El lunes 6 de octubre, un abogado de la Aduana Nacional, designado durante la gestión de Evo Morales, fue desvinculado de la regional de Yacuiba en horas de la mañana. Ese mismo día, por la tarde, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), acusándolo de presunto contrabando de diésel hacia la Argentina.
La denuncia fue presentada con membretes, papeles y sellos oficiales de la Aduana Nacional, pese a que el abogado ya había sido separado del cargo, lo que —según la institución— configura usurpación de funciones. La presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, informó que la acusación carece de fundamento legal, debido a que las exportaciones señaladas no requieren autorización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), como afirma el denunciante. Explicó que, de acuerdo con el Decreto Supremo N.º 28174, las exportaciones de gas natural a países vecinos están amparadas por norma vigente, por lo que no se configura el delito de contrabando.
Serrudo indicó además que el exfuncionario tergiversó información técnica y utilizó documentación institucional sin respaldo legal, por lo que la Aduana anunciará acciones judiciales en su contra. Esta temeraria acusación derivó incluso en una orden de aprehensión contra el presidente de YPFB, situación que la entidad calificó como producto de una denuncia infundada.
El hecho ocurre en medio de una crisis de abastecimiento de combustibles y una coyuntura política marcada por los intentos del evismo de interferir en el proceso electoral y extender los mandatos de las autoridades electas en instancias donde aún conserva bancada. En las últimas semanas, parlamentarios afines a Evo Morales intentaron cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y prorrogar los mandatos de la Asamblea Legislativa y del Órgano Ejecutivo, lo que habría implicado suspender el proceso electoral en curso.
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En ese contexto, resulta llamativo que la denuncia haya sido presentada inmediatamente después de la desvinculación del funcionario y dirigida precisamente contra una empresa estratégica del Estado, encabezada por un ejecutivo que debe gestionar la regularización del suministro de combustible, justamente en un momento de escasez. Todo indica que el objetivo sería prolongar la crisis y provocar una convulsión social que debilite aún más al presidente Luis Arce, con la finalidad de forzar su salida y allanar el camino para un eventual ascenso de Andrónico Rodríguez, quien parece haber retornado a las filas evistas.
Desde esa perspectiva, este episodio se inscribe en una secuencia de maniobras políticas orientadas a generar inestabilidad, prolongar la crisis energética y crear las condiciones para que Evo Morales retome el control del escenario político, ya sea mediante la anulación de la segunda vuelta electoral o la convocatoria a un nuevo proceso bajo control del evismo.
Por el momento, la Aduana Nacional ha ratificado la legalidad de las exportaciones de YPFB y considera que el Ministerio Público debería archivar la denuncia de manera inmediata, mientras las autoridades judiciales determinan la responsabilidad penal de quienes actuaron en nombre de la institución sin ejercer ya funciones públicas.
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