Más de sesenta personas han muerto en la ofensiva más letal de la historia de Río de Janeiro, centrada en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, y liderada por el gobierno de Cláudio Castro
Por Maria Zuppello
Fuente: Infobae
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Río de Janeiro está en estado de guerra. La operación lanzada hoy por el gobierno de Cláudio Castro, del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, contra el principal grupo criminal de la ciudad, el Comando Vermelho (CV), es la más letal de la historia de Río de Janeiro. Con más de sesenta muertos, ha superado la masacre de Jacarezinho de 2021, en la que murieron 28 personas, entre ellas un policía. Hoy han perdido la vida cuatro agentes de las fuerzas del orden de los más de 2.500 desplegados para detener a los líderes del grupo criminal en las favelas del Complejo do Alemão y Penha, en la zona norte de la ciudad, donde viven 280.000 personas.
El escenario al que se enfrentaron los policías fue el de una situación de guerra. Los narcotraficantes respondieron lanzando granadas desde drones, disparando con rifles de alto poder capaces de derribar helicópteros y bloqueando el paso con barricadas formadas por autobuses secuestrados. Los vídeos grabados por los habitantes mostraban escenas con ráfagas de 200 disparos por minuto. Además, se interceptaron mensajes en los grupos de WhatsApp comunitarios en los que los narcotraficantes amenazaban a la población, en particular a los motociclistas que trabajan para las aplicaciones de comida, para que participaran con sus motos en el bloqueo de todas las vías de acceso a las favelas objeto de la operación.
Mientras tanto, la ciudad está paralizada por el caos. Se ha bloqueado el acceso al aeropuerto Galeão, mientras que varios centros universitarios han cancelado las clases. Cientos de personas hacen cola a pie para intentar volver a casa, ya que en muchos puntos de la ciudad los autobuses no están funcionando. “Se trata de una operación que comenzó con la ejecución de órdenes judiciales, más de un año de investigaciones y más de 60 días de planificación. Una operación del Estado contra los narcoterroristas: quien hace lo que hacen estas personas es un narcoterrorista”, declaró Castro.
La de hoy no es más que una etapa, la más dramática en términos de balance de pérdidas humanas, de la Operación Contención, una iniciativa permanente del Gobierno de Río de Janeiro para combatir la expansión del Comando Vermelho. El nivel de alerta en estas horas es tan grave que el Centro de Operaciones y Resiliencia de la ciudad de Río de Janeiro ha elevado el nivel operativo de esta al 2 de 5. En concreto, esto significa que todos los agentes de la policía militar de Río de Janeiro han sido desplegados sobre el terreno y, por ello, se han suspendido todas las actividades administrativas de la corporación. Lo que se teme ahora es una contraofensiva de los narcotraficantes en las próximas horas, con atentados contra miembros de las fuerzas del orden y comisarías, además de nuevas acciones de guerrilla urbana en las favelas.
A pesar de que se ha detenido a unos ochenta narcotraficantes, muchos de ellos han sido vistos desde los helicópteros de la policía huyendo en fila india y escondiéndose en la espesa vegetación que rodea las favelas de Río de Janeiro, vestidos con uniformes de camuflaje y armados con armas pesadas como Kalashnikov, una huida similar a la de 2010, cuando la policía ocupó el Complexo do Alemao. Sin embargo, la policía no logró detener al principal buscado de la operación, uno de los líderes del Comando Vermelho, Edgar Alves Andrade, conocido como Doca da Penha o Urso, de 55 años. Por él se ha puesto ahora una recompensa de 100.000 reales (18.653 dólares), la misma que en 2000 las autoridades ofrecieron por la detención de Fernandinho Beira Mar, histórico líder de la facción, actualmente recluso en la prisión federal de máxima seguridad de Catanduvas, en el estado de Paraná. Doca tiene 20 órdenes de detención pendientes.
Originario del estado nororiental de Paraíba y criado en la favela de Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, Doca es un fugitivo del sistema penitenciario y está siendo investigado por más de 100 asesinatos. En 2023 fue señalado como el autor intelectual del asesinato de tres médicos y del intento de asesinato de un cuarto en Barra da Tijuca, confundidos con milicianos de Rio das Pedras. Posteriormente, habría ordenado el asesinato de los responsables de ese ataque. También es buscado por el caso de la desaparición en 2021 de tres niños en Belford Roxo, en la región periférica de Río de la Baixada Fluminense. Según las investigaciones de la policía, habría ordenado eliminar a quienes los habían asesinado. Ni los cuerpos de las víctimas ni los de los niños han sido encontrados.
El secretario de Seguridad Pública de Río de Janeiro, Víctor Santos, declaró que la operación se planificó con antelación y no contó con el apoyo del Gobierno federal. “Toda la logística la gestiona el propio Estado. Hay unos 9 millones de metros cuadrados de caos en Río de Janeiro”, afirmó. “La operación de hoy tiene muy poco que ver con la seguridad pública. Es un estado de defensa. Ya no es responsabilidad exclusiva del Estado; trasciende nuestras competencias. Debería haber habido cierta integración con las fuerzas federales. Río está aislada”, declaró el gobernador Castro en polémica con el gobierno de Lula. De hecho, el gobernador de Río habría pedido ayuda al gobierno federal, en particular blindados del ejército, pero se le denegó al menos tres veces.
La reacción del Ministerio de Justicia no se ha hecho esperar. “El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha respondido con prontitud a todas las solicitudes del Gobierno del Estado de Río de Janeiro para el despliegue de la Policía Nacional en el Estado en apoyo de las agencias de seguridad pública federales y estatales. Desde 2023, se han presentado 11 solicitudes de renovación de la FNSP (Fuerza de Seguridad Nacional) en Río de Janeiro, todas ellas aceptadas”, se lee en el comunicado emitido por el ministerio en estas horas. “La Policía Federal (PF) llevó a cabo 178 operaciones en el estado de Río de Janeiro solo en 2025, 24 de las cuales relacionadas con el tráfico de drogas y armas. En total, se realizaron 210 detenciones, 60 de las cuales estaban directamente relacionadas con investigaciones sobre tráfico de drogas y armas”, concluye el texto.
La operación de Río de Janeiro se produce en un momento muy delicado del debate nacional sobre la seguridad pública. La semana pasada, el Ministerio de Justicia presentó al Ministerio de la Casa Civil un proyecto de ley contra el crimen organizado para contrarrestar la expansión de este en Brasil. El proyecto prevé la creación de una base de datos nacional de los miembros de todas las organizaciones criminales del país, que son unas noventa en todo Brasil, en particular los del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho. Entre otras medidas previstas, también figura la introducción del término “organización criminal calificada”, que se aplicará a los casos relacionados con el control del territorio o las actividades económicas.
De ahí también el aumento de la pena de 8 a 15 años de prisión para los grupos que traten de controlar territorios o actividades económicas mediante la violencia, la coacción o las amenazas. En comparación con otras legislaciones, como la antimafia italiana, el paquete ha sido objeto de críticas por no reflejar adecuadamente la evolución del crimen organizado brasileño que, según ha declarado a Infobae el fiscal Lincoln Gakiya, ha alcanzado niveles comparables a los de la “mafia italiana”. Precisamente la semana pasada, la Policía Civil de San Pablo frustró un plan del PCC para asesinar a Gakiya y al coordinador de prisiones del estado, Roberto Medina, lo que demuestra que la guerra del narcotráfico en Brasil es cada vez más una guerra contra el Estado.
“La situación actual es el resultado de décadas de negligencia y fragmentación de las políticas públicas. El problema no se resolverá solo con operaciones de choque que aborden los efectos en lugar de las causas. El núcleo de la crisis reside en el control territorial ejercido por milicias y facciones, que sustituyen al Estado allí donde este está ausente”, escribe en el diario O Estado de Sao Paulo Rafael Alcadipani, de la Fundación Getulio Vargas. “Recuperar este territorio requiere una estrategia coherente, permanente e integrada en los distintos niveles de gobierno. Esto incluye una presencia cualificada y continua de las fuerzas del orden, la rehabilitación de zonas enteras, la garantía de servicios públicos dignos y alternativas económicas concretas para quienes viven en estos barrios”, añade Alcadipani.
En cuanto al Comando Vermelho, a pesar de que Castro ha sido criticado por utilizar sus operaciones con fines políticos de cara a su candidatura a gobernador en las elecciones del próximo año, el grupo está efectivamente en auge no solo en Río de Janeiro, sino en todo Brasil. En particular, un informe reciente de la agencia de inteligencia brasileña ABIN alerta sobre el papel cada vez más poderoso del CV junto con el PCC en la frontera con Colombia, en la zona conocida como Amazonas compartida. Serían estos dos grupos brasileños los que negociarían directamente con sus homólogos colombianos la compra y el paso de cocaína por territorio brasileño, principalmente a través de la ruta del río Solimões. En el lado brasileño, el CV es la facción que domina el tráfico de drogas en los estados amazónicos de Amazonas, Pará, Acre y Rondônia. Entre las sustancias mencionadas en el informe figuran el clorhidrato de cocaína, pero también la pasta base y la marihuana.
Uno de los principales puntos de salida del narcotráfico amazónico es el puerto de Vila do Conde, en Barcarena, Pará, cerca de Belém, que acogerá la COP30. La ubicación es considerada estratégica por las organizaciones criminales porque ofrece acceso directo al océano Atlántico y permite eludir más fácilmente los controles. Además, aunque sigue siendo menos frecuente que el transporte fluvial, el transporte aéreo está ganando importancia gracias a la proliferación de pistas clandestinas en la región amazónica, en particular en Venezuela, que hoy en día es un punto estratégico para conectar la producción de droga colombiana con el territorio brasileño. El documento de la ABIN también destaca el uso de embarcaciones semisumergibles, los llamados “narcobarcos”, construidos artesanalmente por técnicos colombianos en las costas de Pará y Amapá para transportar grandes cargamentos de droga hacia África y Europa.
Algunas de estas embarcaciones ya han sido interceptadas en aguas africanas o europeas, con tripulaciones compuestas por brasileños, colombianos y europeos, lo que confirma el carácter transnacional de las operaciones. Además de en la Amazonia, el Comando Vermelho también está creciendo en otros estados del país. En Salvador, en el estado de Bahía, 12 personas murieron el pasado mes de marzo cuando la policía intervino para detener una invasión del Comando Vermelho en la favela Fazenda Coutos de Salvador, en un enfrentamiento con el grupo criminal local Bonde do Maluco.