En Bolivia, donde la minería legal prácticamente no existe, la explotación del oro está fuera de control por la inacción de las autoridades y la obsesión irracional por el metal precioso que devora la Amazonía.
El Estado y los candidatos presidenciales miran hacia otro lado. Reportaje especial de Gabriela Orozco, corresponsal de RFI en Bolivia.
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Fuente: RFI
Desde hace décadas, y especialmente en los últimos veinte años, los gobiernos han sellado acuerdos con las llamadas cooperativas mineras del oro, a las que han entregado buena parte de la cuenca amazónica. Estas entidades gozan de beneficios como la exención de impuestos, vulneran las normas laborales y operan con total impunidad.
Una familia enterrada por las explosiones con dinamita
Don Isaac Catacora, floricultor del municipio de Yanacachi, en Los Yungas de La Paz, perdió a sus padres y a otros cinco familiares en marzo de 2010, cuando se derrumbó un cerro sobre la vivienda donde todos dormían.
«El 9 de marzo la caída del cerro pescó a mis padres durmiendo. Da pena recordarlo», dice.
Las explosiones con dinamita utilizadas por los mineros provocaron el derrumbe. «Las explosiones hacen mover los terrenos. [Los cadáveres de] mi papá y mi mamá, Humberto Catacora y Margarita Mamani Catacora, hasta la fecha no aparecen», lamenta.
Isaac y su hija Fanny, también floricultora, responsabilizan de estas muertes a la cooperativa minera La Salvadora Yerbani, que sigue utilizando explosivos que inestabilizan el suelo y provocan derrumbes en la comunidad Tres Marías.
Unos 240.000 cooperativistas auríferos
«Con todos los derrumbes provocados por ellos, estuvimos medio año sin carretera. Tuvimos que transitar a pie para sacar nuestras flores», cuenta Fanny.
El uso de explosivos es una práctica común entre las cooperativas mineras. Estas organizaciones surgieron en los años cincuenta, tras la nacionalización de las minas, y cobraron fuerza en los ochenta, cuando la crisis económica empujó a miles de trabajadores a formar agrupaciones semi-privadas.
Actualmente, según el analista minero Héctor Córdova, existen unos 240.000 cooperativistas auríferos en el país. «Cien mil trabajan de manera ilegal y en condiciones precarias. No reciben salarios efectivos, se les paga en especie, no tienen seguridad social ni protección legal», señala.
Aunque la ley obliga a realizar consultas previas con las comunidades antes de iniciar una explotación minera, en Tres Marías nunca se otorgó esa autorización. «Nosotros como comunidad no hemos querido dar permisos para sus trabajos ilegales, por eso ellos crearon una comunidad ficticia para darse su propia consulta previa», denuncia Fanny Catacora.
Héctor Córdova confirma que esta práctica —inventar comunidades indígenas que avalen los proyectos— es un modus operandi habitual en países donde el control del Estado es débil. «Estos grupos actúan como mafias internacionales y aprovechan la flexibilidad del gobierno para explotar la riqueza nacional», afirma.
El efecto devastador del mercurio en los ríos
El impacto ambiental es devastador. En los ríos y cerros de Los Yungas, la búsqueda del oro se realiza mediante amalgamación con mercurio, un metal altamente tóxico. «El agua que antes era cristalina ahora está completamente negra», dice Don Isaac, mostrando una botella de la vertiente contaminada. «Cuando era chico había truchas; hoy no queda ni siquiera un árbol en la orilla del río».
Estudios recientes revelan que comunidades amazónicas bolivianas presentan niveles de mercurio en la sangre hasta veinte veces superiores a los permitidos. «Este metal daña el sistema neurológico, limita la capacidad de aprendizaje de los niños y puede causar deformidades en los fetos», advierte Córdova.
Aunque Bolivia firmó en 2013 un convenio internacional para reducir el uso del mercurio, no ha cumplido sus compromisos. Peor aún, el contrabando de este metal ha crecido, afectando a países vecinos como Perú y Brasil.
“Estamos destruyendo de manera irreversible la ecología de nuestras cuencas y las poblaciones indígenas”, denuncia la senadora ambientalista Cecilia Requena. «Hay alternativas, pero es escandaloso que no se haya hecho nada».
Cooperativas mineras, fuera de la ley
Desde 2018, enormes dragas chinas y planchones colombianos se han multiplicado en los ríos amazónicos bolivianos. Aunque operan sin autorización estatal, el gobierno ha realizado un solo operativo en años, incautando apenas una draga. «El Ministerio de Gobierno no cumple las órdenes judiciales para intervenir la minería ilegal en áreas protegidas como el Madidi», explica la senadora Requena.
Las cooperativas mineras se han convertido en un poder político. No solo evaden impuestos, sino que influyen en el nombramiento de autoridades del sector. «Quienes han puesto a las autoridades de minería son precisamente las cooperativas. Varios ministros y funcionarios ambientales han sido designados como cuotas de poder de este sector», afirma la senadora.
Para conocer la versión de las autoridades, RFI intentó entrevistar a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), encargada de otorgar licencias a las cooperativas, pero no hubo respuesta. En 2022, una exdirectora fue destituida por recibir una joya de oro a cambio de conceder una gran área de explotación.