Estoy totalmente de acuerdo que, para acceder a un cargo público en el país, es importante tener méritos y capacitarse, empero, los servidores públicos abrazan la función como una forma de contribuir a mejorar la vida de los pobladores, más aún en tiempos de crisis económica y energética.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los ministros que ha posesionado el Presidente Rodrigo Paz Pereira, representan esencialmente al sector privado empresarial y a cierta élite del país -con excepción de los ministros de la Presidencia, de Gobierno, de Defensa y de Turismo-, pero tengo casi la seguridad que el resto no serán el enlace para coordinar esfuerzos e iniciativas que lleve a hacer de la gestión pública un ejercicio democrático, participativo y progresista.
Los servidores públicos deben ser la imagen y la presencia cotidiana de las instituciones ante la sociedad. Por lo mismo, deben adoptar una actitud cercana, en la que los mejores esfuerzos estén siempre orientados a atender a los ciudadanos. Los designados tienen muy poca práctica en gestión pública, aunque voluminosa conexión con el sector privado y organismos internacionales, que no son suficientes para una buena gestión de gobierno.
El trabajo gubernamental es tangible, no sólo por las acciones materiales, sino también por quienes las desarrollan. La sociedad demanda que los servidores públicos se distingan por su calidad y eficiencia, por ser honrados y honestos intelectualmente, que tengan talento y habilidades –no para TikTok, sino para administrar el Estado-, sean el Presidente o Vicepresidente, ministros, senadores, diputados, gobernadores, asambleístas, alcaldes o concejales, y mucho más honestos deben ser sus colaboradores, pero en el 80% de todos los niveles de gobierno, son todo lo contrario, swas y llullas que no cuidan las formas de robar y mentir, aprueban leyes, decretos y resoluciones de acuerdo a sus intereses, e incluso, se dan el lujo de ir contra lo que manda la Constitución Política del Estado.
El Presidente Paz Pereira y sus ministros han señalado que nadie está por encima de la norma suprema y que combatirán la corrupción que, desde al año 2010. campea en los tres niveles de gobierno y en las empresas públicas, sean estas estratégicas, departamentales o municipales, aunque siempre hay algunos honrados.
Luchar contra la corrupción, contra el robo descarado de recursos y contra el cobro de comisiones por obras adjudicadas, es una obligación moral del gobierno nacional, y en ello radica la confianza que el pueblo boliviano le ha dado un contundente respaldo, a la que él y su vicepresidente del Estado están obligados a responder.
El mérito es legítimo, pero debe ir acompañada de experiencia suficiente en la función pública, porque la meritocracia por sí sola no sirve en el andamiaje de la compleja administración estatal, y ambos mandatarios, deben comenzar eliminando los cargos políticos en los tres niveles de gobierno, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la Universidad pública y en todas las empresas estatales.
En síntesis, todos debemos ser actores de una nueva época, en la que tengamos como común denominador el bienestar de la gente, no el bienestar de ciertas élites empresariales, que siempre han lactado del Estado y de los gobiernos de turno a los que, finalmente, corrompen a cambio de adjudicarse obras y servicios.