En la política boliviana persiste una metáfora reveladora: el gobierno que inicia su gestión con un «cheque en blanco» con vencimiento a seis meses. Este período de gracia, donde el ejecutivo goza de mayor libertad para implementar sus propuestas, representa tanto una oportunidad histórica como una peligrosa ilusión.
La idea del cheque en blanco supone que la ciudadanía concede un voto de confianza inicial, una suspensión temporal del escepticismo que caracteriza a las democracias saludables. Sin embargo, este crédito político no es ilimitado ni incondicional. Se trata más bien de un préstamo de legitimidad que debe ganarse día a día mediante acciones coherentes, transparentes y efectivas.
La realidad es que este margen de maniobra existe principalmente en el discurso político, no en la práctica gubernamental. Desde el primer día, cualquier administración se enfrenta a múltiples auditorías simultáneas: la oposición política, la prensa, redes sociales, la comunidad internacional y, sobre todo, una ciudadanía cada vez más exigente.
Como bien señala la reflexión inicial, existen actores políticos que, desde lo que denominan «oposición constructiva» o aquellos que añoran volver al poder, aguardan expectantes los primeros tropiezos. Esta vigilancia no es necesariamente negativa—el escrutinio es esencial en democracia—pero se vuelve problemática cuando prioriza el interés particular sobre el general.
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Lamentablemente, a pocos días de iniciada la gestión, algunos indicios preocupan: las tensiones sui géneris entre presidente y vicepresidente, las designaciones ministeriales cuestionadas por procesos judiciales pendientes o por vínculos estrechos con gobiernos del MAS, y currículos que no parecen justificar la ocupación de cargos clave. Estos no son simples detalles protocolarios; son señales alarmantes que alimentan a quienes esperan el fracaso gubernamental.
Es cierto que hay otros ministros incuestionables, de alto conocimiento técnico, de los cuales se podría decir que es un lujo tenerlos en el gabinete, como: José Luis Lupo, Fernando Romero, Gabriel Espinoza, Mauricio Medinacelli y Fernando Aramayo. Por lo difícil de la cartera y ante las difíciles tareas que le tocan cumplir, es un acierto la designación de Marco Antonio Oviedo, por su experiencia.
La advertencia crucial es que este supuesto «cheque en blanco» puede vencer anticipadamente. La mala gestión, las contradicciones internas y las designaciones cuestionables no son errores aislados; constituyen un desgaste acelerado del capital político que debería preservarse para las reformas verdaderamente transformadoras.
Cada nombramiento controvertido, cada declaración incongruente, cada señal de improvisación es moneda que el gobierno entrega voluntariamente a sus críticos. Son combustibles que alimentan narrativas de incompetencia o falta de autenticidad en el discurso de cambio.
La reflexión final es especialmente pertinente: cuando miembros del gabinete fallan, el fracaso no les pertenece exclusivamente a ellos. El presidente asume la responsabilidad política, y las consecuencias las pagan todos los bolivianos a través de oportunidades perdidas, desconfianza institucional y estancamiento nacional.
El verdadero desafío para este gobierno consiste en reconocer que el «cheque en blanco» es una ficción peligrosa. La legitimidad se construye con coherencia entre el discurso y la acción, con transparencia en las decisiones, y con la humildad de rectificar cuando sea necesario.
Los primeros meses de cualquier administración sientan las bases de lo que vendrá. O se utilizan para construir credibilidad y confianza, o se malgastan en contradicciones y designaciones cuestionables que hipotecan el futuro del país. La elección es del gobierno, pero las consecuencias serán compartidas por toda la nación.
Mauricio Taboada Ortega
Diputado Nacional