Fuente: eldeber.com.bo
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Desde la sentencia 0049-2023 hasta el pedido público de la Fiscalía, Bolivia enfrenta una encrucijada institucional: ¿qué sucede cuando magistrados de un órgano constitucional deciden prorrogar su mandato sin respaldo electoral ni acuerdo parlamentario? Henry Montero lo tiene claro: esos cinco magistrados del TCP ya no actúan bajo un mandato legítimo.
¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía plantee que sea la ALP quien decida qué hacer con los autoprorrogados?
La implicación es que ya no pueden seguir actuando con base en una prórroga ilegítima. El problema se centra en la sentencia constitucional 0049-2023, que excede las competencias del TCP al autointerpretar la Constitución hasta el punto de autoconcederse una prórroga de mandato. Es como si el TCP se convirtiera en órgano constituyente secundario: decide llenar un supuesto vacío judicial suprimiendo los canales previstos.
Esta prórroga desencadenó una cascada de efectos: leyes declaradas inconstitucionales, decisiones sobre elecciones judiciales manipuladas, y la fragmentación del mandato constitucional del órgano judicial. El Ejecutivo, especialmente el presidente Arce, parece haber buscado gobernar con un Tribunal Constitucional sometido, no con la ALP.
En ese sentido, ¿cree que hay una injerencia clara de un poder sobre otro?
Totalmente. No existe independencia real entre los órganos del Estado cuando el TCP actúa como brazo político. El órgano judicial tiene varios componentes: el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. El TCP no es parte del aparato judicial sino un garante constitucional; sin embargo, quienes hoy lo dirigen lo usan como árbitro político para suspender facultades legislativas, para invalidar control parlamentario sobre los ministros de Arce, para definir la política electoral a su conveniencia.
Que cinco magistrados autoprorrogados dominen la sala plena, que uno de ellos presida el TCP aunque su mandato haya caducado, es una prueba de esa captura institucional al servicio del Ejecutivo.
¿Qué postura asume Creemos sobre la legitimidad de estos magistrados?
Creemos sostiene que esos magistrados fenecieron en su mandato. Ya no tienen autoridad legítima. Además, recordemos cómo el TCP se arrogó competencias que constitucionalmente corresponden a la ALP: la interpelación de ministros, el control electoral, la definición del cronograma y ámbito de elecciones judiciales. Estas usurpaciones debilitan la Asamblea, someten al pueblo a decisiones no participativas, y erosionan la división de poderes.
Frente al pedido de la Fiscalía, ¿cómo debería responder la ALP?
Creemos va a respaldar que la denuncia se devuelva a la Fiscalía para que ésta haga su trabajo de investigación penal ordinaria, que se impute a los magistrados autoprorrogados, y que se los someta al juicio correspondiente. La ALP debe asumir su responsabilidad institucional y definir legalmente la salida de esos magistrados.
¿Cuáles cree que serán las tareas prioritarias de los legisladores que lleguen con el cambio de gobierno?
Yo veo una futura Asamblea Legislativa muy débil en lo orgánico, porque cada alianza política en carrera a la Presidencia no tiene una estructura orgánica de mandato. Son agrupaciones departamentales que se han unido, pero esas agrupaciones no responden a una línea política.
Hemos visto que ya hay desbande de los que han llegado a la ALP. Y el primer día será cla-ve, porque se van a elegir jefes de bancada y quienes ocuparán las directivas. Ahí es donde se va a perder algunos diputados, que no van a estar conformes con no ocupar cargos.
Dígame tres normas que usted cree que son imprescindibles para que comience con buen pie la próxima gestión.
La modificación de la ley de hidrocarburos es una de las más importantes. También tiene que haber un cambio del modelo económico del país, y además está el tema de la liberación de las exportaciones, para generar mayor ingreso de divisas.
Hoy la economía nos lleva al sufrimiento del hambre, hoy estamos haciendo cola por gasolina, mañana vamos a hacer cola por alimentos. Y recuerdo que ya tuvimos racionamiento, cuando nos vendían un litro de aceite en los supermercados, no nos vendían dos litros.
Estas normas nos van a llevar a que exista una verdadera reactivación económica. Lo que necesitamos son divisas.