospitales son los que necesita el pueblo boliviano”, expresó la autoridad.
Mientras el Gobierno defiende su modelo como “la inversión que el pueblo necesita”, los números de Emapa cuentan otra historia: millones sin ejecutar, plantas paralizadas, un sistema que terminó alimentando la ineficiencia que decía combatir y exfuncionarios acusados por corrupción.
Fuente: El Deber