Desde abril de 2024, la gerente de contrataciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Cinthia P. R., autorizó la adjudicación de cinco convenios con la subsidiaria Botrading S.A. para el suministro de combustible a la estatal petrolera.
Fuente: ANF
La ANF accedió a la declaración informativa que hizo la funcionaria de la empresa estatal ante el fiscal que investiga el mencionado caso, en la que aseguró que actuó con base al procedimiento establecido y bajo las funciones como responsables de la unidad de contrataciones directas.
“Desde abril de la gestión 2024, participé en cinco procesos de contratación vinculados a Botrading, tres bajo la modalidad sin convocatoria y dos con convocatoria. En todos estos casos me limité a suscribir las autorizaciones de inicio de proceso y las adjudicaciones, emitiendo una nota expresa en ambos casos, recomendando la autorización de inicio y la adjudicación, respaldado en los informes requeridos en las distintas modalidades tal como establece el decreto y el reglamento vigente…”, señaló la sindicada en su declaración informativa.
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La sindicada fue aprehendida el lunes luego que se presentó a declarar de manera voluntaria, la Fiscalía presentó una imputación por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Sin embargo, en la audiencia cautelar la juez determinó su detención domiciliaria.
Parte de la declaración de la gerente de Contrataciones de YPFB. Foto: ANF
Asimismo, la funcionaria argumentó que los procesos de adjudicación fueron respaldados con informes de la unidad solicitante y la unidad de selección, los que establecieron que la empresa cumplía con todos los requisitos exigidos por la norma vigente, además presentó una mejor propuesta que el resto de los proveedores.
“Mi gerencia no realiza contratos por decisión propia, sino en cumplimiento de las obligaciones y las necesidades que requieren las distintas unidades de YPFB, siendo otras autoridades las que finalmente suscriben los contratos. Mi gerencia no interviene en la selección del proveedor en ninguna de las modalidades ni tampoco tengo atribuciones para decidir si se firma o no un contrato”, manifestó.
Al respecto, el abogado Curmi Rocha, representante del denunciante del caso, indicó que en los contratos autorizados por la imputada se detectaron irregularidades. Por ejemplo, uno de los proveedores presentó un precio bajo en la venta de combustible, pero se adjudicó a Botrading que ofreció un costo más alto.
“También hay otro contrato que se le adjudica es el convenio GLC – 336/2023 en el que Botrading se presenta fuera de plazo, pero no se tomó en cuenta ese elemento y se adjudicó el contrato. Se conoce que esta señora favoreció a la empresa subsidiaria”, puntualizó.
Argumentos
El fiscal del caso argumentó que la gerente presionó a funcionarios de menor rango de la Unidad de Contrataciones para direccionar el proceso y, de esa forma, beneficiar a la subsidiaria. Además, indicó que la empresa no ofrecía las mismas ventajas que otros proveedores que ofertaban un precio más bajo por el mismo servicio.
“Consintió que se suscribieran contratos con Botrading S.A pese a que, por su composición accionaria, esta empresa no podía hacer contratos de forma directa con el Estado Boliviano (conforme las previsiones de Art. 43 Inc. h del D.S 0181) que establece que, dentro de las prohibiciones para participar en procesos de contratación, se encuentran ‘los servidores públicos que ejercen funciones en la entidad convocante, así como las empresas controladas por éstos’”, señala otro de los fundamentos.
Se alegó que la denunciada no puede deslindar responsabilidades de los tratados que autorizó, ya que al estar al frente de la gerencia de contrataciones tenía conocimiento pleno de los procesos, al igual que la coprocesada Gabriela Delgadillo que ocupa el cargo de gerente de Productos Industrializados y Derivados.
Tenía acceso a la documentación y a las propuestas presentadas por las empresas participantes en cada proceso de contratación, por lo que tenía conocimiento sobre la composición accionaria de Botrading y que operaba con recursos públicos del Estado boliviano. Sin embargo, no fue óbice para adjudicar contratos firma cuestionada de forma individual o compartida con otras empresas proponentes.
Fundamentos de la fiscalía. Foto: ANF
Observaciones
Por otra parte, Rocha cuestionó que pese a esos argumentos que empleó la Fiscalía en la imputación, solicitó la detención domiciliaria y no una medida más gravosa. Incluso se reconoció la existencia de riesgos procesales, como la posibilidad de fuga y obstaculización permitiendo a la imputada mantener las salidas laborales.
“Pese a que se ratifica el fiscal sobre estos elementos en la imputación solicita que se le dé una detención domiciliaria con salidas laborales, una fianza económica de 50.000 bolivianos. Entonces, si el fiscal manifiesta que hay riesgos procesales, nos sorprende que haya pedido medidas alternas, vemos que hay un favorecimiento a los implicados que ocupan altos cargos en YPFB”, manifestó.
Asimismo, indicó que el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría General del Estado se adhirieron al proceso en calidad de víctimas, pero ambas instituciones estatales tampoco apelaron a la solitud del Ministerio Público.
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