Fuente: Infobae.com
En la madrugada del domingo, un motín en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro (suroeste de Ecuador), dejó al menos cuatro personas muertas y más de cuarenta heridas, entre ellas un agente de la policía. Las autoridades del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmaron la cifra de fallecidos en un comunicado publicado en la red social X, sin precisar si los muertos eran reclusos o funcionarios.
El centro penitenciario afectado, conocido como “CPL El Oro N.°1” en Machala, ya había registrado previamente episodios de extrema violencia. En septiembre de 2025, otro motín dejó al menos 31 muertos y varios heridos en la misma prisión por enfrentamientos de bandas. Ese antecedente convierte este nuevo estallido en un aviso de que la crisis penitenciaria ecuatoriana sigue sin solución.
Ecuador atraviesa una crisis del sistema penitenciario que excede el incidente de Machala. La sobrepoblación, el poder de organizaciones criminales dentro de los penales —como la banda Los Choneros— y la persistente infiltración de armas son algunas de las causas estructurales. El gobierno del presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 que el país vivía un “conflicto armado interno” vinculado al crimen organizado y ordenó la intervención militar en las cárceles.
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La medida de reorganización de internos que motivó el motín responde al traslado programado hacia una nueva cárcel de máxima seguridad que el gobierno construye en la zona costera. Las autoridades penitenciarias sostienen que los traslados son parte de la estrategia para desarticular redes criminales dentro de los penales. En la práctica, sin embargo, la iniciativa se ha visto minada por la falta de tiempo, recursos y coordinación.
Especialistas en seguridad señalan que mientras no se transforme el régimen interno, se garantice el control efectivo del Estado y se reduzca la impunidad, los motines carcelarios seguirán siendo moneda corriente en Ecuador. La fiscalización de las cárceles, la mejora de infraestructura, la capacitación del personal y el combate al contrabando de armas y explosivos son puntos señalados como prioritarios.
Para la población de Machala, ciudad portuaria de unos 300.000 habitantes, el episodio renueva la sensación de vulnerabilidad: la prisión ocupa espacio sensible en el imaginario colectivo y los vecinos relataron haber escuchado detonaciones y gritos durante la madrugada.