En octubre de 2024, un nutrido grupo de seguidores del expresidente Evo Morales se abalanzó contra el Aeropuerto Internacional de Chimoré. Derribaron las cercas, dañaron equipos, y dinamitaron y colocaron obstáculos en la pista, bajo el argumento de proteger a su “comandante”, tras que este denunciara un atentado contra su vida. El resultado es que, casi un año después, la terminal sigue cerrada y no hay visos de cuándo pueda rehabilitarse, lo que genera pérdidas importantes y perjuicios a productores.
Hay al menos dos razones de por qué la instalación no reanuda operaciones. La primera, y más obvia, es que sufrió daños en las dos tomas protagonizadas por los seguidores “evistas” -la segunda ocurrió en junio de este año-, incluyendo la pérdida de costosos equipos de iluminación y daños a la pista.
La segunda causa es la que más incide en el problema: “no hay las condiciones para que enviemos personal a que reanude el trabajo”. La directora de la regional Cochabamba de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Arminda Choque Paca, explicó a Visión 360 que la tensión aún existe en el Trópico de Cochabamba, con vigilias apostadas cerca de la estación.
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“Aún no hay seguridad para el personal. La gente del lugar es aún susceptible y solo podemos enviar a algunos cuantos, encargados de hacer el mantenimiento de los equipos electrónicos. Y para poder rehabilitar el aeropuerto necesitamos de mucho personal, tanto para evaluar el estado real de las instalaciones, como para iniciar los trabajos de refacción”, informó.
El Trópico de Cochabamba es el bastión de Evo Morales. Allí se refugió el exmandatario en octubre del año pasado, cuando la justicia nacional emitió una orden de aprehensión en su contra. Es por eso que sus seguidores sospechan de la presencia de funcionarios del gobierno de Luis Arce.
25.000 operaciones se realizaron en la terminal aeroportuaria desde que comenzó a funcionar en octubre de 2015, según los datos provistos por Naabol Cochabamba.
Esa región fue, además, la primera en quedar aislada cuando los “evistas” realizaron los bloqueos, el primero para evitar la captura del dirigente y el segundo, este año, para obligar a que sea habilitado para participar en las elecciones.
Estos conflictos generan otra dificultad: actualmente se lleva adelante un proceso penal. Presentado el año pasado por el director nacional de Naabol, Elmer Pozo, se encuentra en etapa de investigación. Eso, aseguró Choque, hace que se mantenga la orden de cese de operaciones en la terminal.
Según Pozo, resultado de esa incursión ilegal, las operaciones en el aeropuerto están suspendidas, y advirtió que la certificación internacional de seguridad aérea ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) puede tener un impacto negativo. “Por este suceso, en nuestro aeropuerto de Chimoré no tenemos ninguna operación”, indicó al presentar la denuncia.
Una vez que pase este periodo judicial, las autoridades deben evaluar el costo de los daños. Choque no se animó a dar ninguna cifra, ya que afirmó: “Tenemos que entrar para averiguar”.
Lo que sí especificó es que entre los principales daños está la destrucción de la cerca, de equipos de iluminación, tanto dentro de la terminal como de la pista, que asegura son muy caras; y daños a la plataforma y pista de aterrizaje. “Los bloqueadores no solo pusieron obstáculos de distinta naturaleza sobre la calzada, sino que también hicieron explotar dinamita en varios puntos de la misma”.
Tras la evaluación, comenzará la refacción. Y una vez concluida, una comisión de autoridades nacionales con la OACI deberá comprobar la idoneidad para su funcionamiento.
Tal es la situación que la directora no se animó a dar un plazo para realizar las acciones necesarias. Y, mientras tanto, se reavivan los debates sobre la utilidad de la terminal, dudas que se repiten desde el anuncio de la construcción.
Pérdidas importantes
En el año que está cerrado se calcula que perdió más de 40 mil bolivianos mensuales. “La cifra es un aproximado porque varía dependiendo del uso que se le da, ya que depende mucho del tamaño de aeronaves que la utilizaron”, expresó Choque.
Según los datos proporcionados por Naabol, desde la apertura del aeródromo, octubre de 2015, hasta el cierre por la toma de los “evistas” el año pasado, desde esa terminal operaron más de 25 mil vuelos. El promedio mensual fue 5.500 en los mejores tiempos y 1.500 en los últimos años.
Según los registros de la administradora, el uso se dividía en 80% de vuelos de fuerzas de seguridad, militares y policiales, mientras que los civiles abarcaban el restante 20%. Entre los primeros se incluyeron todos los viajes de equipos cisterna para luchar contra los incendios.
“Aún no hay seguridad para el personal. La gente del lugar es aún susceptible y solo podemos enviar a algunos cuantos”.
Arminda Choque Paca
El uso civil se enfocó, principalmente, en el vuelo de avionetas para fumigar los campos de producción de fruta en el Trópico de Cochabamba, principalmente de plátanos. “Los productores contratan servicios privados para que sobrevuelen sus propiedades y distribuyan los elementos que necesitan. Es, también, una importante fuente de ingresos para el aeropuerto, ya que se cobra según el tamaño y peso de la aeronave y su contenido”, agregó Choque.
Asimismo, es un centro de capacitación para pilotos, tanto civiles como militares. Allí llegaban alumnos de diferentes regiones para aprender a pilotar aeronaves de distintos tipos.
Eso sí, Choque reconoció que uno de los principales argumentos a favor de la construcción de esa terminal aérea, el turismo, no generó el movimiento esperado. “Aún falta trabajar en ese aspecto”, agregó.
Sin embargo, la directora no habló del efecto que tuvo el cierre de la terminal en 2020, durante el gobierno de transición de Jeanine Añez. Ni tampoco habló de las denuncias de 36 vuelos irregulares realizados en un solo día, tras su reapertura en 2021.
En ese sentido, el uso de las instalaciones fue cuestionado casi desde su inauguración, cuando todavía era administrado por la extinta Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), suprimida en 2021 por problemas con los trabajadores y déficit. Según registros de prensa, para 2017 solo recibía tres vuelos por semana.
Esa fue una de las razones que motivó su cierre en 2020. Una de tantas esgrimidas contra el proyecto.
«Evistas» colocan obstáculos en la pista de aterrizaje. FOTO: Captura de video
Historia polémica
En 2011, el consorcio constructor Chimoré -formado por las empresas Incico Limitada, Sergut SRL, y Petrosur- se adjudicó el contrato para levantar el aeropuerto. La inversión fue de 36 millones de dólares.
La decisión fue cuestionada por la oposición al entonces presidente Evo Morales. Entre las críticas estaba que era una estructura demasiado grande para un municipio con una población de solo 27.521 habitantes.
Y se mencionó el narcotráfico, con opositores que denunciaban que serviría, supuestamente, para sacar cocaína del Trópico de Cochabamba. Sin embargo, el mandatario aseguró que el objetivo era impulsar el turismo en la región y ayudar a los productores de fruta y otros alimentos a sacar su mercadería a mercados del exterior, entre otros beneficios.
40.000 bolivianos en promedio se pierden de forma mensual desde el cierre de las instalaciones en octubre del año pasado.
La terminal no comenzó de cero. Choque Paca informó que la pista ya existía, antes de iniciar la licitación del proyecto, ya que era utilizada por las fuerzas de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) y la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). “Ya existían instalaciones básicas que servían para vuelos militares y policiales. Lo que se hizo fue trabajar para crear un espacio adecuado para los vuelos civiles”, expresó.
Antes de comenzar los trabajos, la pista tenía una longitud de 1.458 metros, se la amplió hasta cuatro mil metros lineales, igual de larga que la del aeropuerto de El Alto, y unos 400 más que la de Viru Viru, por 60 de ancho. Esto le da capacidad para recibir aeronaves como el Boeing 874 (de 76,3 metros de largo) y el C10 (55,5 metros), entre los aviones comerciales más grandes del mundo.
Las instalaciones son igual de amplias. Incluyen una calle de rodaje más plataforma de 24 mil metros cuadrados, diseñada para el parqueo simultáneo de cuatro aeronaves; una torre de control de 25 metros de alto, junto a un edificio terminal de pasajeros. También hay un edificio de carga, área de salvamento, central eléctrica, edificio para los servicios técnicos del aeropuerto y para el servicio contra incendios.
Complicaciones legales alrededor de la terminal
Maqueta digital de la pista de despegue y aterrizaje de cuatro kilómetros. FOTO: Ministerio de Obras Públicas
El 28 de octubre de 2024, el director nacional de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), Elmer Pozo, presentó una denuncia penal por la toma del aeropuerto de Chimoré, en el departamento de Cochabamba, luego de que unas 200 personas ingresaran de manera violenta y ocasionaran destrozos el 27 de ese mes.
Un grupo de las personas que siguen al ex líder masista, Evo Morales, entró a la pista del aeropuerto de manera abrupta; lo hizo en protesta por el supuesto intento de magnicidio en contra del expresidente.
Según la denuncia, el resultado de esa incursión ilegal es que las operaciones en el aeropuerto estén suspendidas, y advirtió que la certificación internacional de seguridad aérea ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) puede tener un impacto negativo.
Los afines a Morales hicieron detonar dinamita en la pista, además arrojaron piedras y llevaron madera para destruir el lugar, propósito cumplido.
En junio de este año, volvió a ocurrir una situación similar. En esa ocasión, la directora de la regional Cochabamba de Naabol, Arminda Choque Paca, agregó que entre los daños registrados está la destrucción de las cercas de perímetro y de las luces guía de la pista.
No son los únicos conflictos legales relacionados con la terminal. De hecho, comenzaron al tiempo de su inauguración, ya que, según el proyecto, debía entregarse en septiembre de 2015, pero se retrasó a octubre; cuando la nueva fecha pasó, el 5 de octubre, el Gobierno advirtió que cobraría una multa de 50 mil dólares por cada día de retraso, que al final fueron 12.
Evistas toman la terminal. FOTO: Captura de video
Posteriormente, se reportó que la constructora, el consorcio Chimoré, dejó deudas millonarias en el Trópico cochabambino tras el trabajo. La sociedad subcontrató servicios y material, y dejó la localidad sin efectuar los pagos.
En 2017 se acusó a las empresas que formaban el consorcio de estafa, por una cifra de 1.494.918 bolivianos. Entre los afectados está Casso Metales y Concreto, La Naranja Catering y Aguas de Mesa Tropical, entre otros contratistas.