La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, dijo este viernes que la orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, carece de sustento técnico y pidió que las investigaciones avancen sin generar “shows políticos” ni incertidumbre en medio de la crisis de combustibles.
Fuente: El Deber
La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, instó a que la investigación contra el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, se conduzca “con agilidad, transparencia y verdad” luego de advertir que el proceso no debe prestarse a interpretaciones políticas en un momento que calificó de “delicado para la democracia y la economía del país”.
Prada recordó que la denuncia de presunto contrabando agravado de exportación, presentada en Tarija y que derivó en una orden de aprehensión contra Dorgathen, no tendría fundamento jurídico, ya que se trata de una exportación legal de gas natural hacia Argentina y Brasil, amparada por un Decreto Supremo vigente y por los contratos internacionales suscritos por el Estado boliviano.
“Exportamos gas a la Argentina y a Brasil. Esas exportaciones generan ingresos que ingresan al país y son precisamente los recursos con los que se compran diésel y gasolina. Por eso, esperamos que las investigaciones sean rápidas y transparentes para que no se generen malas interpretaciones o shows políticos”, señaló la ministra.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La autoridad hizo un llamado a “dar certidumbre a la población”, señalando que la prioridad nacional en este momento debe ser la estabilidad democrática y la garantía del abastecimiento energético.
La denuncia
La Fiscalía Departamental de Tarija confirmó que la denuncia fue admitida el 6 de octubre por presunto contrabando agravado, en relación con una operación de exportación de gas natural realizada el 13 de junio de 2025. El fiscal general Róger Mariaca informó desde Sucre que la orden de aprehensión sigue vigente y que la Policía está habilitada para ejecutar allanamientos y citaciones en todo el país.
Sin embargo, tanto la Aduana Nacional como YPFB negaron haber presentado esa denuncia. La presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, aclaró que los firmantes son dos exfuncionarios destituidos el mismo día de la denuncia, quienes usaron sellos y documentación oficial sin autorización, incurriendo —según dijo— en el delito de usurpación de funciones.
“No existe ningún poder legal otorgado a esas personas. Utilizaron documentación oficial cuando ya no eran funcionarios públicos”, afirmó Serrudo.
Por su parte, el gerente de Contratos de Exportación de Gas Natural de YPFB, Óscar Claros, explicó que la operación cuestionada se realizó dentro del marco legal, bajo supervisión de la Aduana y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y que YPFB facturó 14,4 millones de dólares, depositados en el Banco Central de Bolivia, lo que descarta cualquier irregularidad.
Desde la ANH, el director Joel Callaú confirmó que, de acuerdo con el Decreto Supremo 28.174 de 2005, YPFB no necesita autorización adicional para exportar gas cuando los contratos internacionales están vigentes, como en este caso.
Llamado a la calma
En ese contexto, la ministra Prada pidió evitar que el proceso judicial agrave la incertidumbre por la falta de diésel suficiente. “Es momento de cuidar la democracia y evitar interferencias. Que se investigue, sí, pero con objetividad y sin usar la justicia con fines políticos”, expresó.
Mientras tanto, el presidente de YPFB permanece en el país. Las autoridades de Gobierno confían en que el caso será aclarado “en cuestión de días” y que se demostrará que la exportación fue completamente legal.