La agenda binacional está marcada por la amenaza del crimen organizado, pero también se proyecta cooperación en temas como el de la minería.
Fuente: El Deber
El presidente chileno Gabriel Boric dejará el poder en marzo de 2026, cuando entregue el mando al candidato o candidata que resulte electo en los comicios que se celebran justamente hoy en Chile —o, eventualmente, en el balotaje del 14 de diciembre—. Antes de ese desenlace, hace apenas una semana, el mandatario estuvo en La Paz, donde recorrió el centro histórico siguiendo la ruta de Violeta Parra. Su paso —discreto y alejado del protocolo del cambio de mando en Bolivia— incluyó una conversación con Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia, quien juró el 8 de noviembre e inició un ciclo post-MAS tras dos décadas de hegemonía política y dos litigios contra Santiago ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que le costaron al Estado boliviano al menos $us 25 millones. Boric volverá a Bolivia, según dijo, pero ya no como Presidente.
La atmósfera es otra. Tanto La Paz como Santiago enfrentan un escenario regional marcado por el avance del crimen organizado, la presión migratoria y la reconfiguración geopolítica en torno a los minerales críticos. Y en ese nuevo tablero, Bolivia quiere reordenar su relación con Chile.
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El recién posesionado canciller Fernando Aramayo lo explicó así a EL DEBER: el objetivo es restablecer el diálogo político y diplomático con Chile. Antes, dijo, corresponderá esperar la definición de quién gobernará en La Moneda y respetar el proceso institucional del país vecino: “Primero debemos ser pacientes y respetuosos de la dinámica política chilena. Están en elecciones y entonces tendremos que ver cómo se reconfigura el gobierno. Habrá que presentar las salutaciones, habrá que participar en los espacios que permitan consolidar, una vez más en Chile, el entramado institucional como resultado de las elecciones. A partir de ello, naturalmente se va a tomar contacto. El presidente Paz también lo ha dicho”.
Agenda
El canciller remarcó que el nuevo ciclo bilateral debe dejar atrás las omisiones de los últimos años. “Naturalmente queremos restablecer diálogo político, diplomático. No puede ser que no tengamos acciones de carácter binacional en frontera ahora que se va a reactivar la minería alrededor de los minerales críticos, de la mano de la transición energética”, dijo.
Aramayo destacó que la vocación minera y los recursos hídricos compartidos por Perú, Chile, Bolivia y Argentina impulsan una integración que ya no es opcional: el litio y las tierras raras —17 elementos esenciales para la tecnología digital— convierten al triángulo andino en un jugador energético clave, y las fronteras deben ser espacios de cooperación y control coordinado.
También enfatizó que la diplomacia debe traducirse en beneficios concretos para la población. La apertura comercial con Chile y otros países permitiría —según Aramayo— “nuevos empleos digitales” y redes de protección social más modernas para la juventud boliviana. En este tiempo, Chile es el destino de miles de familias bolivianas que han migrado en busca de oportunidades.
En los últimos 20 años, la relación bilateral pasó de la “agenda de confianza mutua” al banquillo de la CIJ. Primero por la demanda marítima, fallada en 2018 en contra de Bolivia, y luego por el caso de las aguas del Silala, donde la Corte reconoció su carácter de cauce internacional compartido. Ninguno de los dos litigios mejoró la cooperación práctica en frontera, comercio o seguridad. Hoy, el gobierno de Paz propone un giro pragmático: trabajar en temas urgentes —minería, puertos, seguridad, migración— sin abandonar los principios históricos, pero sin anclar la agenda en disputas del pasado.
Bolivia en la campaña
Durante la campaña chilena, las referencias a Bolivia no fueron numerosas, pero sí significativas. Solo tres de los ocho candidatos —todos de derecha— se pronunciaron directamente sobre la relación bilateral: Evelyn Matthei (Chile Vamos) expresó que Chile tiene “voluntad y compromiso de avanzar en temas urgentes como la migración irregular, el control fronterizo y la cooperación contra el crimen organizado transnacional”. Sus propuestas incluyen una Policía Militar Fronteriza y expulsiones de su país a inmigrantes irregulares.
José Antonio Kast (Partido Republicano) fue más lejos: prometió que, si gana, reanudará “desde el día uno” las relaciones diplomáticas con Bolivia, señalando que ambos países deben unirse para enfrentar la inmigración ilegal, el narcotráfico y “construir una alianza de progreso”. En campaña también aprovechó para diferenciarse del expresidente boliviano Luis Arce, a quien acusó de mantener una “amistad directa” con Boric.
Johannes Kaiser, mucho más radical, dijo que cerrará la frontera con Bolivia sin más diálogo.
Los otros cinco candidatos —incluida Jeannette Jara, del Partido Comunista— no se refirieron a Bolivia. Tampoco lo hizo Marco Enríquez-Ominami, quien fue cercano al MAS de Evo Morales.
La frontera común supera los 900 kilómetros y está regida por el Tratado de 1904, que garantiza a Bolivia un régimen de libre tránsito “a perpetuidad” hacia puertos del Pacífico. Pero esa línea también es hoy un corredor crítico en materia de migración irregular —especialmente venezolana—, tráfico de armas, robo de vehículos y operaciones de bandas vinculadas al narco.
Fuente: El Deber