El Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2024, elaborado por la Fundación Construir, revela que el sistema judicial incumple su deber de actuar con debida diligencia en la investigación y sanción de los delitos de violencia en razón de género.
Fuente: ANF
El documento advierte que, a más de una década de la promulgación de la Ley N° 348, el país enfrenta una crisis estructural de impunidad que perpetúa la violencia contra las mujeres.
El Capítulo 4 del informe, titulado “La debida diligencia en la investigación y sanción de los delitos de violencia en razón de género”, señala que entre 2013 y 2023 el Ministerio Público cerró 378.251 casos vinculados a la Ley 348, de los cuales más del 90% fueron rechazados, sobreseídos o concluidos con salidas alternativas. Solo 24.910 causas derivaron en condenas, lo que equivale a menos de una de cada diez denuncias.
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Durante 2024, la Fiscalía General del Estado registró 50.325 nuevos casos de violencia de género, la mayoría por violencia familiar o doméstica (37.601), seguidos por delitos de abuso sexual, violación y feminicidio. El informe advierte que estas cifras no solo reflejan un incremento sostenido de la violencia, sino también la falta de respuestas efectivas por parte del Estado.
La Fundación Construir subraya que el Estado boliviano incumple los estándares de la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan a actuar con diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia. “La inefectividad judicial envía el mensaje de que el Estado es tolerante con la violencia contra las mujeres”, sostiene el informe citando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Pese a la existencia de herramientas institucionales —como la Guía Fiscal para Dirigir la Investigación con Perspectiva de Género, la Ruta de Actuación Interinstitucional y el Manual de Planificación de Operativos en Delitos de la Ley 348—, el documento advierte que su aplicación práctica es mínima. Las mujeres siguen enfrentando procesos revictimizantes, demoras y falta de protección efectiva.
El estudio destaca además que el país ha registrado un aumento en la emisión de medidas de protección, pasando de 20.629 en 2020 a más de 68.000 en 2024, pero aún insuficientes frente a la magnitud de los casos. Estas medidas, que buscan resguardar la vida y seguridad de las víctimas, muchas veces no se cumplen o no son supervisadas por las autoridades competentes.
Otro aspecto preocupante identificado en el informe es la intención de algunos sectores de modificar o debilitar la Ley N° 348. Entre las propuestas regresivas figuran la posibilidad de conciliación de oficio en casos de violencia y la penalización diferenciada de denuncias falsas. Según la Fundación Construir, estas iniciativas “representan un grave retroceso normativo y contradicen los compromisos internacionales de Bolivia”.
El balance general del capítulo concluye que el Estado no garantiza una justicia especializada ni una persecución penal efectiva. La mayoría de los casos se diluyen en la burocracia judicial, y las víctimas carecen de mecanismos reales de reparación. “La violencia contra las mujeres sigue siendo tratada como un asunto privado, y no como una violación de derechos humanos”, afirma el documento.
Ante este panorama, la Fundación Construir recomienda fortalecer la aplicación efectiva de la Ley 348, garantizar recursos humanos y financieros para las fiscalías especializadas, y rechazar cualquier intento de reforma regresiva. Asimismo, pide que el Órgano Judicial ejerza un control permanente sobre las investigaciones para evitar dilaciones y garantizar el debido proceso.
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