Comisión del Legislativo aprueba tercer indulto del Gobierno tras protestas de los privados de libertad


El 22 de septiembre, el jefe de Estado promulgó el decreto presidencial 5460 que tiene como objetivo conceder indulto a personas privadas de libertad con penas no mayores a 10 años, que cumplan con los requisitos establecidos. Para que la norma se aplique debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

Protestas en recintos carcelarios de Bolivia. Foto: Informe Exclusivo.

Fuente: ANF

Durante el gobierno de Luis Arce se tramitaron tres decretos de Indulto y Amnistía, el último fue aprobado el miércoles por la comisión mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, el que fue remitido al pleno de esa instancia para que sea sancionado. La medida fue ejecutada luego de las protestas de los privados de libertad y las observaciones de la Defensoría del Pueblo.



La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Lily Fernández, en declaraciones a la ANF, cuestionó que el Gobierno haya remitido ese documento a pocas semanas de concluir su mandato, además de una protesta de los privados de libertad que reclamaron porque no se aplicó el mismo tratamiento con los casos de exautoridades y exdirigentes cívicos.

“Este documento fue enviado por parte del ejecutivo casi a fin de año, llama la atención que se haya remitido en estas fechas y más cuando hubo protestas de los privados de libertad, tienen razón al momento de cuestionar a la justicia porque no actúan conforme al debido proceso. Vemos casos donde ciudadanos continúan con detención preventiva por muchos años”, afirmó.

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El 22 de septiembre, el jefe de Estado promulgó el decreto presidencial 5460 que tiene como objetivo conceder indulto a personas privadas de libertad con penas no mayores a 10 años, que cumplan con los requisitos establecidos. Para que la norma se aplique debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

Ante las críticas por la revisión de los plazos en los casos de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, los privados de libertad en cárceles del país se declararon en emergencia y protestaron en demanda de un trato igualitario de parte del sistema judicial, pidieron que se apliquen las mismas medidas en sus casos.

Tras las protestas, el 25 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, instruyó organizar jornadas de verificación de plazos del cumplimiento de la detención preventiva en todo el país.

El 30 de septiembre, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó un informe en el que se identifica que el 60% de los 33.058 reclusos tienen detención preventiva. También verificó que los recintos carcelarios tienen un alto índice de hacinamiento.

La legisladora indicó que la norma ya fue remitida al pleno de la Asamblea Legislativa, se prevé que el vicepresidente David Choquehuanca convoque a sesión la próxima semana para su tratamiento y posterior sanción.

Otros decretos

En noviembre de 2021, durante el primer año de la gestión de Luis Arce, se promulgó el decreto presidencial 4571 de indulto y amnistía que fue cuestionado por los opositores ya que iba a beneficiar a los integrantes del Movimiento al Socialismo (MAS), que fueron procesados en el gobierno de Jeanine Añez.

El segundo decreto presidencial 5137 fue aprobado en la sesión del 6 de junio de 2024, presidida por Andrónico Rodríguez en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, en reemplazo de David Choquehuanca. Esa sesión fue anulada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); aunque después decidió reconocer, nueve meses después fue promulgada la norma por el presidente Luis Arce.

Beneficiados

La diputada Fernández indicó que las personas que tengan una condena menor a 10 años, que no hayan cumplido con la totalidad de la sentencia, pueden acogerse a ese beneficio. Asimismo, se aplica a los sentenciados a 12 años y que hayan cumplido un tercio de la misma.

Entre tanto, aquellos que fueron sentenciados por delitos graves como genocidio, terrorismo, asesinato, feminicidio, trata de personas, tráfico de armas, delitos financieros, corrupción no podrán acceder al indulto. El decreto no alcanzará a reincidentes ni a quienes hayan sido beneficiados con amnistía o indulto en los últimos cinco años.