Hamdan fue sindicado por el Gobierno de ser coautor del supuesto intento de golpe de Estado. Su imagen como defensor de derechos humanos fue cuestionada y ahora su defensa pide resarcimiento.
Fuente: ANF
Juan Carlos Revollo, abogado del activista Fernando Hamdan, inició una acción resarcitoria contra el presidente del Estado, Luis Arce, y sus ministros por daños y perjuicios a su defendido por difamarlo en el caso del supuesto intento de golpe de Estado del 26 de junio del 2024. El jurista invitó a toda la población a que también exija resarcimiento por los daños que causó esa operación militar.
El 26 de junio del año pasado, un operativo militar liderado por el general Juan José Zúñiga tomó la Plaza Murillo para supuestamente exigir la renuncia del presidente; sin embargo, ese mismo día el entonces general del Ejército reveló que todo estaba organizado en coordinación con el Gobierno para levantar la popularidad del primer mandatario.
Desde entonces, Arce y las autoridades del Ejecutivo intentaron montar una narrativa de un intento de golpe de Estado al cual sobrevivieron. Incluso el Ministerio de Gobierno elaboró un supuesto documental para reforzar la versión oficialista.
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Zúñiga se ratificó varias veces en que el operativo estuvo autorizado por el presidente Arce y tenía el objetivo de recibir un respaldo de la población ante el malestar social por la crisis económica. Sin embargo, tras su última entrevista, fue silenciado y aislado en el penal de San Sebastián.
Sin embargo, el Senado aprobó el informe de su Comisión Especial que concluyó que no existe, indicio, evidencia o prueba de un intento de golpe de Estado, como el gobierno de Luis Arce intentó hacer ver.
“No existe indicio, evidencia o prueba alguna que determine que el 26 de junio de 2024, ante el inusual desplazamiento de personal militar del ejército a plaza Murillo, haya existido una intención efectiva y real de ejecutar un golpe de Estado en Bolivia, y como consecuencia, deponer el mandato constitucional del Presidente del Estado, cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional o tomar el control de instituciones o entidades del Estado”, dice la primera conclusión del informe.
Hamdan fue sindicado por el Gobierno de ser coautor del supuesto intento de golpe de Estado. Su imagen como defensor de derechos humanos fue cuestionada y ahora su defensa pide resarcimiento.
“Este tipo de procedimientos se inicia con un ámbito conciliatorio. Primero se lo cita a una conciliación para ver si ellos están o no de acuerdo respecto del tema del pago. Cuando estas personas no están de acuerdo, entonces les inicia un proceso, una demanda recién. Ese es el procedimiento regular en materia civil”, indicó Revollo en entrevista con la ANF.
Una vez que comience el proceso penal y se agoten todos los recursos en el ámbito nacional, comenzará otro proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que exista esa compensación en favor de Hamdan y los otros ciudadanos difamados en el supuesto intento de golpe de Estado.
“Esto le corresponde a cualquier ciudadano que demuestre en forma efectiva que el perjuicio le ha llegado. Hay muchos ciudadanos que han cerrado sus empresas. Hay muchas organizaciones que han tenido que rescindir sus efectos específicos laborales. Hay muchas personas que han sido despedidas, ha habido madres de familia que por efecto de toda esta desestabilización (ha perjudicado en la atención de cuidado a su) niño”, argumentó Revollo.
El jurista adelantó que esta simulación de un intento de golpe de Estado por parte del gobierno de Luis Arce va a consecuencias económicas por el resarcimiento a las personas afectadas.
“Si calculamos una afectación de esa naturaleza, estaríamos hablando de que el Estado boliviano se las tiene bastante complicadas, porque va a ser un monto importante, obviamente por el perjuicio que han provocado, pero además a eso sumémosle otro efecto”, advirtió.