Desde la Cámara Nacional de Comercio manifestaron que la suspensión de pagos por seis meses va a provocar una paralización de un flujo de $us 2.600 millones en el sistema financiero. Consideraron como “un golpe al gobierno entrante”
Fuente: eldeber.com.bo
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El último gabinete de la era del MAS terminó con la promulgación de la Ley 1670 excepcional de suspensión temporal de embargos y ejecución de sentencias de procesos judiciales por créditos de vivienda de interés social y diferimiento de créditos otorgados para vivienda de interés social y créditos a las unidades económicas de tamaño micro y pequeña.
La norma, sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 31 de octubre, permitirá a 1,4 millones de prestatarios optar por un diferimiento de hasta seis meses en el pago de sus créditos y suspender temporalmente embargos y ejecuciones judiciales vinculadas a esos créditos.
Sin embargo, la norma había sido rechazada por la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), la Asociación de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (Asofin) y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo (Finrural).
En un comunicado conjunto, el 31 de octubre, dichas entidades advirtieron que un diferimiento generalizado y automático alterará el flujo de recursos del sistema financiero y provocará una reducción significativa de la liquidez, con el consiguiente riesgo de que las entidades reduzcan la otorgación de créditos a familias, emprendedores y empresas.
Los bancos deberán establecer los mecanismos para habilitar a los prestatarios (siempre que cumplan condiciones que determine la ley) y la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI) deberá publicar el respectivo reglamento, aunque algunas fuentes indicaron que dicha norma no necesitará un reglamento.
La cifra que más pesa en el debate es la de 1.400.000 prestatarios potencialmente incluidos en la medida, dato que explica por qué la norma genera preocupación en la banca y expectativa entre amplios sectores de la población.
Interrupción del flujo
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Eduardo Olivo, manifestó que la suspensión de pagos de créditos por seis meses va a provocar una paralización inmediata de un flujo de más de $us 2.600 millones en el sistema financiero.
“Esto quiere decir que si una pequeña o mediana empresa trata de recurrir a un crédito para mantener sus operaciones vigentes, éstas se van a paralizar inmediatamente porque los bancos, a partir de la promulgación de esta ley, solamente van a tener el 25% de ingresos de lo que normalmente tenían”, apuntó Olivo.
El dirigente consideró que la promulgación del miércoles “es un último golpe del gobierno saliente al gobierno entrante”, mediante un hecho político que trata de dar una figura de salvamento social, pero que producirá un empantanamiento de la economía de los próximos meses. “Y se promulgó absolutamente para todos los créditos de vivienda social, que son el 75% de los ingresos de los bancos que se afectan por seis meses”, agregó.
A su vez, subrayó que existen muchos bancos que dedicaron sus esfuerzos al crédito de vivienda social. “Una afectación de este tipo, definitivamente puede hasta generar que los bancos no puedan devolver la plata a los ahorristas”, advirtió Olivo.
Respecto a la afectación de su sector, el presidente de la CNC dijo que lo coloca en una situación sumamente complicada porque, “muchas de las empresas, y me incluyo, trabajamos con un flujo de créditos bancarios. Gran parte de las empresas que están afiliadas a la Cámara Nacional de Comercio son importadores de productos de primera necesidad, de medicamentos, y trabajan con un flujo bancario que nos dan líneas de créditos de 180 días, y con ese flujo vamos trabajando, importando los productos y vendiéndolos”, añadió.
Buscarán anulación
El diputado electo por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, anunció que impulsará la anulación de la ley desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“La solución del diferimiento es absurda. Tenemos la mala costumbre de creer que una prórroga es un perdón, pero al final, el prestatario termina pagando más intereses y los bancos enfrentan pérdidas que afectan a todos”, afirmó Rojas.