La norma busca brindar apoyo económico, físico y emocional a los menores que perdieron a sus madres a causa de la violencia, y propone diversas medidas para garantizar su bienestar integral.
Fuente: Visión 360
Un bono de 500 bolivianos, paquetes de alimentos y atención médica son algunas de las ayudas que establece la Ley de Protección para Huérfanos de Feminicidio, norma aprobada el miércoles por la noche por la Cámara de Diputados. El objetivo de la ley es brindar apoyo a los menores de edad que perdieron a sus madres debido a la violencia.
La iniciativa es impulsada por las diputadas Betty Yañíquez, Pamela Alurralde y Alexsandra Zenteno, y cuenta con el respaldo de la Alianza por los Huérfanos de Feminicidio. Yañíquez, diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), subrayó la urgencia de poner en marcha esta norma, ya que los huérfanos de feminicidio enfrentan graves problemas de abandono.
«En estos casos, la madre está en el ataúd, el padre suele estar prófugo o encarcelado, y los menores quedan expuestos a múltiples formas de vulneración, incluso a abusos dentro del entorno familiar. Esta ley surge precisamente para evitar que sigan siendo invisibilizados por el Estado», afirmó.
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Las medidas que contempla la norma están destinadas a asegurar el bienestar y desarrollo integral de los menores de edad que quedan huérfanos a consecuencia de los crímenes de género. Destacan el pago de un bono mensual de 500 bolivianos, la entrega de paquetes alimentarios, la aplicación de atención psicológica gratuita, acceso a vivienda digna, salud y educación, además de asistencia legal sin costo. La norma establece un beneficio no inferior al 20% del salario mínimo nacional vigente, que a la fecha es de Bs 2.750
El proyecto fue redactado en coordinación con organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos, como la Fundación Voces Libres, Erbol y la Comunidad de Derechos Humanos, que impulsaron la iniciativa desde sus inicios ante la realidad de cientos de niños que sufren las secuelas del feminicidio. Además, la ley garantiza la provisión de paquetes de alimentos, atención psicológica y legal gratuita y especializada, y el acceso prioritario al Sistema Universal de Salud (SUS) con cobertura total.
Asimismo, la ley garantiza la permanencia de los menores en el sistema educativo y otorga prioridad a los tutores en programas de vivienda social. Los beneficios se aplican a las hijas e hijos menores de 18 años, y se extienden hasta los 25 años si continúan cursando estudios superiores, según reportó Erbol.