Bolivia vive un momento decisivo en materia política, pero también en hidrocarburos. La producción baja, los yacimientos envejecen y la exploración nueva casi no avanza. Muchos dicen que es un problema de “geología”. En parte lo es. Pero, sobre todo, es un problema de reglas: reglas que cambian, que resultan confusas o que no se ajustan al riesgo de buscar gas y petróleo en zonas poco conocidas. Si ordenamos esas reglas —sin renunciar a la participación del Estado— podemos volver a atraer capital, perforar más pozos, acelerar descubrimientos y sostener los ingresos públicos a mediano plazo.
Mi propuesta se apoya en cuatro ideas sencillas: certidumbre, progresividad, simplicidad y competencia por trabajo real. Es decir, reglas que no cambien cada año, un sistema que cobre más cuando el negocio gana más y menos cuando el riesgo es mayor, trámites simples y competencia entre empresas por hacer sísmica y perforar, no por pagar bonos de entrada que se evaporan sin mover una sola perforadora.
1) Qué nos frena hoy
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Primero, la inestabilidad. Si el Estado cambia tasas, deducciones o plazos cada poco tiempo, el costo de financiar proyectos sube y los inversionistas prefieren irse a otro país. En esta industria, la clave es poder predecir los flujos de caja del proyecto durante muchos años.
Segundo, la maraña de normas y trámites. Demasiadas leyes, reglamentos y autorizaciones encadenadas. Cada paso suma meses y costo. En exploración, el tiempo perdido vale dinero.
Tercero, un sistema de cobros que trata igual proyectos muy distintos. No es lo mismo reactivar un campo maduro con tuberías al lado que buscar en una cuenca nueva, donde el riesgo de no encontrar es alto. Cobrar lo mismo a ambos espanta la exploración y premia la comodidad.
Cuarto, los grandes pagos adelantados para conseguir áreas. Esos “bonos” mejoran la caja del Estado al principio, pero suben el punto de equilibrio del proyecto. Resultado: menos pozos y menos descubrimientos.
Quinto, mecanismos débiles para resolver disputas y poca estabilidad contractual. Sin una vía creíble y rápida para arreglar diferencias, la inversión exige una prima de riesgo más alta o directamente no llega.
En resumen: no es el monto total de lo que se cobra, sino cómo y cuándo se cobra. Si el esquema no acompasa el ciclo real del proyecto —mucho gasto al principio, ingresos más tarde—, se castiga la exploración, que es justamente lo que necesitamos reactivar.
2) Los principios de un rediseño sensato
Certidumbre de largo plazo. Las empresas pueden convivir con una participación importante del Estado, siempre que esa participación sea estable y esté escrita en el contrato por 20 o 30 años. La estabilidad vale más que un punto arriba o abajo en la tasa.
Progresividad automática. Si el proyecto gana más por un buen precio internacional o por un yacimiento muy productivo, la parte del Estado sube de forma automática. Si gana menos, el esquema baja la presión para que el proyecto siga en pie. No hacen falta renegociaciones: se define desde el inicio.
Simplicidad. Una ley marco única, contratos modelo publicados y una institución que convoque, adjudique y supervise con procesos claros. Menos discrecionalidad y menos sorpresas.
Competencia por trabajo. En vez de competir por promesas de dinero adelantado, que compitan por hacer sísmica, perforar pozos y cumplir metas medibles. La renta duradera se construye explorando y produciendo, no cobrando por adelantado.
3) Qué hacen otros países y, lo más importante, qué podemos adaptar
Los países que reactivaron su sector petrolero y gasífero no lo hicieron “regalando” la renta pública, sino calibrando mejor sus reglas:
- Alivios temporales de impuestos en etapas de alto riesgo (exploración, campos pequeños o muy maduros), sin tocar las regalías que sostienen el ingreso del Estado desde el primer barril o metro cúbico.
- Contratos con escalas de participación definidas de antemano: si el proyecto va muy bien, el Estado se lleva más; si va justo o cerca del punto de equilibrio económico, se protege la viabilidad.
- Respeto al flujo de caja de los primeros años, cuando el gasto es mayor: depreciaciones más rápidas, suspensión de impuestos de importación para equipos claves y reglas simples para recuperar inversiones iniciales.
- Agencias especializadas y contratos modelo que acortan las negociaciones de años a meses.
- Arbitraje reconocido internacionalmente y cláusulas de equilibrio económico que protegen al Estado y a la empresa si cambian leyes generales, sin bloquear reformas legítimas.
Nada de esto es “copiar y pegar”. Es tomar módulos probados y ajustarlos a nuestra realidad institucional y geológica.
4) Doce medidas concretas para Bolivia
- Una sola ley ordenadora. Un texto que unifique normas, publique contratos tipo y dé estabilidad contractual de largo aliento. Claridad de roles: el ministerio fija política, el regulador controla, una agencia contrata y nuestra empresa estatal opera y comercia.
- Alivio temporal de impuestos por 5 años en proyectos de alto riesgo. Aplica a cuencas poco exploradas, recuperación de campos envejecidos y yacimientos pequeños. Las regalías se mantienen. Al cabo del período, evaluación con números, sin relatos.
- Regalía mínima + escalas de participación. El Estado cobra una base por cada barril o metro cúbico y, además, una parte variable de la ganancia según cómo resulte el proyecto. Todo definido desde el inicio, sin cambios arbitrarios posteriores.
- Dos tipos de contratos según el riesgo. Un contrato pensado para exploración en zonas nuevas (más flexible al principio) y otro para áreas con infraestructura y menor riesgo. Se elige al inicio y no se cambia a mitad de camino.
- Competencia por sísmica y pozos. Los compromisos de trabajo se vuelven obligatorios y medibles. Si se quiere mantener algún pago de entrada, que sea moderado y condicionado a descubrimientos.
- Cierre económico por contrato. Lo que se gasta y se recupera se mide dentro de cada área contratada, para que un buen hallazgo ayude a financiar más pozos en esa misma zona sin mezclar cuentas con otras.
- Ventanilla única y plazos fatales. Checklists públicos, seguimiento digital paso a paso y “silencio positivo” si la autoridad no responde en tiempo. Menos trámites, más perforación.
- Suspensión de IVA y aranceles para equipos claves de exploración. Auditoría al final para evitar desviaciones y posibles abusos. El objetivo es que el dinero vaya a geología y pozos, no a adelantos impositivos que se devuelven tarde.
- Impulso a la recuperación de campos maduros. Descuentos temporales y créditos fiscales sobre inversiones que realmente aumenten producción, medidos y verificados por terceros.
- Estrategia “Gas primero”. Favorecer la puesta en producción de gas asociado y de campos pequeños que pueden usar ductos existentes. Amarrar contratos con termoeléctricas, fertilizantes y petroquímica liviana para asegurar compra y pago.
- Contenido local con metas realistas. Objetivos distintos para exploración, desarrollo y producción, ajustados a la oferta de proveedores bolivianos. Menos “papel”, más formación y certificación.
- Vía confiable para resolver disputas. Escalera de negociación, peritaje y arbitraje reconocido. Ley aplicable definida y posibilidad de ejecutar la decisión sin rodeos. Seguridad jurídica que se cumple.
5) ¿Cómo se cuida la caja del Estado mientras maduran los proyectos?
Es una preocupación válida. La respuesta tiene tres patas:
- Regalías preservadas. El Estado sigue cobrando desde el primer día de producción, aunque el impuesto a las utilidades tenga un alivio temporal en proyectos de alto riesgo.
- Condiciones exigentes. Si la empresa no cumple con la sísmica o no perfora los pozos comprometidos, pierde beneficios. No hay “rentas inmerecidas”.
- Financiamiento puente bien atado. Bancos de desarrollo y multilaterales pueden financiar sísmica y pozos con repago en producción futura y auditorías técnicas. Es capital catalítico, no un cheque en blanco.
6) Cómo sabremos si funciona (en 24 a 36 meses)
Debemos medir con un tablero de indicadores público y trimestral:
- Kilómetros de sísmica levantada y cantidad de pozos exploratorios perforados.
- Inversión comprometida en contratos firmados y tiempo desde adjudicación hasta el primer pozo.
- Reservas nuevas incorporadas y ritmo de reposición.
- Cumplimiento real de los compromisos de trabajo y sanciones aplicadas a quien no cumpla.
- Costos medios y punto de equilibrio por grupos de campos.
- Participación de proveedores locales formados y certificados.
Si estos indicadores no se mueven, toca recalibrar. Lo bueno de un esquema modular es que permite ajustes finos sin cambiar la ley.
7) Por qué esto es políticamente defendible
Porque no regala la renta. Mantiene un cobro mínimo por producción y solo afloja el impuesto a la utilidad donde el riesgo es más alto. Cuando el proyecto despega, el Estado recibe más de manera automática, sin peleas ni nuevas leyes. Además, reduce la discrecionalidad: contratos modelo, escalas predefinidas y una ventanilla única con plazos. Y construye capacidades locales con metas realistas, no con imposiciones inviables.
También mejora la reputación del país: la inversión llega cuando percibe reglas claras y cumplibles. Con ese cambio, compiten empresas serias con estándares altos y viene capital paciente, que es el que realmente perfora.
8) Gas y transición energética: aliados, no enemigos
El gas puede volver a ser el ancla de la confiabilidad eléctrica y una ventaja para industrias como fertilizantes y petroquímica liviana. A la vez, hay tecnologías para producir con menos emisiones, especialmente cuando se recuperan campos antiguos con buenas prácticas. La discusión no es “gas o transición”. Es gas bien regulado para financiar la transición y para que la economía no se quede sin energía confiable mientras construimos alternativas.
9) Pasar del discurso a la ejecución
Pueden constituirse mesas técnicas público-privadas con plazos cortos y verificables: borrador de ley en 45 días, contratos modelo en 30 días más, apertura de datos (sísmica y catastros digitalizados) en paralelo, y una primera licitación en seis meses con reglas y puntajes publicados. La señal al mercado debe ser clara: plazos ciertos, reglas firmes y cumplimiento real.
Se requiere de personal con experiencia, no solo en geología, sino en análisis económico-financiero energético, estos profesionales podríamos ayudar a diseñar este marco, simular su impacto en distintos escenarios de precio y productividad, y acompañar su puesta en marcha con indicadores y gobernanza. Los países que reactivaron su curva de descubrimientos lo lograron con datos, contratos bien escritos y disciplina. No con eslóganes.
10) Plan de arranque en 90 días
- Equipo redactor jurídico, fiscal y técnico con cronograma.
- Mapa de vacíos legales y propuesta de unificación.
- Contratos tipo con escalas claras y vía de resolución de disputas.
- Diseño de compromisos de trabajo y cómo se medirán.
- Alivio temporal de impuestos para proyectos de alto riesgo, con evaluación al cierre.
- Protocolo de ventanilla única y “silencio positivo”.
- Suspensión de impuestos de importación y del IVA para equipos de exploración clave, con auditoría posterior.
- Metas de contenido local y programa de formación.
- Contratos ancla de gas con generadoras eléctricas y plantas industriales.
- Plan de datos abiertos: mapas, sísmica y pozos.
- Tablero de seguimiento trimestral.
- Gira técnica internacional para explicar el nuevo marco.
Reactivar hidrocarburos no es nostalgia de los buenos tiempos. Es una política de desarrollo. Con reglas claras, simples y confiables, Bolivia puede volver a competir por capital, por talento y por futuro. La mejor manera de “cuidar la renta” no es apretar hoy y desplazar la inversión; es ordenar los incentivos para que cada dólar entre a explorar y producir. Así se recupera la curva de descubrimientos, se sostienen los ingresos del Estado y se convierte al gas en el puente inteligente hacia una economía más limpia y dinámica.
Juan Fernando Subirana
Analista Económico-Financiero en Energía & Hidrocarburos