En Bolivia, al menos ocho rutas son utilizadas por organizaciones criminales para el transporte, principalmente de droga y mercancía de contrabando, hacia el exterior. Estas se encuentran en las fronteras del país con Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Perú, según especialistas.
“Por su ubicación geopolítica, Bolivia es, obviamente, uno de los países con mayores extensiones fronterizas en Sudamérica. Esto representa una ventaja en cuanto a las posibilidades de relaciones comerciales, aunque no siempre bien aprovechada. Sin embargo, también facilita que actividades como el contrabando y el tráfico de bienes de origen ilegal sean muy comunes”, dijo a Visión 360 el exministro de Gobierno, Carlos Romero, quien recordó que las características geográficas de Bolivia la convierten en un punto ideal tanto para el comercio legítimo como, lamentablemente, para el delictivo.
De esta forma, el país se ha convertido en un destino intermedio ideal para el narcotráfico, el contrabando, la venta ilegal de armas y minerales, así como para la trata de personas. Funciona como un puente entre Perú y Brasil, por ejemplo; Venezuela y Chile; y entre las fábricas de cocaína y los consumidores en Europa y Estados Unidos.
El analista y experto en seguridad Jorge Santistevan señaló que, actualmente, la ruta más utilizada es la que conecta Bolivia, Paraguay y Argentina, desde donde la droga se traslada hacia Centroamérica. Otras vías van desde Bolivia hacia Paraguay y Uruguay, o desde este último hacia los puertos de Brasil, con destino final en Europa.
Estas vías, según el experto, fueron establecidas debido al estricto control que actualmente se ejerce sobre el Caribe. Por ello, para llegar a los continentes del este, se buscan rutas alternativas con menor vigilancia.
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Por su parte, Romero identificó que los itinerarios ilegales se encuentran en diferentes regiones. En las tierras bajas, los criminales se movilizan por la Amazonia Norte, en localidades como Bolpebra, que permiten el acceso a territorios brasileños y peruanos.
“El narcotráfico va de la mano con otros delitos, como la trata de personas, una práctica comúnmente utilizada por el Tren de Aragua”.
Jorge Santistevan
Guayaramerín también es un punto vulnerable, porque conecta con Brasil. En el sur, existen caminos que atraviesan la provincia Cordillera de Santa Cruz, además de todo el Chaco —ya sea cruceño, chuquisaqueño o tarijeño—, que desembocan en Yacuiba y Bermejo para cruzar hacia Argentina y Paraguay, y desde allí llegar a Uruguay.
“En el occidente del país, sin duda los puntos más vulnerables se encuentran en los alrededores de la zona de Charaña. Además existen otros, tanto en Oruro como en Potosí, que permiten el acceso a Chile y a las regiones del sur de Perú”, agregó la exautoridad.
Los recorridos no solo se definen en torno al tráfico de bienes o personas. El país también es visto como una estación ideal para que fugitivos de las naciones con las que comparte frontera —Brasil al norte y este; Paraguay al sureste; Argentina al sur; Chile al suroeste; y Perú al oeste y noroeste— puedan evadir a la justicia.
Por esa razón, el país es caracterizado como una plataforma de envío, particularmente de droga. El exministro reveló que Naciones Unidas cuenta con datos que indican que las operaciones de los cárteles y clanes narcotraficantes que operan en Bolivia alcanzan a tres continentes y están vinculadas a 31 países receptores de estupefacientes.
Eso se vio en distintos casos recientes, cuando, gracias a un reportaje de medios brasileños, se detectó la presencia de capos del Primer Comando de la Capital (PCC) en Santa Cruz; o cuando se descubrió que el uruguayo Sebastián Marset vivió escondido en el oriente nacional; o, hace dos semanas, la detención de dos de los implicados en un triple feminicidio en Argentina, que ingresaron al país para huir.
Es que Bolivia tiene una gran ventaja para esto: una gran frontera con muchos puntos vulnerables, así como muchas opciones de transporte.
En 2020, durante la pandemia de Covid-19, las actividades delictivas en la región se dispararon debido al reducido control de las autoridades, provocado por la cuarentena.
“Nuestro país tiene siete mil kilómetros de frontera lineal, muy porosa. Eso nos convierte en una nación vulnerable. Muchos de los puntos limítrofes están fuera del control estatal, ya sea por la poca o nula presencia de las fuerzas del orden, o por su difícil acceso”, explicó Romero.
La exautoridad también recordó que cuando se habla de “rutas” se refiere a los distintos medios de transporte. “No todas son terrestres, las hay lacustres, a través del lago Titicaca, fluviales y aéreas”.
Y si bien mayormente circulan los estupefacientes, estas rutas son utilizadas para cometer otros actos delictivos.
“Cuando aumenta la vigilancia de las fuerzas del orden, los capos activan otros delitos para desviar la atención y así continuar con sus operaciones”. Carlos Romero
Las rutas cambian según la oferta y demanda
El narcotráfico es, en lo más básico, un negocio muy lucrativo, alrededor del cual se aglutinan empresarios de lo ilícito. Esto significa que sus operaciones son determinadas tanto por la presión de las autoridades, como por la oferta y la demanda, lo que incluye las rutas que se utilizan para las actividades ilícitas.
Esto implica un reto para las fuerzas del orden, porque las corporaciones criminales tienen la ventaja de no tener que cumplir con trámites cuando buscan cambiar de dirección. Asimismo, cuando las autoridades comienzan a echar el lazo en alguna región, las empresas ilícitas modifican sus operaciones, en busca de otros mercados internacionales.
“Las rutas cambian de acuerdo donde se instala el centro de gravedad de producción de droga y a la demanda. Hay temporadas en que la demanda se va hacia el Asia, otras que va a Centroamérica”, explicó Santistevan.
Crimen como empresa
Los especialistas explicaron que las organizaciones criminales se han organizado como las empresas legales. Esto quiere decir que abarcan más de una actividad delictiva.
En ese sentido, el narcotráfico sigue siendo el principal negocio, el que produce más réditos, pero, al mismo tiempo, articula a su alrededor otras actividades, también lucrativas.
“El narcotráfico va de la mano con otros delitos, como por ejemplo la trata de personas, que lo aplica bastante el Tren de Aragua”, agregó Santistevan.
Otro ejemplo es el sicariato, que suele aumentar en casos relacionados con el negocio ilegal, como lo muestra el cuadro de esta página, con daros oficiales de 2023. Las personas que cometen estos asesinatos o son parte de organizaciones de traficantes o son “subcontratadas” por estas para mandar mensajes, eliminar a la competencia, proveer protección a los capos y, quizá lo más efectivo, distraer la atención de las autoridades.
“Cuando aumenta la vigilancia de las fuerzas del orden, los capos activan otros delitos para alejar la atención y, así, continuar con el negocio central”, consideró Romero.
Santistevan añadió que, incluso dentro del negocio principal, se han desarrollado muchas otras acciones. Es decir, “no solo se trata de transportar la mercancía, sino también de crear espacios de acopio, con sus respectivos responsables, contactar con especialistas para que monten y dirijan las fábricas de cocaína”.
A su vez Romero indicó que estas nuevas, digamos, corporaciones, cuentan con trabajadores aparentemente no antisociales, como abogados, para la conformación de iniciativas legales para lavar el dinero; contadores para mantener las finanzas estables y otros.
Paralelamente, se establecen relaciones con otro tipo de criminales, expandiendo el alcance de los jefes e, incluso, estableciendo alianzas con organizaciones de otros países.
7.000 kilómetros lineales de frontera tiene Bolivia. Estos límites son muy porosos, con varios puntos alejados del control de las autoridades.
Ambos expertos coinciden en explicar que el crimen organizado que opera en Bolivia es tanto nacional como de importación. “El crimen organizado es combinado, porque hay organizaciones criminales extranjeras y también nacionales. Entre las nacionales tenemos a los clanes familiares, como las familias Terán o Cáceres. Estamos hablando de 150 clanes familiares que hay en el Chapare, dedicadas a narcotráfico, pero que se asocian con organizaciones criminales internacionales como el PCC, el Clan de los Soles, el Clan del Golfo, el Tren de Aragua, el Comando Vermelo, entre otros”, ecplicó Santistevan.
“El crimen organizado de origen local trabaja fundamentalmente en contrabando, muy potente, muy organizado”, agregó Romero. Esto hace que Bolivia sea un punto de encuentro de “transnacionales” del delito.
DELITOS
ORO. En los últimos años aumentó el tráfico de oro extraído por la minería ilegal. Además de la venta irregular del metal precioso, involucra la compra de mercurio para la explotación áurea.
PERSONAS. Desde 2022 se tienen evidencias de la presencia de operativos del Tren de Aragua, que trafica gente de Venezuela a Chile, pasando por Bolivia.
VEHÍCULOS. En el occidente del país ingresan autos “chutos” y vehículos que fueron robados en las calles de Chile.
PATRIMONIO. Ya sean obras de arte patrimoniales de iglesias coloniales o colmillos y garras de animales en peligro de extinción.
Las alianzas: clave para combatir el narcotráfico
El 8 de noviembre de este año, Bolivia tendrá un nuevo Gobierno. Uno de los principales retos que deberá enfrentar —ya sea liderado por Jorge Tuto Quiroga o Rodrigo Paz— será hacer frente a la creciente violencia delictiva.
Y esta es una tarea que, según los especialistas consultados por Visión 360, no puede cumplir solo. Tanto el investigador Jorge Santistevan, como el exministro Carlos Romero coinciden en asegurar que se debe establecer alianzas con los países vecinos para frenar el flagelo.
“Primero, el nuevo Gobierno tiene que tener voluntad política para lidiar con el crimen organizado. Segundo, debe reorganizar a la fuerza militar y policial, para que, temporalmente, las Fuerzas Armadas sean quienes se hagan cargo de la lucha contra el narcotráfico. Tiene que organizar a una fuerza especial que esté bien preparada, pero con ayuda internacional. Una responsabilidad de esta naturaleza no puede cargar el país. Tiene que haber apoyo logístico, apoyo militar, apoyo material y técnico”, aseguró Santistevan.
Por su parte, Romero recordó que los enemigos son organizaciones de alcance internacional, por lo que la respuesta debe ser de similar envergadura.
“Se requiere de una respuesta regionalizada. La responsabilidad compartida significa actuar de manera transparente en términos de intercambio de información y de la constitución de dispositivos combinados entre las policías y los mecanismos de seguridad, incluidas las Fuerzas Armadas de varios países, para los controles no solamente investigativos, sino también para, por ejemplo, desarrollar laboratorios antilavado de capitales”, aseguró la exautoridad.
En ese sentido, el exministro consideró que se debe activar el Comando Conjunto de Control de Espacio Aéreo, conjuntamente con los gobiernos de Brasil, Perú y Paraguay, cuyo centro de mando se ubica en Brasil.
También se debería reactivar el Centro de Investigación Regional Antinarcóticos, con investigadores especializados, expertos y de élite de los países vecinos que operen en Bolivia.
Y, quizá lo más importante, eliminar o detener el acceso a las fortunas criminales.