En Bolivia se ha dado un golpe judicial desde el momento en que las elecciones judiciales no se realizaron el año 2023, como la Constitución Política del Estado dispone para elegir a26 magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Prácticamente, pasaron dos años y –mediante voto ciudadano- sólo se eligieron (parcialmente) a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y siete magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de un total de nueve respectivamente (uno por departamento), 18 en total.

Para el cumplimiento de este golpe judicial, se dispuso una sentencia constitucional plurinacional más el apoyo del gobierno de Luis Arce.

El 11 de diciembre de 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emite la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, en cuya parte resolutiva declara cuatro puntos. Los tres primeros en alusión directa a partes constitucionales e inconstitucionales del Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024 de 31 de agosto de 2023; empero el punto cuarto señala lo siguiente: “4° Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional Plurinacional”.

De esa manera se viola los artículos constitucionales 182 “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal”; 183 “I. Las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años. II.

Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato”; 187  “Para ser elegida Magistrada o elegido Magistrado del Tribunal Agroambiental serán necesarios los mismos requisitos que los miembros del Tribunal Supremo de Justicia”; 188 “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Agroambiental serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal”; 194 “I. Los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante sufragio universal.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

III. Los miembros del consejo de la Magistratura de Justicia durarán en sus funciones seis años, y no podrán ser reelegidas ni reelegidos”; 198 “Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional se elegirán mediante sufragio universal”; 200 “El tiempo de ejercicio, la permanencia y la cesación en el cargo establecidos para las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional”.

El resultado determinó la autoprórroga de cinco magistrados del TCP y dos prorrogados del TSJ, siete en total, todos ellos ilegales, personas particulares que usurpan cargos que no les corresponden y sobre los cuales deberán ejercerse las acciones penales correspondientes.

Cuatro aspectos llaman la atención:

1. Los pronunciamientos y acciones del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo Gómez, que ignora la presencia de los magistrados prorrogados, Ricardo Torres Echalar por el departamento de Pando y Carlos Alberto Egüez Añez por el departamento de Beni dentro de la institución que preside.
2. El silencio cómplice de los vocales del Tribunal Supremo Electoral que no gestionan la convocatoria a elecciones judiciales para renovar la totalidad de magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, permitiendo que sólo 19 magistrados gocen de plena legalidad y fuero constitucional. En hecho atípico y violatorio de la democracia.
3. El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, remitió la denuncia del presidente del TSJ, Rómer Saucedo, sobre los magistrados autoprorrogados a la Asamblea Legislativa Plurinacional, conforme a la Ley 044, de Juicio de Responsabilidades, con el argumento de que desde esa instancia se debe considerar el proceder para con los denunciados. Es decir, a los delincuentes usurpadores de cargos ajenos, ¿el Fiscal General los considera magistrados?
4. La actitud del candidato presidencial Tuto Quiroga que anuncia la solución del problema mediante la anulación del voto ciudadano para elegir magistrados, posibilitando, de llegar a ser presidente, la prolongación de los autoprorrogados y prorrogados hasta cambiar la CPE, a sabiendas de que el derecho al voto no puede ser objeto de reforma parcial de la Constitución, sino de reforma total vía Asamblea Constituyente.

Llaman la atención, los actos delictivos, las ambigüedades y contracciones de los actores particulares, políticos e institucionales que he puesto sobre el tapete de la crítica nuevamente.

Carlos Hugo Laruta es sociólogo.