El presidente Luis Arce, el exministro de Justicia Iván Lima, el exfiscal general del Estado Juan Lanchipa, jueces, vocales y fiscales fueron identificados como los principales responsables de condenar a la expresidenta Janine Añez por el caso golpe II. Abogados penalistas coincidieron que deben ser sometidos a juicio de responsabilidades.
Fuente: ANF
“Existen actores principales y secundarios, los primeros son aquellos que han activado estos procesos sin que haya materia justicia o existan indicios y entre ellos está el señor Luis arce que conocía todos estos elementos, los diferentes exministros entre ellos Iván Lima quienes deben ser procesados por un juicio de responsabilidades”, afirmó el abogado Eusebio Vera en declaraciones con la ANF.
Más temprano, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que se anuló la sentencia de la expresidenta Jeanine Añez, que estaba condenada a 10 años de prisión por el denominado caso «golpe II».
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En ese sentido, el abogado Jorge Valda consideró que en este proceso también se debe incluir al expresidente Evo Morales porque fue parte de quienes direccionaron el proceso por la vía penal contra la exmandataria. Además, dijo que el Estado debe asumir una reparación por los daños que causaron contra los implicados en el caso.
“No solamente jueces, fiscales, policías y autoridades que han procesado a su ilegal detención, sino que vocales, policías, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que han confirmado la sentencia ilegal. Todos ellos tienen que asumir su responsabilidad por las determinaciones que han asumido, el Estado debe reparar los daños a Jeanine Añez y a todos que han sido perseguidas por este caso”, señaló.
Las vulneraciones
Vera recordó que hace más de de tres años advirtió que la investigación contra la exmandataria estaba viciada de nulidad por diferentes aspectos, en especial, porque se desdobló el caso en dos procesos penales golpe I y golpe II.
“En nuestra legislación e inclusive en la jurisprudencia internacional ninguna persona puede ser perseguida dos veces por un mismo hecho y eso es lo que ha acontecido en este caso, se ha desdoblado de un tema principal y se ha instalado un segundo proceso. A partir de ahí se ha generado un vicio de nulidad porque había la orden y una direccionalidad por parte del Ejecutivo”, puntualizó.
El jurista apuntó a los ministerios de Gobierno y de Justicia como los autores de direccionar la investigación, el primero porque a través de la policía aceleró la indagación y se convirtió en el brazo represor. Mientras que la segunda cartera de Estado se encargo de manipular las resoluciones judiciales y del Ministerio Público.
Asimismo, también señaló al exfiscal general del Estado Juan Lanchipa como parte de quienes direccionaron el proceso de investigación y respondió a intereses políticos al ser uno de las personas más cercanas al expresidente Evo Morales.
“Ha sido uno de los promotores para que todo esto suceda, Lanchipa ha sido un personaje nefasto dentro del Ministerio Público. Se ha sumido al Órgano Ejecutivo fue un fiel servidor del ex presidente Evo Morales y de Luis Arce, ha cometido ilegalidades, abusos y arbitrariedades en el ejercicio de sus funciones con fines políticos, lamentablemente”, señaló.
Recordó que, entre 2019 y 2020, Lanchipa remitió cuatro proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades contra Añez donde reconoció su calidad de dignataria de Estado, pero desde 2021 dio un giro y decidió procesarla por la vía ordinaria.
A eso se suman las decisiones políticas que asumió la cúpula del Movimiento Al Socialismo (MAS). En octubre de 2024, Evo Morales reconoció que el juicio ordinario contra la expresidenta Jeanine Añez fue una decisión política y que el exministro Iván Lima se quedó “solo” con su posición de que correspondía juicio de responsabilidades.
Los casos
Por otra parte, Valda recordó que a partir de los procesos golpe I y golpe II se instauraron al menos siete procesos más contra la expresidenta por la vía penal, los cuales fueron rechazados por el TSJ y determinó la anulación de obrados para el trámite por un juicio de corte.
Caso golpe I: Añez fue detenida por este proceso en 2021 y se abrió el caso debido a los hechos de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales.
Caso golpe II: fue sentenciada a 10 años de cárcel en 2022, acusada por asumir la presidencia de manera irregular el 12 de noviembre de 2019.
Caso Senkata: Añez fue acusada de genocidio por las muertes en El Alto en noviembre de 2019, durante un operativo policial y militar. Sin embargo, en agosto de este año fue anulado y que se tramite por juicio de responsabilidades.
Caso Sacaba: Similar al de Senkata, Añez enfrentó cargos por las muertes de noviembre de 2019 en el puente Huayllani, ese proceso también fue anulado.
Caso EBA: En este proceso se acusó a Añez por la designación presuntamente ilegal de una gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). En abril de este año también fue anulado.
Caso Jet-Fuel: Añez fue acusada porque en 2020 dispuso vender Jet-Fuel a precio subvencionado para vuelos internacionales. Se encuentra en suspenso.
Caso FMI: la exmandataria fue denunciada por el crédito otorgado del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020, debido a un presunto daño económico y está en suspenso.
Caso Fundempresa: Se denunció a Añez por ampliar a favor de Fundempresa la concesión del servicio de registro de comercio, también se encuentra paralizado.
Caso libertad de prensa: la expresidenta fue denunciada por un decreto que emitió durante la pandemia y fue criticado por supuestamente perseguir a quienes se expresaban contra la política sanitaria.
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