Bolivia es un país heterogéneo, crítico y Plural, lleno de elementos divisionistas, que el presidente debe no solo entender, sino dejarse guiar por la unidad ciudad capital y los segmentos populares-indígenas, sin que la periferia y las comunidades en su diagnóstico repelen su agenda centrista de desarrollo social.
El drama que hoy vive Bolivia con los carburantes y las impresionantes filas en surtidores de transportistas desesperados de trabajar, repercute en la canasta familiar de la clase media, pobre y de pobreza extrema de pueblos, ciudades intermedias y capitales, por la incapacidad y despilfarro de Evo Morales y Arce Catacora, completada con la escalada de corrupción, prebendalismo, ofertas de cargo, cobros para los jefes y hasta degradación moral. Sus gestiones han rotó aspiraciones de la gente con un poder adquisitivo menguante, que obliga a las familias disminuir los ingredientes necesarios en la alimentación de sus hijos.
Arce Catacora que debe entregar al presidente elegido, Rodrigo Paz Pereira, la Banda presidencial, la medalla y el bastón de mando el día 8 de noviembre de 2025, ha sido reprochado constantemente por su total falta de gestión pública en cinco años y su desconexión con los problemas de la agropecuaria, industria, y productividad alimentaria; y, ahora para cerrar el ciclo del modelo de siglo XXI, está asustado pedaleando hacia atrás, pero con boleto en mano para ausentarse a Brasil por supuestos problemas de salud en clínica privada. Mientras que en nuestro país los enfermos por cáncer, riñón y otras patologías terminales tienen que vivir el calvario anticipado por semanas y meses para ser atendidos.
Cómo no tiene mayoría en las Cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y al no haberse viabilizado la elección del nuevo Contralor del Estado, por la intervención oportuna de la oposición de Comunidad Ciudadana y de Creemos y algunos parlamentarios del mismo oficialismo, cuyo propósito era elegir a un supuesto revolucionario de su sector para blindar la -impunidad- al presidente saliente, ministros y burócratas de élite, de momento, el miedo a mayor rechazo como el peor presidente, que se sostuvo con los autoprorrogados, jueces y fiscales serviles que encubrieron los negocios de Botrading, abandono de mujer e hijo negándose a la prueba de ADN, y el escándalo de tratamiento psicológico por cinco meses al hijo que golpeó y pisoteó a su pareja, le hace cambiar de estrategia huyendo al Brasil. El fiscal general y los fiscales de las causas penales abiertas deberán pedir la medida de alerta migratoria contra Arce Catacora, Luis Marcelo Arce Mosqueira, Rafael Arce Mosqueira (Propiedad Adán y Eva), Felipe Cáceres zar antidrogas (con laboratorio de Clorhidrato de cocaína) y Evo Morales con mandamiento de aprehensión y acusación por trata y tráfico de menores de edad.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Estos episodios no deben quedar impune porque son una afrenta a la dignidad de la mujer boliviana, si Arce Catacora ni Evo Morales han aplazado el trago duro de explicarle a los bolivianos el precio de la degradación moral, la envergadura de más de 14.000 millones de despilfarro, los 4.000 millones del Fondo Indígena, los 7.000 millones del Fondo de los Jubilados y la pignoración de las barras de oro del Banco Central dadas en garantías a Bancos de Gran Bretaña, China, Alemania, Rusia y Suiza, entre otras, la respuesta del ministerio público no puede ser a remolque, sino inmediata.
Los presidentes de los veinte años, han hecho del populismo plurinacional su marca personal, cómo van a meterse en temas mollares como hacer del Fondo de Pensiones -la caja chica- del Gobierno y suscribir contratos de instalación de plantas de producción de litio en Uyuni con empresas rusas y chinas, sin que los contratos de inversión hayan sido considerados y aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (Art.158.I, numeral 12 de la CPE).
Estos temas centrales deben ser mirados por el presidente y vicepresidente, Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara con inquietud para dar seguridad y estabilidad a Bolivia, que en este nuevo ciclo de hacer democracia las auditorias se practicarán como cultura de control fiscal para cuidar y rescatar la platita de los bolivianos. Y, para investigar y aplicar la justicia a los responsables de delitos por trata y violación de menores de edad.
Un gesto inédito que muestra la grandeza y nobleza de Jorge «Tuto» Quiroga es la posición constructiva de apoyar al presidente electo Rodrigo Paz con los 12 senadores y 39 diputados de Libre que suman 51, para que pueda cumplir su agenda desde la ALP, tenga la gobernabilidad necesaria con 2/3 de votos para impulsar y llevar adelante su proyecto de reformas a la Constitución y todo cuanto sea de interés de la sociedad boliviana. Ha reiterado, que su bancada apoyará sin ningún condicionamiento, una vez que se conozcan los presidentes de las Cámaras de Diputados y Senadores, así como la conformación de comisiones importantes en la ALP. Hizo énfasis en la importancia de la gobernabilidad y esta es la oportunidad emocionante y desprendida para hacer historia solucionando los problemas de combustible, dólares, liberar importaciones, atraer inversiones con seguridad jurídica.
Cómo nuestro país necesita estabilidad y superar la crisis, la cualidad de los dos tercios a Rodrigo Paz en la ALP, facilitará llevar adelante el recetario de tareas a cumplir con prioridad:
Primero. Restablecer las relaciones diplomáticas con EE.UU. para generar condiciones con las instituciones multilaterales, el Gobierno de EE.UU. y de esa forma facilitar la llegada de dólares para el pago de facturas de los combustibles y terminar con el calvario de interminables colas en los surtidores del país.
Segundo. Reducir los ministerios a 12 o 10 despachos con personal idóneo y competentes.
Tercero. Aumentar el presupuesto para los ministerios de: Salud, Educación, Agricultura y medio ambiente, Planificación y Turismo. Reducir a los ministerios de Comunicación, Defensa, Gobierno, Hidrocarburos, Minería y Deportes (viceministerio), Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cuarto. Cierre de empresas públicas del Estado que son subvencionadas por el Banco Central de Bolivia. Deficitarias y sin perspectivas de reactivación para el desarrollo del país. Auditorias, para establecer responsabilidades.
Quinto. Reforma inmediata del modelo de elección judicial que encumbró la politización de la justicia y la corrupción.
Sexto. Implementación de un sistema meritocrático a cargo de una Comisión de 7 juristas especialistas y de alto nivel académico que tengan la responsabilidad de organizar y evaluar a los mejores magistrados de los Órganos judiciales.
Séptimo. Aplicación de juicio penal ordinario para los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TAA) Y Consejo de la Magistratura (CM), por cumplir funciones el 31 de diciembre de 2023 y extendieron su mandato unos en un año y otros por más de un año y diez meses, usurpando funciones que legal y constitucionalmente no deriva de la Constitución de 2009. Y sus actos son nulos en actuaciones judiciales, designaciones de vocales ordinarios y constitucionales, y de orden económico-administrativo (Art. 122 de la CPE).
Octavo. Juicio de responsabilidades a los exmagistrados que emitieron la SCP 084/2017 de 28 de noviembre de 2017: Macario Lahor Cortez Chávez, Juan Oswaldo Valencia Alvarado, Zenón Hugo Vacarreza Morales, Martha Camacho Quiroga, Neldy Virginia Andrade Martínez y Ruddy José Flores Monterrey, que reconoció como derecho humano la -reelección indefinida- para presidente, vicepresidente, Gobernadores, Consejeros Departamentales, Alcaldes y Concejales municipales por aplicación preferente del art. 23 de la CADH respecto a los arts. 156, 168, 285.II y 288 de la CPE., que la OC 28/2021 de 7 de junio de la Corte IDH, se encargó de reconducir la interpretación ilegal del TCP, determinando que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo.
Noveno. Asignar al Órgano Judicial el 3% del presupuesto general del Estado, para cubrir sus necesidades de infraestructura, jueces y sistemas informáticos. Y la reestructurar la Escuela de Jueces y Fiscales.
Décimo. Descentralización de los procesos meritocráticos para vocales ordinarios, constitucionales, jueces y fiscales de Distrito y de materias especiales, para que una Comisión Departamental compuesta por profesionales de competencia reconocida preseleccionen, evalúen y designen a las autoridades mencionadas.
Décimoprimero. Los fiscales Departamentales, defensores públicos deben ser preseleccionados por concurso de méritos y evaluación.
Décimosegundo. Reformas de las Leyes del Trabajo, Minería, Ley de Hidrocarburos.
Décimotercero. Abrogación de los Decretos supremos de ampliación de deforestación y de la frontera agrícola en Santa Cruz y Beni, para que el Gobierno y las autoridades de tierra no impulsen programas de avasallamientos a propiedades privadas agrícolas ganaderas en plena productividad (316 propiedades en Santa Cruz, avasalladas por grupos armados y encapuchados), y los actos violentos de corte de tierras con posesión de hecho y secuestro de legítimos propietarios.
Décimocuarto. Reformar las Leyes 018 y 026 del Régimen Electoral de 16 de junio y 30 de junio de 2010 para garantizar un Padrón Electoral biométrico real, igualdad del voto campo ciudad eliminando la subvaloración del voto ciudad, la distribución proporcional de circunscripciones uninominales, garantizar la amplia libertad de prensa en todas las etapas del proceso, establecer que los Vocales del TSE todos serán elegidos por concurso de méritos y evaluación oral, la elección será por una sola vez y no habrá reelección, la extinción de personería jurídica de la organización política o Alianza se produce por fraude o alteración material o ideológica de resultados en actas de escrutinio, papelógrafo de datos, escaneo o por transferencias de datos a favor de otro partido político. En el sistema del Sirepre un delegado de cada partido especialista en informática debe participar controlando la llegada de cómputos, y se regule la entrega de una copia del -acta de escrutinio- de cada mesa a los delegados de los partidos acreditados ante cada jurado de mesa.
Décimoquinto. Aprobar ley de amnistía general e irrestricta para que más de 10.000 personas que salieron del país como perseguidos políticos desde que se instaló el régimen de Evo Morales continuado por Arce Catacora, retornen al país, para integrarse a sus familias después de 20 años de exilio político y otros por previsión. Es prioritaria esta acción legal desde el Ejecutivo de Rodrigo Paz y en combinación con la ALP, para que la democracia sea genuina florezca y prospere, con las garantías efectivas de los derechos fundamentales de todas las personas, según Luigi Ferrajoli.
Décimosexto. Aprobar nueva Ley que modifique la extensión de producción de la hoja de coca de 12.000 a 22.000 hectáreas que establece la Ley 906 de 8 de marzo de 2017, y sea en solo 12.000 hectáreas. Al comprobar que el 92% de la coca que se produce en el Chapare no pasa por control de mercados legales, y que esa coca no es para el aculliku, por lo que sus volúmenes de producción resulta ser materia prima para la droga.
Cuidar la salud de nuestros niños, jóvenes, mujeres y personas que quieren vivir sin él tráfico de drogas, ajustes de cuenta violentos y de grupos armados criminales-terroristas dedicados al narcotráfico, tiene que ser una receta urgente para el presidente, gestionando la cooperación de la DEA y las policías federales de Brasil, Argentina y Paraguay, para acabar con la impunidad de los carteles internacionales, PCC del Brasil, Los Soles, Marset, Evo Morales y la dirigencia de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, y con el laboratorio del Zar de la Droga Felipe Cáceres que durante 14 años en el Gobierno de Evo Morales su actividad estuvo vinculada con la fabricación de Clorhidrato de cocaína, al ser encontrado con flagrancia en la fábrica dentro de su propiedad por la Felcn en la Central Primero de Mayo del Sindicato Esmeralda de Puerto Villarroel, el 23 de septiembre de 2025. Según autoridades la fábrica produce de 100 a 150 kilos de Clorhidrato semanal o mes, Cáceres goza de libertad y protección de jueces y fiscales. En la nueva gestión de Rodrigo Paz la impunidad debe acabar siendo aplastada por la seguridad jurídica de la población boliviana.
Al encontrarnos todavía en la tormenta de una crisis sembrada y abonada por los malignos de los valores democráticos, que despreciaron reiteradas veces la «prohibición del incumplimiento de la Constitución», y en puerta de la Asunción presidencial de Rodrigo Paz, como presidente de Bolivia (2025-2030), el profesor Javier Pérez Royo dice: “De la Constitución depende la renovación de la legitimidad del sistema político y del ordenamiento jurídico de la democracia».
Pedro Gareca Perales