Fusionar el Ministerio de Minería y Metalurgia con el Ministerio de Energía e Hidrocarburos sería un grave error estratégico. La historia ya lo demostró: durante la segunda gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, una decisión similar provocó el abandono institucional del sector minero y el colapso de su capacidad productiva. Repetir ese experimento sería condenar nuevamente a la minería boliviana a la ineficiencia y al olvido.
El Ministerio de Energía e Hidrocarburos enfrenta hoy retos de enorme complejidad: una nueva Ley de Hidrocarburos que modernice el marco regulatorio, la reducción de las reservas de gas, y el riesgo creciente de desabastecimiento eléctrico.
En cambio, el Ministerio de Minería y Metalurgia debe enfocarse en tareas completamente diferentes, como:
•Elaborar una Ley de Inversiones Mineras que recupere la confianza nacional y extranjera.
•Impulsar el despegue de la siderurgia.
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•Culminar la fundición de zinc.
•Promover la minería del cobre y nuevas cadenas de valor.
•Consolidar una estrategia integral para el litio con visión industrial y tecnológica.
El área minera boliviana no puede gestionarse desde una lógica centralizada y uniforme. Involucra miles de peticionarios y operadores en los subsectores de minería grande, mediana, chica y el vasto mundo de las cooperativas mineras, que generan miles de empleos directos e indirectos.
Resolver los desafíos del sector requiere institucionalidad sólida y técnica especializada, especialmente para modernizar la AJAM, cuya gestión sigue siendo un cuello de botella legal y administrativo.
Bolivia debería mirar a sus vecinos. Chile y Perú exportan más de 50 mil millones de dólares anuales en minerales, y no por casualidad: ambos países fortalecieron sus marcos normativos, atrajeron inversión y profesionalizaron sus instituciones.
Las condiciones geológicas de Bolivia son semejantes, pero su potencial está frenado por la dispersión institucional y la falta de visión a largo plazo.
Las cooperativas mineras merecen una atención prioritaria por su papel en la producción de oro y su vínculo directo con las reservas del Banco Central de Bolivia.
Asimismo, el litio debe ser tratado como un recurso tecnológico estratégico, no como una simple materia prima. Su futuro depende de políticas que integren innovación, seguridad jurídica y mercados especializados, capaces de garantizar relaciones sostenibles con la industria global de baterías.
Reducir ministerios bajo el argumento de “eficiencia administrativa” es una visión tecnocrática simplista y contraproducente. La minería y los hidrocarburos son sectores con naturalezas, dinámicas y desafíos profundamente distintos.
Fusionarlos sería como mezclar agua y aceite: una operación costosa, descoordinada y condenada al fracaso.
Bolivia necesita instituciones fuertes, no ministerios fusionados. Cada sector requiere su propio liderazgo técnico y político.
Confundir integración con eficiencia es un error que ya costó caro al país. Repetirlo hoy sería hipotecar, una vez más, el futuro de nuestra minería.
Por Álvaro G. Ugalde Canedo
MPA Universidad de Harvard
CEO Empresa Minera Inti Raymi 1983-1999
Asesor Internacional de Empresas Mineras