Vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Dino Franco, afirmó que el INE reconoció inconsistencias en los datos de San Ignacio. 8.000 personas quedaron fuera del conteo oficial.
Fuente: eldeber.com.bo
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El Comité pro Santa Cruz apunta directo contra el Instituto Nacional de Estadística (INE) al denunciar que la propia institución habría admitido omisiones e inconsistencias en los resultados del Censo 2024, correspondientes al municipio de San Ignacio de Velasco.
Dino Franco, segundo vicepresidente del ente cívico, convocó a conferencia de prensa en la que aseguró que más de 40 comunidades ignacianas fueron excluidas del registro oficial, lo que equivale a unas 8.000 personas no contadas, según sus cálculos.
El cívico señaló que la respuesta escrita enviada por el INE “admite problemas” en el levantamiento censal en San Ignacio y que esta constatación abre una interrogante mayor, porque “si pasa en un municipio, puede pasar en casi todos”.
Por ello, informó que el Comité pro Santa Cruz solicitó formalmente a Amdecruz instruir a todos los Concejos municipales del departamento a revisar los datos oficiales y requerir información completa al INE.
El dirigente cuestionó que, pese a los 36 días de paro cívico que Santa Cruz protagonizó en 2022 para exigir un censo oportuno y transparente, “la primera revisión seria y oficial” revele inconsistencias de tal magnitud. Adelantó que el Comité también pedirá al Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra iniciar una verificación exhaustiva de sus datos censales.
Franco fue más allá y anticipó una posible medida de mayor alcance: “Lo que vamos a solicitar y pedir es un revocatorio al Censo si se confirma lo mismo en los otros municipios”. Según dijo, los errores detectados ya perjudican a unas 8.000 personas en San Ignacio, que quedarían fuera de la asignación de recursos por coparticipación y de la planificación de servicios básicos, caminos, educación y salud.
Las observaciones surgen después de que, en septiembre, el Concejo Municipal de San Ignacio solicitó información al INE tras detectar anomalías en la ficha censal publicada en la web institucional.
Entonces, la concejal Natasha Castedo advirtió que las comunidades omitidas figuran en documentos legales del municipio y que, paralelamente, aparecen más de 40 asentamientos “supuestamente nuevos” que no corresponden a la organización territorial tradicional de la zona.
Como antecedente, en esa fecha autoridades municipales, representantes institucionales y organizaciones locales de San Ignacio dieron un plazo al director del INE, Humberto Arandia, para entregar la documentación oficial del censo ante la sospecha de que los resultados excluían comunidades históricas e incorporaban asentamientos recientes sin validación local.