Los subsidios, el desplome de la producción y el agotamiento de los megacampos anticipan un desafío mayúsculo para el presidente Rodrigo Paz. Advierten que el modelo es insostenible y que Bolivia deberá importar gas y GLP si no atrae inversión
Fuente: eldeber.com.bo
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La gestión del presidente Rodrigo Paz, metafóricamente, recibirá una bomba de tiempo en el campo energético. Los pocos datos transparentes muestran que en 2024 la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) cerró con desequilibro financiero a raíz de la cadena de subsidios que generaron una pérdida de Bs 11.711 millones, evaporados en subsidios, costos logísticos y precios congelados.
A primera vista, según los documentos, YPFB cierra la gestión 2024 con una cifra que parece alentadora: una utilidad neta de Bs 1.093,7 millones, más del doble de los Bs 418,3 millones registrados en 2023. Pero debajo de ese aparente repunte financiero se esconde un dato mucho más preocupante: las ventas en el mercado interno generaron pérdidas por Bs 11.711 millones. En otras palabras, la estatal petrolera pierde dinero cada vez que vende combustible dentro del país.
El Estado de Recursos y Gastos Corrientes Comparativo 2023–2024, documento oficial de la empresa, muestra que, aunque los números totales del balance cerraron en positivo, el corazón operativo del negocio sigue en rojo. YPFB continúa vendiendo gasolina, diésel, GLP y posiblemente gas natural a precios por debajo de su costo real de importación, refinación y distribución. La diferencia se cubre con subsidios estatales que se han convertido en un drenaje financiero de magnitud creciente.
Costos
El documento revela que en 2024 el subsidio al diésel importado alcanzó los Bs 6.357 millones, una ligera baja del 15% respecto a los Bs 7.503 millones de 2023. Pero este alivio parcial se ve anulado por otros rubros que aumentaron: el subsidio al petróleo crudo pasó de Bs 155,7 millones a Bs 538,8 millones, un salto del 246%, y los gastos por insumos y aditivos subieron un 8,3%, hasta Bs 5.145 millones.
Esto arroja un resultado lapidario: una pérdida consolidada de Bs 11.711 millones por ventas nacionales, cifra que, aunque menor a la de 2023 (Bs 13.783 millones), sigue siendo insostenible para cualquier empresa. Esa pérdida equivale a más de la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación y a tres veces lo que el país destina a Salud.
El panorama externo tampoco ofrece mucho alivio. Las ventas de exportación —principalmente de gas natural— cayeron de Bs 15.103 millones en 2023 a Bs 12.277 millones en 2024, una reducción del 18,7%, mientras que la utilidad por exportación se contrajo un 42%, hasta Bs 949,9 millones
En síntesis, una menor producción de gas, el agotamiento de los megacampos y los contratos menos rentables con los países vecinos reducen los ingresos en divisas. Esto agrava la dependencia de YPFB de su mercado interno, el mismo que le genera las mayores pérdidas.
El riesgo es doble: Yacimientos puede terminar financieramente debilitada y el Estado con un gasto insostenible. Según proyecciones de economistas independientes, el costo total del subsidio energético —sumando diésel, gasolina y gas— ronda los Bs 12.000 millones anuales, cifra que equivale al 3% del PIB nacional.
Baja producción
Raúl Velásquez, economista e investigador de la Fundación Jubileo, sostuvo que la producción de gas natural ha caído un 54% en la última década, una disminución que afecta tanto las exportaciones como el mercado interno y que ya proyecta desafíos urgentes para los próximos años.
“La mitad de la producción se destina al mercado interno, valorada a un precio promedio de 1,30 dólares por millón de BTU, mientras que la exportación llega a 6,40 dólares”, explicó Velásquez.
Este desbalance genera un doble efecto negativo: menores regalías e ingresos fiscales y un precio interno que no refleja el valor real del recurso. La situación se complica aún más con la caída del gas enviado a Argentina y la subutilización de la planta separadora de líquidos de Gran Chaco, lo que anticipa la necesidad de importar GLP en 2026 y gas natural a partir de 2028 si no se adoptan medidas urgentes.
El especialista advierte que mantener los subsidios actuales es inviable a largo plazo. La garrafa de GLP, vendida hoy a Bs 22,50, podría costar alrededor de Bs 170 si se importara, lo que plantea un dilema sobre cómo mantener la protección a los consumidores residenciales sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Velásquez también enfatizó que la crisis energética no solo se debe a la gestión reciente, sino a un modelo rentista y estatista que data de décadas, reforzado por la presión social tras la guerra del gas de 2003. “El nuevo Gobierno asume un país con necesidades urgentes: importación de diésel, gasolina y GLP, ajustes en la política de subvenciones, liberalización de importaciones y búsqueda de diversificación de la matriz eléctrica”, advirtió.
Para revertir la caída de la producción de gas, se necesitan grandes inversiones (megacampos) que no pueden implementarse de inmediato, por lo que Velásquez propone atraer capital privado de riesgo. La nueva ley de hidrocarburos debe garantizar competitividad para captar inversión extranjera frente a la competencia regional de Argentina, Colombia y Guyana.
“YPFB está quebrada”
El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, lanzó una dura advertencia: YPFB está prácticamente quebrada y desangrada, y si no se interviene de inmediato, el país podría enfrentar un colapso energético en los próximos años. Ríos, quien desde 2013 viene alertando sobre la caída sostenida de la producción, aseguró que la estatal petrolera se ha convertido en el epicentro del deterioro del sector
“El gobierno del MAS ignoró todas las advertencias. YPFB fue manejada políticamente, con corrupción y sin transparencia, difundiendo una falsa bonanza energética bajo discursos como ‘mar de gas’ o ‘corazón energético de Sudamérica’”, afirmó.
Según el exministro, la empresa fue usada como instrumento político, más mediático que productivo, lo que terminó confundiendo a la población sobre la verdadera situación del país.
Ríos sostuvo que YPFB acumula pérdidas millonarias y opera con una estructura sobredimensionada, con unas 8.000 personas en planilla y subsidiarias ineficientes. Citó como ejemplo la planta de urea, que “anda más parada que operativa” y no podrá sostenerse sin gas en el futuro.
En sus últimos actos como jefe de Estado, el expresidente Luis Arce defendió la política energética de su administración y aseguró que se están dando pasos concretos para resolver el déficit de producción. “Nosotros hemos corregido el error de no haber hecho exploración y de no cuidar la nacionalización de los hidrocarburos. Nuestro gobierno ha ejecutado 54 proyectos de exploración”, afirmó durante un acto público en San Julián, Santa Cruz.
Arce recordó que los problemas de abastecimiento comenzaron antes de su gestión, cuando los campos petroleros y gasíferos ya mostraban una declinación. “Desde el primer día hemos trabajado para resolver estructuralmente el problema que el país ya tenía antes de que nosotros lleguemos al Gobierno”, señaló.
Según el mandatario, de los 54 proyectos de exploración ejecutados, 18 han sido exitosos, con hallazgos importantes como Mayaya, en el norte de La Paz; y Churuma y Los Monos, en Tarija.
Pero la magnitud del subsidio energético y el peso del déficit fiscal dejan poco margen de maniobra al nuevo gobierno. El futuro de Bolivia dependerá menos de los discursos y más de la capacidad de atraer inversiones.