La Corte Nacional Electoral ha sacado de sus casillas al Gobierno sólo por pedir que se cumplan las leyes en relación a Leopoldo Fernández.
Editorial El Día
Qué escandalosa manera de reaccionar. El Gobierno ha perdido los estribos cuando la única institución del Estado boliviano que aún permanece libre de la contaminación oficialista ha pedido que se cumpla la ley en relación a los derechos del candidato a vicepresidente Leopoldo Fernández. Truenos y relámpagos, vestiduras rasgadas, voceros cacareando, insultos y amenazas. ¡Cómo es que alguien se atreve a desafiar al régimen! ¡Nadie puede contradecir al caciquismo imperante! ¡Que se vaya! ¡Que renuncie!
Temor o autoritarismo que le brota por los poros. De cualquier manera, a este Gobierno ya no le queda el menor indicio de tolerancia democrática. La reacción frente a las declaraciones del presidente de la Corte Nacional Electoral, Antonio Costas, ha servido para constatar que Evo Morales pretende un mandato sin límites y de hecho, así está procediendo en el manejo de la campaña electoral.
Absolutamente todo el aparato estatal está al servicio del proselitismo masista. La Policía haciéndoles la vida imposible a las caravanas de los opositores; la Contraloría haciendo el trabajo sucio de persecución; fiscales persiguiendo jueces; militares entregando el bono Juancito Pinto en el día del cumpleaños del presidente, meses antes de que acaben las clases; ministros instalando casas de campaña; funcionarios repartiendo banderas en horario de trabajo; el primer mandatario entregando obras y usándolas para conseguir votos, en abierta violación de las leyes; vehículos oficiales que van y vienen; millones de dólares en anuncios por televisión del Gobierno con clara intención proselitista, mientras que a los adversarios se le niega espacio en el canal estatal.
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Mientras que el MAS realiza el mayor despliegue de abuso que se haya conocido en época electoral, pretende que Leopoldo Fernández, un preso político detenido ilegalmente, se mantenga incomunicado, que no hable, que no se dirija a la prensa y por supuesto, que no haga campaña como corresponde a un candidato que no tiene una sentencia ejecutoriada.
De acuerdo a las normas, la Corte Nacional Electoral es la máxima instancia de regulación de la campaña y los comicios y sus sentencias son inapelables. Sus decisiones no necesitan ser refrendadas por un juez ordinario, como lo sugiere abusivamente el Gobierno. Como corresponde, ayer, la institución emitió una resolución de Sala Plena en la que reconoce el derecho político del candidato Leopoldo Fernández a realizar campaña electoral y solicitó al presidente Evo Morales a que brinde las garantías para que se cumpla la normativa.
Es obvio que no le ha dado resultado la rabieta gubernamental que tenía como objetivo intimidar a la Corte Nacional Electoral, institución que se muestra decidida a conducir las elecciones por el carril de la legalidad. De todas formas, nada se puede asegurar en las actuales circunstancias, ya que el régimen ni siquiera cumplió una orden de la Corte Suprema de Justicia relacionada al ex prefecto de Pando y sistemáticamente viola los procedimientos legales, sobrepasa las competencias y jurisdicciones y cuando esto no alcanza, hace lo que le viene en gana, como ocurre con el capitán de Policía Wálter Andrade.