Los próximos meses serán decisivos para el país. Con la presentación del informe final del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sobre la redistribución de escaños en función del Censo Poblacional 2024, las Organizaciones Políticas deberán prepararse para una competencia electoral más exigente, territorializada y, sin duda, más desafiante. Bolivia se encuentra ante un proceso de reconfiguración de su democracia local, en un contexto donde cada ajuste institucional tendrá un impacto directo en la gobernabilidad de los próximos cinco años.
El país ingresa a un nuevo ciclo electoral que definirá la composición de más de 5.000 autoridades. Gobernadores/as, alcaldes/as, asambleístas departamentales y concejales/as serán elegidos en un escenario marcado por tensiones institucionales, transformaciones demográficas y un calendario electoral comprimido. Las Elecciones Subnacionales de 2026 no solo renovarán liderazgos territoriales: también pondrán a prueba la capacidad del ente electoral para garantizar procesos electorales estables, transparentes y técnicamente rigurosos.
En ese marco, el TSE deberá analizar municipio por municipio los datos poblacionales para determinar si corresponde mantener o ajustar el número de concejales. La Ley N.º 026 del Régimen Electoral establece que los municipios de hasta 15.000 habitantes cuentan con cinco concejales; aquellos entre 15.001 y 50.000 habitantes pueden tener hasta siete; los que registran entre 50.001 y 75.000, hasta nueve; y las capitales departamentales o municipios con más de 75.000 habitantes, hasta 11 concejales. Este criterio busca garantizar una representación proporcional y equilibrada en todo el territorio nacional.
De este modo, el TSE y los 9 Tribunales Electorales Departamentales enfrentan uno de sus mayores retos de la última década. Además de organizar las elecciones en un plazo reducido, deben ajustar la distribución de escaños conforme a los nuevos datos censales. Este proceso, profundamente técnico, puede generar tensiones en los territorios, especialmente cuando un municipio gana o pierde representación. La precisión metodológica y la transparencia serán determinantes para evitar conflictos y fortalecer la legitimidad del proceso.
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En este escenario, las Subnacionales 2026 representan más que una elección: constituyen un verdadero termómetro de la fortaleza democrática del país. El desafío central será garantizar que la redistribución del poder territorial se realice con rigor técnico, apertura informativa y responsabilidad política.
La pregunta de fondo es inevitable:
¿Estará nuestro sistema electoral a la altura de este nuevo escenario?