Con los resultados de la segunda vuelta electoral, el país se adentra en una fase de transición que coincide con un panorama económico marcado por proyecciones de organismos internacionales que indican un deterioro progresivo, este escenario invita a una reflexión sobre las dinámicas macroeconómicas subyacentes, destacando la necesidad de políticas que equilibren la estabilización fiscal con la mitigación de impactos sociales.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
A comienzos de 2025, el Banco Mundial (BM) proyectaba para Bolivia un crecimiento económico del 1,5% para 2025, 2026 y 2027, en abril, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) dio una estimación del 1,8% para 2025, por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) preveía un crecimiento del 1,1% para 2025 y 0,9% para 2026, con una inflación del 15,1% para 2025 y las primeras estimaciones de Fitch Ratings también indicaban un crecimiento por debajo del 1% para el período 2025 – 2027.
Aunque conservadoras, las proyecciones reflejaban una economía aún en expansión a pesar de los desafíos estructurales y políticos, no obstante, estas se deterioraron, en abril, el BM redujo su estimación a 1,2% para 2025, y en junio la CEPAL ajustó su proyección a 1,5%, por otra parte el FMI elevó su previsión de inflación a 15,6% para 2025 y 16,8% para 2026, mientras que en julio Fitch Solutions revisó a la baja sus pronósticos con -1,0% en 2025 y -0,3% en 2026, siendo el quiebre más significativo recientemente en octubre, cuando el BM actualizó su perspectiva con -0,5% en 2025, -1,1% en 2026 y -1,5% en 2027.
En este contexto, reformas políticas como la eliminación gradual de los subsidios a los hidrocarburos y la flexibilización del tipo de cambio se presentan como alternativas para restaurar el equilibrio económico. Los subsidios a los combustibles favorecieron principalmente a sectores como la agroindustria, la minería y el transporte, al reducir los costos del diésel y mantener los precios bajos, por otro lado, el tipo de cambio fijo benefició a los importadores y a sectores como la manufactura, al mantener el valor de la moneda y abaratar las importaciones.
Sin embargo, la implementación de estas reformas implica desafíos considerables, la eliminación de los subsidios podría provocar un aumento en los precios de productos básicos, como alimentos y transporte, afectando principalmente a las familias de bajos ingresos, que destinan una gran proporción de sus recursos a estos bienes, asimismo, flexibilizar el tipo de cambio podría generar una devaluación de la moneda, incrementando los costos de las importaciones y consecuentemente la inflación.
Para que estas reformas sean efectivas, es fundamental complementarlas con medidas que mitigan el alto costo social y político asociado, por ejemplo, las transferencias focalizadas basadas en criterios de vulnerabilidad, pueden compensar la pérdida de poder adquisitivo de la población, asimismo, es esencial promover un diálogo inclusivo con los sectores afectados, a fin de prevenir posibles conflictos, solo un enfoque equilibrado entre reformas económicas y asistencia social garantizará un futuro sostenible, ya que el progreso económico no solo se evalúa en cifras y métricas económicas, sino en el bienestar colectivo de la población.