El mayor Miguel Iriarte y su abogado denunciaron presiones e intimidaciones dentro del proceso judicial. Señalan que el operativo militar habría sido planificado por altos niveles del Gobierno. La causa avanza hacia juicio.
Ligia Portillo
Fuente: Red Uno/Que no me pierda
El mayor Miguel Iriarte, segundo comandante de Inteligencia del Ejército, afirmó que el movimiento militar registrado el 26 de junio de 2024 en Plaza Murillo no fue una acción autónoma de los uniformados, sino que habría sido ordenado y planificado por altas autoridades de Estado. La declaración fue emitida públicamente este miércoles en el QNMP, y se suma a otras versiones que ya había manifestado el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga.
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Iriarte sostuvo que ese día recibió la instrucción directa de acompañar al entonces comandante Zúñiga a Plaza Murillo, sin conocer el motivo de la orden. “Nosotros obedecemos bajo reglamento. No se nos informó la finalidad de la movilización”, declaró. Aseguró además que la planificación habría involucrado, según sus palabras, a exministros y autoridades de Gobierno que mantenían reuniones previas con Zúñiga.
Durante la entrevista, Iriarte relató que tras los hechos fue detenido y presentado públicamente como acusado, sin que previamente hubiera recibido una orden formal de aprehensión. También afirmó que él y su familia sufrieron presiones, cambios de destino y amenazas, lo que finalmente lo llevó a acogerse a un procedimiento abreviado.
Su abogado, Eusebio Vera, señaló que el proceso penal actualmente cuenta con acusación formal contra Zúñiga y otros militares y civiles, y se encuentra próximo a ingresar a juicio. Sin embargo, cuestionó la solidez de la imputación. “La investigación se basó principalmente en declaraciones. No se realizaron peritajes a dispositivos que fueron incautados. Hay información que no fue incorporada como prueba”, sostuvo.
Vera calificó la investigación como parcializada y denunció presiones sobre los imputados para respaldar la teoría de un intento de golpe de Estado. Aseguró que varios detenidos recibieron ofrecimientos para acogerse a procedimientos abreviados a cambio de admitir responsabilidades.
En total, alrededor de 32 personas continúan vinculadas al proceso, entre militares y civiles. Según el abogado, el avance hacia juicio podría derivar en una revisión más amplia de responsabilidades institucionales.
Iriarte, por su parte, afirmó confiar en que el proceso permitirá esclarecer lo ocurrido. “Tengo la esperanza de que la verdad se conozca. La justicia va a llegar en algún momento”, expresó.
El caso continúa en etapa preparatoria rumbo al juicio oral. Las autoridades estatales mencionadas en las declaraciones no han emitido aún una nueva posición en respuesta a estas afirmaciones.