La historia de las democracias latinoamericanas ha estado marcada por un alto grado de inestabilidad política. Desde un principio, las naciones adhirieron sus constituciones a los principios de un Estado democrático determinado, entre otros temas, que la cuestión acerca de quiénes ejercerían el poder político se decidiría a través de elecciones. Sin embargo, la realidad siguió otras sendas: en una mayoría de los países la vida política se desarrolló al ritmo de guerras civiles, insurrecciones, golpes militares o dictaduras de diversos tipos. Al lado de estos hechos se celebraron periódicamente elecciones y una de las particularidades de los dictadores y de los regímenes de facto en Latinoamérica ha sido su pretensión de legitimarse a través de elecciones; pero, por lo general, los actos electorales se caracterizaron por estar sometidos al control oficial, por la existencia de limitaciones para los grupos opositores y por una repetida manipulación de los resultados electorales. Por eso se podría decir que en Latinoamérica la lucha por elecciones limpias ha sido una reivindicación democrática tan importante como la que se adelantó por la instauración del voto universal, directo y secreto y por el establecimiento de la representación de las minorías y de la representación proporcional. Desde la creación de los países latinoamericanos tanto lo relacionado con la organización de las elecciones como con su calificación fue habitualmente objeto de numerosas críticas. Así, con respecto a la organización se afirmaba que los organismos electorales eran manejados en última instancia por el Ejecutivo por lo que se le abría a éste la posibilidad de manipulación de los resultados electorales.
Hoy en día todos los países latinoamericanos poseen un órgano estatal encargado de las funciones electorales que se encuentra, en la mayoría de los casos, al margen de los tres poderes públicos tradicionales, por lo que devienen a calificarlo como cuarto poder del Estado. La premisa es un proceso de consolidación de este organismo mediante el cual ha pasado a ser materia de regulación constitucional y ha adquirido un carácter permanente. Entendemos como órgano electoral supremo a la institución encargada de la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales. Asimismo, ha ido asumiendo, funciones como la calificación de las elecciones; la elaboración del registro electoral y también la de los registros en los que éste se basa como el registro civil y el registro de ciudadanos; la reglamentación de la ley electoral; el reconocimiento y cancelación de la personería de los partidos políticos; el control de los fondos para el financiamiento de los partidos y de las campañas electorales; el control de las finanzas partidarias; el control de todo lo relacionado con la propaganda electoral en las campañas electorales; el control de la vida interna de los partidos entre otros.
La posición del órgano supremo electoral dentro del aparato estatal, es la norma general en que sea un organismo autónomo e independiente de los otros tres poderes; es decir que, por lo general, no se lo puede enmarcar dentro del esquema de la división tripartita del poder público. El carácter permanente de este tribunal ha permitido asignarles toda una gama de tareas fundamentales para la correcta organización de los procesos electorales. Sin embargo, subyace aún la pregunta acerca de qué otro tipo de actividades puede asumir este organismo y sus organismos subordinados en los tiempos interelectorales, vales decir en tiempos en que no se realizan procesos electorales. Se puede observar que la elaboración del padrón electoral no está a cargo directamente del organismo electoral, sino que se ha encomendado a un cuerpo aparte, pero dependiente de él, el Registro Civil o SERECI, quedando pendiente la consolidación de la base de datos del registro civil, las defunciones y el servicio de identificación personal para comparar con el padrón electoral de manera que este último, tenga la credibilidad que se reclama.
Sin duda alguna, la labor del organismo electoral es decisiva para el afianzamiento del acuerdo alrededor del sistema democrático. La vigorización de la confianza en el método electoral para la definición periódica y permanente de la lucha por el poder, es uno de los elementos fundamentales para apuntalar ese acuerdo y ahí tienen el tribunal un papel muy importante por desempeñar. Para satisfacer las expectativas depositadas en ellos es imprescindible que el órgano supremo electoral pueda aparecer como organismo imparcial, que disponga de amplias facultades en materia electoral y que opere de forma eficiente. Sin embargo, presentan algunos problemas, la facultad de integrar estos organismos electorales está depositada en el órgano político como lo es la Asamblea Legislativa, lo que puede repercutir negativamente en la independencia y labor del tribunal, afectando su imagen ante la opinión pública. Por otra parte, el organismo electoral sufre grandes carencias en el área administrativa que podrían explicar buena parte de las dificultades y de la desconfianza con que se la mira. Así, estos dos últimos campos justifican una profunda reflexión acerca de las necesidades de reforma para dotar al organismo electoral de toda la credibilidad y obtener la eficiencia que se espera de él.
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Mgr. Fernando Berríos Ayala / Politólogo