Argentina: Cristina Kirchner, nuevamente sentada en el banquillo de los acusados por delitos de corrupción

Al momento de sustentar la conformación y funcionamiento de la asociación ilícita, el fiscal Stornelli en su pedido de elevación a juicio detalló que la misma estuvo constituida por más de tres personas destinada a “cometer delitos, la cual habría operado, con carácter permanente, al menos entre los años 2008 y 2015, ambos inclusive -ese período posteriormente fue prolongado a los años 2003-2015”.

Cuando Stornelli pidió la elevación a juicio de la investigación, se centró en cuatro ejes: los cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno asentó en sus cuadernos, las maniobras ilícitas para la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales, y la cartelización de la obra pública.

Así, solicitó que la expresidenta fuera a juicio como jefa de una asociación ilícita que funcionó en el seno del Poder Ejecutivo Nacional, entre 2003 y 2015. Además, le imputó ser coautora, en 204 oportunidades, y partícipe necesaria -en una- del delito de cohecho pasivo.

Como organizadores de la asociación ilícita se señaló al exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Miguel De Vido; al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta; al financista dueño de Inverness S.A., Ernesto Clarens; y al expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y de la firma ESUCO S.A., Carlos Guillermo Enrique Wagner. Luego, en el tramo de las irregularidades en la concesión de contratos ferroviarios se añadió, también como organizador, al exsecretario de Transporte, entre el 1° de junio de 2003 y el 1° julio 2009, Ricardo Raúl Jaime.

También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti; al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola; y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando.

Durante la investigación a cargo de Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio, se estableció “la existencia de un sistema de recaudación de dinero desplegado en su mayoría por funcionarios públicos del Poder Ejecutivo de la Nación que decidieron ceder su voluntad personal y conformar una general, para establecer acuerdos con importantes empresarios de compañías nacionales e internacionales, por medio de los cuales obtenían beneficios recíprocos”.

El requerimiento que comenzará a escucharse este jueves -se estima que su lectura llevará cuatro o cinco audiencias- sostiene que “los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional”.

Para el Ministerio Público Fiscal, existía un sistema ilegal de recaudación con “dos canales totalmente independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí”. Por un lado, había una “vertiente directa en la que no había ningún tipo de intermediario, puesto que eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios” y se comunicaban directamente con ellos.

La segunda rama estaba integrada por otros funcionarios, y por el Clarens y Wagner. “Si bien los dos grupos tuvieron una actuación conjunta, aunque distinta, en cuanto a sus integrantes y a su implementación, ambos formaron parte de la misma estructura jerarquizada e instaurada por los entonces representantes del Poder Ejecutivo de la Nación”.