El estudio sobre la situación de la empresa de agua de La Paz fue instruido por el MMAyA. Sus hallazgos complican a una empresa peruana con base en Santa Cruz, exministros, directores de la AAPS y dos exinterventores, por varias irregularidades.
Por Carlos Quisbert
Fuente: eldeber.com.bo
Una auditoría interna de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.) de La Paz, revela un daño económico de Bs 15,1 millones, por el proceso de compra de 252 tuberías chinas. El estudio fue instruido por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) ante las denuncias hechas, desde 2024, por el investigador y consultor en temas de agua y saneamiento, José María Herbas.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Las tuberías, con un espesor de 1,3 centímetros, un diámetro de 60 centímetros y un largo de 12 metros, estaban destinadas a reemplazar a las que YPFB instaló, “de emergencia” en 2011, luego del “mega deslizamiento de tierra”, que afectó a más de 1.200 familias en las zonas Valle de Las Flores y Callapa.
Dichas conexiones, de alta presión, sirven para dotar del líquido elemento a 120 barrios y 300 mil personas, aproximadamente en la zona Sur de la ciudad de La Paz. De acuerdo a Herbas, estos sistemas deben ser reemplazados cada cinco años, para preservar la calidad del agua potable.
Han transcurrido 14 años desde ese deslizamiento y las conexiones no fueron cambiadas ni una sola vez. El proceso de compra data de 2021 y se conoce que las 252 tuberías llegaron al país desde China y están abandonadas en un terreno de Epsas, debido a que no existe un documento con la recepción oficial, ya que no cumplían las especificaciones técnicas.
Daño económico
La auditoría a la que EL DEBER tuvo acceso, con código “CITE: IN/DAI- EPSAS INTERV /005/2025”, fue entregada el 16 de septiembre por el jefe de Departamento de Auditoría Interna de esa empresa, Iván Mauricio Sánchez Ponce. En el encabezado del documento se detalla que la misma fue solicitada en la gestión del exministro de MMAyA, Álvaro Ruiz, el 26 de agosto de este año.
“Basados en el análisis de la documentación presentada sobre el proceso de ‘Adquisición de tubería de acero para la conducción en el sector Valle de Las Flores y Callapa (en la ciudad de La Paz)’, Lic-006/2021 (adjudicada por excepción), concluimos que no se cumplió con el Manual de Procedimientos de
Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios de Consultoría y Servicios Generales aprobado por Resolución Administrativa EPSAS INVERV. N° DL/FOM/011/2020 de fecha 08/01/2020; no se cumplió con la minuta de contrato ni con las especificaciones técnicas”, señala la primera parte de las “conclusiones y recomendaciones” de la auditoría.
A continuación, se remarca que dichos incumplimientos generaron un “posible daño económico a Epsas, por Bs 6.250.953, correspondiente a los pagos realizados a la empresa proveedora”, menciona otra parte del documento.
La firma involucrada, que proviene de Perú, es la “Sociedad Comercial La Llave S. A.” que tiene oficinas en Santa Cruz de la Sierra y para este contrato fue representada por la ciudadana de ese país, Ana Pimentel.
No obstante, en la auditoría también se aclara que la cifra está estimada con el descuento por el monto recuperado, por medio de la ejecución de las “boletas de garantía de correcta inversión de anticipo y cumplimiento de contrato”, valuadas en Bs 4.600.000.
La cifra deviene del cálculo por los costos de una “corrección de las fallas en las (252) tuberías”, que no contaban con un recubrimiento anticorrosivo, requisito para transportar agua potable sin generar infecciones por la corrosión. Otros gastos que fueron recuperados con las boletas de garantía, fueron los de la pintura y el traslado de las tuberías desde China hasta La Paz.
Asimismo, el documento aclara que, hasta la fecha de emisión de la auditoria, Epsas aún tiene un pago pendiente a “La Llave”, de Bs 4.312.749. En total, la suma malversada en el proceso de contratación suma Bs 15.163.702.
Funcionarios no responden
Epsas, la empresa que suministra agua a siete municipios del departamento de La Paz, está registrada como “privada”, pero está intervenida por el Gobierno del MAS desde 2013. La misma opera liderada por un “interventor”, quien es designado por el ministro de MMAyA y el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSS).
EL DEBER visitó las oficinas, llamó y escribió mensajes al número de celular del actual interventor, Pedro Flores, quien no respondió a las consultas. Asimismo, los responsables del área administrativa y legal, además de los dirigentes del sindicato de trabajadores de Epsas se negaron a atender las preguntas, sobre el tema que causará perjuicios en el pago de las planillas, de acuerdo al análisis de Herbas.
Análisis
Para el experto, el exministro Ruíz ordenó realizar la auditoría a Epsas para salvar su responsabilidad administrativa y penal, esto, a un año de que el Viceministerio de Transparencia, conminó a EPSAS a realizar la auditoría.
En las notas, constan las denuncias documentadas realizadas por Herbas, no solo ante la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, sino también al MMAyA y la APSS.
“Es un gran avance, pero no satisface, debido a que la conclusión de la auditoría es muy básica y simple, no refleja la verdad de los hechos. Desde nuestro punto de vista carece de otros elementos muy importantes, como el sobreprecio y el direccionamiento para favorecer a La Llave, no se tomó en cuenta, por ejemplo, las cotizaciones presentadas por otro proveedor que ganó la licitación”, explicó Herbas, en entrevista con EL DEBER.
La auditoría menciona que los responsables de Epsas, en medio de 22 irregularidades, declararon desiertas dos convocatorias, para luego adjudicar el contrato a La Llave, por excepción.
No obstante, Herbas menciona que la auditoría no toma en cuenta que, la empresa peruana no justifica por qué sus cotizaciones incrementaron el precio de siete a más de Bs 14 millones. “Esta auditoría debe ser sometida a otra evaluación externa, debido a que se presume encubrimiento y protección a algunos exejecutivos de Epsas; vamos a solicitar al vicepresidente Edmand Lara su intervención directa en este y otros casos, que dejan a Epsas al borde de la quiebra técnica”, concluye el experto.
Implicados
“Se identificaron (…) indicios de responsabilidad por incumplimiento de deberes por parte de los siguientes funcionarios”, señala la auditoría en el acápite sobre los efectos. A continuación detalla a 26 funcionarios.
El principal es el exinterventor Gonzalo Iraízos (procesado por otros casos de corrupción en Epsas), quien inició con la contratación y presuntamente direccionó la adjudicación en favor de La Llave. Le sigue su sucesor, Jaime Gutiérrez, a quien se le atribuye la responsabilidad de ignorar los informes sobre el incumplimiento de las especificaciones técnicas para las tuberías.
La auditoría cita como responsables a gerentes, subgerentes, jefes de diversos departamentos y supervisores.
Herbas explica que, además de los funcionarios de Epsas, una auditoría más amplia debería determinar la responsabilidad de quienes conocieron de todas las irregularidades y no asumieron medidas legales, como los directores de APSS y los exministros de MMAyA, Juan Santos (quien fue a dar a la cárcel por corrupción); Rubén Méndez; Alan Lisperguer (también procesado por corrupción) y Ruiz.
Recomendaciones
“Se recomienda al Gerente General Interventor que instruya al Departamento Legal: a) Remitir un informe legal al Departamento de Auditoría Interna (DAI) con su pronunciamiento, sobre los indicios de responsabilidad por el presunto daño económico causado hasta la fecha de emisión del presente informe”, señala parte de la primera recomendación.
Se pide también, el análisis legal sobre los indicios de responsabilidad civil. Sugiere emitir el “informe preliminar legal”, con un pronunciamiento jurídico y la tipificación de los delitos cometidos por los 26 involucrados, además de remitir los datos a la jefatura del DAI.
Por otra parte, se recomienda asumir “las acciones legales correspondientes” contra de la empresa proveedora “La Llave”, por incumplimiento de contrato e incumplimiento de especificaciones técnicas de las 252 tuberías.
Herbas recordó que el gobierno del MAS puso como uno de los justificativos, para la intervención de Epsas en 2013, la falta de renovación de la tubería instaladas por emergencia para reabastecer el agua potable a más de 120 barrios, afectados por el mega deslizamiento ocurrido en 2011. Así se menciona en uno de los artículos de la resolución administrativa de intervención de la AAPS.