=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El Producto Interno Bruto Agropecuario (PIB-A), brinda datos interesantes acerca del desempeño del sector dedicado a las labores agrícolas no industriales; productos pecuarios; productos agrícolas industriales; silvicultura, caza, pesca y coca, en ese orden de importancia económica. Su análisis permite valorar el aporte del sector agropecuario a la economía de todos los bolivianos y ayuda a desmitificar las narrativas políticas que se construye alrededor de ella.
El Producto Interior Bruto (PIB) mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un período determinado, sirviendo como indicador del tamaño de la economía y su crecimiento. La actividad agropecuaria compite con otras diez formas económicas que se cuantifican para tener una cifra anual acerca de este indicador. Sin embargo, el PIB en general, tiene sesgos importantes como la exclusión de la economía informal y el autoconsumo, no mide la distribución de la riqueza ni los costos ambientales y puede no reflejar completamente la calidad de vida o las innovaciones de costo cero.
Según los datos estadísticos e históricos que socializó, con base en los datos del INE, entre 1980 y 2024, el PIB Agropecuario presenta una línea de tendencia decreciente, esto significa, que por más que el Estado apoya al sector, por ejemplo con el cobro de impuestos casi inexistentes (RAU), mantiene la subvención de carburantes y otras políticas de incentivos que han sido permanentes, el sector no logra superar a otras actividades económicas y hacer la diferencia generando ingresos para el resto de la población. No es como en el caso del gas, que su aprovechamiento llega “a todos”.
La “época más destacada” del sector agropecuario se presenta entre los años 1985 a 1997, donde en promedio representaba el 15.5% del PIB boliviano. Durante los 19 años del periodo económico del MAS y del denominado “modelo cruceño”, el PIB-A representó en promedio tan sólo el 13% de la actividad económica de toda el país.
Del año 2009 y 2019, el PIB Agropecuario tiene un decrecimiento notable, por más que este fue el periodo de la elaboración y promulgación del paquete de normas incendiarias, el acrecentamiento de los incendios forestares y no forestales tendientes a habilitar tierras para la ganadería y el agronegocio cruceño y la imposición del perdonazo a los dueños de predios involucrados en dichos incendios. El año 2016, el PIB-A representa tan sólo el 11.7% del PIB general.
Un punto importante de recuperación del PIB-A se da durante el COVID-19, el año 2020. A pesar de la contracción económica general, la agricultura fue uno de los pocos sectores que logró expandirse, incluso llegando a un crecimiento del 1.5% según algunos informes. Esto se debió a que el sector se mantuvo operando como una actividad esencial y menos afectada por las restricciones de movilidad (confinamiento) impuestas a causa del COVID-19. Las actividades del campo se consideran esenciales para la alimentación de la población, por lo que las restricciones de movilidad tuvieron un impacto menor en comparación con otras industrias.
Durante el gobierno de Evo Morales, los dineros públicos (5% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos IDH) transferidos cada día, de cada año desde 2006, a privados (bajo la modalidad de “fondo perdido”) a través del Fondo Indígena, significaron una de las mayores estafas al país, ya que se perdieron más de 800 millones de dólares, sin ningún impacto productivo relacionado a la generación de alimentos. Fueron dirigentes campesinos, indígenas, originarios, interculturales y de otras organizaciones del mismo tipo que se enriquecieron a costa de sus hermanos y de la economía del país. Todo esto fue denunciado en mi libro “El Fondo Indígena: la gran estafa”.
Durante el gobierno de Luis Arce, se incrementaron los incentivos al sector del agronegocio y el PIB-A se mantuvo en el 14% respecto al PIB general, ratificando la tendencia histórica expresada en datos desde 1980 a 2024.
De la presente estructura del PIB-A, los productores campesinos, que llevan al mercado los alimentos como verduras, frutas, tubérculos, son el rubro principal, representan el 37%, sin embargo, el sector pecuario gana más cuerpo cada día con el incremento del consumo de pollos y huevos, así como la producción de carne de res y su exportación a países vecinos y China. El sector ganadero ha incrementado el precio de la carne de vaca, hasta duplicar el precio del kilo gancho en los últimos meses, con lo cual la carne a duplicado su precio en el mercado atentando a la economía de la gente. Sin embargo, la carne de mejor calidad se destina a la exportación. Con el nuevo gobierno de Rodrigo Paz esta tendencia puede incrementarse en contra de los derechos de los consumidores.
Dentro del PIB-A el sector que industrializa alimentos, como el aceite de soya, el azúcar de caña y otros menores, tan sólo representa el 21 %, sin embargo, el rubro pretende alzarse como el ombligo de la producción agrícola boliviana para obtener mayores beneficios como la libre exportación, el no pago de impuestos, la subvención de combustibles a costa del Estado, las quemas de bosques y zonas no boscosas para ampliar su frontera agrícola, el acceso a transgénicos y agrotóxicos para seguir produciendo en contra de los derechos de las personas y del medio ambiente.
Los datos estadísticos son contundentes.
