El conflicto se traslada al penal de San Pedro. La defensa de Fernández convocó a una conferencia de prensa hoy en el penal. La ONU y Centro Carter sugieren resolver el caso Fernández en Bolivia
Protesta: familiares y simpatizantes de Fernández pidieron libertad de expresión, anoche en San Pedro
La Prensa
El Gobierno deja fallo del OEP sobre Fernández a la justicia
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EL EJECUTIVO PUSO EN DUDA LA IMPARCIALIDAD DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
Abogados de Leopoldo sostienen que ningún juez debe autorizar entrevistas, sino el director de San Pedro.
El Gobierno dejó en manos de un juez el dictamen del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para que el candidato vicepresidencial por el Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional (PPB-CN), Leopoldo Fernández, pueda ejercer su derecho a la libre expresión y hacer campaña proselitista en el penal de San Pedro.
Rechazó la Resolución del OEP que autoriza a Fernández a realizar propaganda política y puso en duda la independencia del organismo electoral. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, acusó al presidente de la institución, Antonio Costas, de “venir de la Prefectura de Tarija”.
En tanto, la defensa del candidato a la Vicepresidencia de Plan Progreso para Bolivia desafió al Gobierno y para hoy a las 10.00 convocó a una conferencia de prensa en el penal de San Pedro. Además, sus militantes organizaron movilizaciones para que se cumpla el fallo del OEP.
Una resolución de Sala Plena del organismo electoral, aprobada el 15 de agosto, y una carta enviada el lunes por el titular del ente electoral al presidente Evo Morales, que reclama por el derecho a la libertad de expresión de Fernández, provocaron la reacción del Gobierno.
El equipo jurídico ofreció conferencias de prensa y visitó medios de comunicación para dar una posición oficial. “Si un juez competente lo dispone, Leopoldo Fernández podrá tener contactos con medios de comunicación, uno a la vez”. La postura fue expuesta por San Miguel; la ministra de Defensa Legal, Cecilia Rocabado, y por el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.
En el Palacio, San Miguel calificó a la resolución del OEP como una “ligereza jurídica”. La autoridad cuestionó la capacidad del equipo de abogados del organismo electoral y aseguró que éstos se “aplazaron”.
San Miguel, en un contacto con la Red Erbol, puso como ejemplo la conversación que el semanario Pulso tuvo con el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez.
“Los periodistas que quieran entrevistar a Leopoldo Fernández pueden hacer lo mismo que hicieron los periodistas de Pulso en relación a Santos Ramírez, entran a visitarlo, charlan con él, toman nota. No pueden grabar ni filmar porque es una instrucción de la Gobernación para todos los reclusos”. Similar posición expusieron Wilfredo Chávez en Radio Fides y Cecilia Rocabado en Radio Patria Nueva.
Desde el OEP se comunicó que las autoridades dan por cerrado este caso y no volverá a pronunciarse sobre este asunto.
La defensa del ex Prefecto de Pando rechazó la alternativa del Gobierno. Uno de los abogados de Fernández, Karlo Brito, indicó que el Decreto Supremo 26715 dispone que su defendido tiene el derecho a recibir a medios de comunicación si así lo solicita.
“Ningún juez puede autorizar que Fernández converse con los medios porque no está dentro de sus funciones. Nosotros vamos a exigir que se cumpla con la resolución del OEP porque se está violentando un derecho consagrado”.
El artículo 40 del DS 26715 señala: “Cuando el interno en forma escrita solicite o acepte mantener una entrevista individual con un representante de un medio de comunicación, el Director del Establecimiento permitirá la misma habilitando un lugar adecuado para su realización y autorizando la introducción de los equipos que correspondan”.
El Gobierno rechazó esta posibilidad. Ayer reconoció por primera vez la posibilidad de que una autoridad judicial decida sobre una eventual entrevista de Fernández con un medio.
Desde junio de este año existe polémica por saber quién es el juez competente del caso Porvenir. Para el oficialismo, el caso reside en La Paz y está en manos de la juez Tercera de Instrucción, Margot Pérez, mientras que para la defensa de Fernández el caso reside en Pando y está bajo la jurisdicción de María Eugenia Romero, magistrada de Porvenir.
Brito explicó que la estrategia para que Fernández hable con los medios se modificó luego de que se conociera la resolución del OEP. La idea de presentar un amparo constitucional fue descartada y ahora el objetivo será hacer cumplir lo que dispuso el organismo electoral.
En ese marco, Brito confirmó que hoy a las 10.00, con la resolución en la mano, se tratará de organizar una conferencia de prensa. “Esperamos que el Director del Penal de San Pedro (Cnl. Osvaldo Cabrera) permita el ingreso de los medios de comunicación en cumplimiento a la decisión de la sala plena del OEP”.
Dicha resolución despertó la molestia del Ejecutivo. El ministro San Miguel afirmó que el presidente Morales “ha reaccionado con fuerza para decir que la Corte Electoral (OEP) está actuando de manera parcializada, de abogado de la defensa de Leopoldo Fernández”.
San Miguel vinculó a Antonio Costas con el gobierno departamental de Mario Cossío. “Efectivamente la Corte Nacional Electoral toma partido (…) Costas es ingeniero, pero tiene que tener algún abogado de asesor. Está claro que Costas viene de la Prefectura de Tarija, pero esperábamos una actitud algo más distante en relación a los partidos políticos porque ése es su rol de la Corte, tiene que actuar como juez imparcial”.
San Miguel añadió que el Órgano Electoral “debe saber que, en materia de Régimen Penitenciario, no toca pito”.
Anoche se realizó la primera movilización para que Fernández pueda hacer campaña, en la plaza de San Pedro, frente al penal. La concentración contó con unas 200 personas encabezadas por la esposa del candidato, Pilar Soria.
Se abre la polémica: candidato o reo preventivo
La decisión de Leopoldo Fernández de buscar la Vicepresidencia a pesar de permanecer detenido de manera preventiva en el penal de San Pedro abrió un nuevo debate jurídico en torno a cuál condición prevalece, la de candidato o la de reo.
La polémica provocó un conflicto entre el Gobierno y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP). Mientras que la entidad responsable de arbitrar y organizar los comicios del 6 de diciembre se pronunció en defensa de los “derechos de la libertad de expresión con fines electorales” del candidato de Plan Progreso para Bolivia, el Ejecutivo argumenta que la situación del detenido preventivamente por los hechos de Porvenir se rige por las normas de régimen penitenciario.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, indicó que la condición que prevalece es la que tiene anterioridad. “Leopoldo Fernández fue detenido antes de ser candidato a la Vicepresidencia y esa prelación permanece”.
En la nota enviada al presidente Evo Morales, el titular del OEP, Antonio Costas, afirma que Fernández “tiene restringida su libertad de locomoción, pero no su libertad de expresión con fines electorales, de campaña y propaganda electoral” porque se trata de un candidato que, como todos, tiene derecho a realizar proselitismo electoral.
Costas argumenta que una de las funciones de la institución que encabeza es hacer cumplir las garantías consagradas a cada postulante conforme al Código Electoral. El OEP pide que Fernández tenga acceso a medios de comunicación para pronunciarse en lo referido a la campaña.
El Ejecutivo desechó ese pedido con el argumento de que toda opinión del ex Prefecto de Pando depende de la normativa referida a Régimen Penitenciario, la Ley 2298 y el Decreto Supremo 26715.
Los juristas y analistas también discrepan. El ex vocal de la Corte Nacional Electoral Jorge Lazarte considera que el OEP tiene atribución para definir los derechos de los elegibles y electores.
Candidatos apoyan a Leo
Dos candidatos a la Presidencia expresaron su apoyo al reclamo de Leopoldo Fernández por hablar con los medios de comunicación. René Joaquino, de Alianza Social (AS), y Ana María Flores, del Movimiento de Unidad Social Patriótica (Muspa), expresaron su solidaridad con la causa del postulante a la Vicepresidencia de Plan Progreso para Bolivia (PPB).
Joaquino, desde Oruro, indicó que el Órgano Electoral Plurinacional se pronunció de forma correcta al solicitar el libre acceso de Fernández a los medios. “Tiene todo el derecho a hacer campaña porque no se ha restringido su derecho a la libre expresión. En el espacio en el que está puede hacer las declaraciones que quiera”.
Flores afirmó que el candidato de PPB “tendría que hacer su campaña electoral, pero desde la cárcel porque su condición le impide viajar”. La candidata de Muspa aseguró que deberá ser el Poder Judicial el que resuelva la diferencia entre el Ejecutivo y el OEP.
Se pronuncian jueces
Dos jueces paceños discreparon ayer de la interpretación del Gobierno. Indican que no debe ser el juez de control jurisdiccional sino el director del Penal de San Pedro, Osvaldo Cabrera, quien permita que Leopoldo Fernández tenga entrevistas con los medios de comunicación. La opinión fue compartida por el presidente interino de la Corte Superior de Distrito de La Paz, Gerardo Tórrez, y el juez Quinto de Instrucción en lo penal cautelar, Willams Dávila.
Dávila explicó que el artículo 40 del Decreto Supremo 26715 establece quién debe autorizar los permisos para entrevistas. “Para eso está el gobernador o el director de cada centro y no se menciona en ninguna parte al juez”.
El magistrado fue quien instruyó la detención preventiva de Fernández en septiembre de 2008. Tórrez aseguró que los derechos de Leopoldo Fernández, a excepción del de locomoción, permanecen vigentes y que las normas establecen los procedimientos para el uso de ellos.
Apuntes
El Ejecutivo indicó que Leopoldo Fernández no podrá hablar con medios sin autorización.
La interpretación gubernamental da cuenta de que el permiso debe venir de un juez.
La defensa del ex Prefecto señala que la autorización no puede venir de un juez.
Repercusiones
“La instancia máxima de este proceso es el Órgano Electoral Plurinacional y acaba de hacer justicia, creo que es un gran avance para decirle al Gobierno que se tiene que respetar la justicia, para eso son las leyes. Lamento mucho que el Gobierno no cumpla la ley”
Manfred Reyes Villa / Candidato de Plan Progreso
“No estamos de acuerdo con la decisión del OEP. Leopoldo Fernández no está detenido en San Pedro por santo, es por algo grave, mató a varios compañeros en Pando. El Presidente del OEP hace una vergüenza por salir a hacer campaña, debe renunciar”
Isaac Ávalos / Candidato a senador del MAS
“Las personas que están privadas de libertad tienen derecho a recibir visitas y pueden hablar con los medios de comunicación. Eso está dentro de las normas internas. En el caso de Leopoldo Fernández, tiene derecho de hacer campaña como todos los candidatos”
Rielma Mencias / Defensora del Pueblo
“Apoyo la resolución del OEP de forma personal. La ley dice que aquel reo que no haya sido sentenciado pueda participar y tiene derecho a expresarse, creo que la resolución de la Sala a nivel nacional va a tener el apoyo de todas las cortes departamentales”
El conflicto se traslada al penal de San Pedro
El Gobierno afirma que no cumplirá la Resolución de la CNE. La defensa de Fernández convocó a una conferencia de prensa para hoy en el penal de San Pedro. La Corte no se pronunció sobre los ataques del Ejecutivo.
LA RAZÓN.- El Gobierno acusó a la Corte Nacional Electoral (CNE) de parcializarse con Leopoldo Fernández y aseguró que no viabilizarán la resolución en la que comunican se permita a este candidato hacer campaña desde la cárcel. El Plan Progreso para Bolivia (PPB) desafió al Ejecutivo y convocó para hoy a una conferencia de prensa en la cárcel de San Pedro.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, fue el encargado de hacer conocer la posición del Gobierno sobre la resolución aprobada por el organismo electoral y que establece que Fernández, pese a estar encarcelado, no perdió sus derechos a “la libertad de expresión con fines electorales y a realizar propaganda política”.
“El presidente (José Antonio Costas) y el Órgano Electoral realmente están actuando incorrectamente. Están actuando con un sesgo hacia la candidatura de Manfred Reyes Villa y Leopoldo Fernández, y no se están ateniendo a las leyes de la República relativas al ejercicio de derechos limitados en su condición de detenido preventivo (de Fernández)”, cuestionó.
La resolución en cuestión, acompañada de una carta, fue enviada el miércoles directamente al presidente Evo Morales bajo la lógica de que éste debe ser el curso de relacionamiento entre dos poderes del Estado.
San Miguel informó que devolverán los documentos porque cuestionan su contenido. “Si bien (la CNE) llevó adelante con éxito el proceso de empadronamiento biométrico, en lo que a resoluciones se refiere sobre las campañas electorales, obtuvo una nota de aplazo al tomar posición sobre las campañas”, dijo.
El PPB presentó una demanda al organismo electoral para que se pronuncie sobre los derechos de campaña de Fernández, acompañante de fórmula de Manfred Reyes Villa. La resolución salió a su favor y se solicitó al Mandatario “instruya al Ministerio de Gobierno garantice de manera oportuna y efectiva el ejercicio de los derechos políticos (del detenido)”.
“La Corte Electoral no puede prestarse a ser abogado de una de las partes y el Órgano Ejecutivo va a cumplir lo que diga la autoridad jurisdiccional”, insistió el ministro. Reiteró que la justicia es la encargada de levantar restricciones al candidato.
Amparados en la decisión de Sala Plena de la CNE, los militantes del PPB desafiaron al Gobierno y convocaron a una conferencia de prensa para las 10.00 de hoy, donde Fernández explicará su plan de gobierno.
“Como nunca, los derechos constitucionales de las personas y en especial de aquellos que no comparten la forma de gobernar de Morales son vulnerados y pisoteados constantemente. Esto debe ser revertido para la seguridad y pacífica convivencia entre los bolivianos”, sostuvo Pamela, la hija de Fernández.
La abogada Sandra Almanza aseguró que su defendido dará la conferencia de prensa. “Leopoldo está en su legítimo derecho”, dijo.
ABI informó que el Consejo de Delegados del Recinto Penitenciario de San Pedro envió una carta al candidato del PPB, donde se le comunica que no permitirán campañas en el penal, para cuidar la pacífica convivencia.
Los vocales de la CNE no respondieron a los ataques del Gobierno. Se informó que no responderán a las acusaciones.
Posición
Compromiso • El ministro San Miguel aseguró que el Ejecutivo cumplirá lo que determine el juez, incluso si autoriza salir a Fernández a hacer campaña.
Aplazo • Acotó que “la CNE ha hecho un excelente trabajo técnico y que si habría que calificarle le pondríamos siete sobre siete en el padrón biométrico, pero tiene nota de aplazo en el ámbito jurídico”.
La ONU sugiere resolver el caso Fernández en Bolivia
OPOSICIÓN • Hoz de Vila pidió ayuda para que el Gobierno acate decisión de la CNE.
Representantes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y del Centro Carter recomendaron a las autoridades y actores políticos resolver los conflictos electorales, como el caso del ex prefecto y candidato vicepresidencial Leopoldo Fernández, en las instancias internas antes de pensar en mecanismos externos.
El representante de la ONU en Bolivia, Yariko Yasukawa, destacó la importancia de confiar en las instituciones democráticas bolivianas para resolver los conflictos y controversias que se susciten en el ámbito electoral.
“Yo creo que en todos los conflictos y controversias hay que construir una práctica de acudir primero a las instituciones nacionales que existen para estos temas, en este caso la CNE. Entonces, hay que fortalecer la capacidad y legitimidad de las instituciones para barajar este conflicto y tomar la decisión que corresponde”, reflexionó.
La posición surgió luego de que, en el marco de un encuentro en el que se reflexionó sobre los acuerdos de octubre de 2008, el senador Tito Hoz de Vila solicitara a la ONU, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Unión Europea “interponer sus buenos oficios” para que el gobierno cumpla las resoluciones de la Corte Nacional Electoral.
El Gobierno descartó que atienda la resolución electoral que le comunica permitir a Fernández hacer campaña electoral desde la cárcel de San Pedro.
El representante del Centro Carter en Bolivia, Alejandro Nattó, explicó que una observación electoral no puede excederse en cuanto a su rol. “Una cosa es observar y otra es tomar una posición”, afirmó con relación al pedido de Hoz de Vila.
Yasukawa añadió que los actores internacionales apoyan y promueven un proceso electoral transparente y pacífico. “Primero intentemos que las instituciones funcionen”, dijo. La Razón