Según Arias la definición a cualquier solicitud, reforma o ajuste al funcionamiento del TCP recae en el presidente autoprorrogado.
Los magistrados electos del TCP emiten un pronunciamiento.
Fuente: https://larazon.bo
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Boris Arias denunció que está “atado de pies y manos” debido al control que ejercen los cinco autoprorrogados sobre las cuatro autoridades electas y las decisiones en Sala Plena.
En entrevista con La Razón Radio, afirmó que esta mayoría “tramita causas a espaldas” de las nuevas autoridades judiciales y bloquea cualquier intento de restablecer el funcionamiento constitucional mediante autos emitidos “como juez y parte”.
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“Las modificaciones que se quiera hacer al Tribunal Constitucional van a pasar por Sala Plena. Si Sala Plena no da el visto bueno, lamentablemente yo estoy atado de pies y manos”, explicó.
Recae en Hurtado
Arias describió que cualquier solicitud, reforma o ajuste al funcionamiento del Tribunal termina en Sala Plena, donde las votaciones quedan trabadas 4–4, y la definición recae en el autoprorrogado Gonzalo Hurtado, presidente del TCP.
El 11 de diciembre de 2023, a través de la Declaración Constitucional 049/2023 el TCP estableció que los magistrados electos de 2017 continúen en sus funciones pese a que la Constitución no contempla ese mecanismo. Según Arias, a partir de ese fallo, se abrió una etapa de ejecución en la que los autoprorrogados emitieron autos constitucionales para frenar leyes orientadas a viabilizar su cambio.
El caso más reciente es el Auto Constitucional 070/2025, notificado el 31 de octubre, que declaró inconstitucional un proyecto de ley para que el TCP funcione únicamente con magistrados electos por voto popular. Según Arias, los cuatro magistrados nuevos no fueron notificados ni participaron en ninguna fase.
El fallo fue firmado solo por los magistrados autoprorrogados: Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.
Facultad de la Asamblea
Consultado sobre si los autoprorrogados “valen más” que la Asamblea Legislativa, evitó afirmarlo así, pero reconoció que mientras tengan el control de la Sala Plena pueden bloquear cualquier ley. Incluyó la que termine de completar la elección judicial pendiente y que podría realizarse junto a las subnacionales en marzo de 2026.
Explicó que la Asamblea tiene la facultad de reformar el Código Procesal Constitucional “y prohibir que los jueces sean juez y parte”. También rediseñar la estructura del TCP debido a que la Constitución no establece cuántos magistrados deben componer el Tribunal. En 2017 la Asamblea, a través de una ley, determinó subir de siete a nueve magistrados en el TCP. “Mañana pueden ser 25, pueden ser 100, pueden ser cuatro o tres. Es decir, eso no está establecido en la Constitución, está establecida en la ley”, indicó.
También planteó que la Asamblea tiene la potestad de impulsar juicios de responsabilidades. “Puede echar a cualquiera, de manera justificada y fundamentada puede retirar incluso a los nueve magistrados”, añadió.
Antecedentes
La crisis constitucional se origina en la suspensión de la elección judicial prevista para 2023. Tras retrasos por falta de consensos políticos y una serie de recursos judiciales emitidos por el propio TCP. La votación debió realizarse recién en diciembre de 2024.
Esa demora permitió que los magistrados electos en 2017 se autoprorrogaran bajo el argumento de evitar acefalías. Durante ese periodo frenaron procesos de ley orientados a su sustitución, limitaron atribuciones de la Asamblea. Y para las elecciones de 2024, anularon convocatorias electorales en cinco departamentos para el TCP y dos para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Desde enero de 2025 conviven en el TCP conviven los cinco autoprorrogados y los cuatro magistrados electos en la última elección.
El 7 de octubre, el presidente del TSJ, Romer Saucedo, presentó una denuncia penal contra estas cinco autoridades prorrogadas, pero fue rechazada por el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, que aseguró es tuición de la Asamblea.
Finalmente, Arias informó que los cuatro magistrados nuevos presentaron un incidente de nulidad contra el Auto Constitucional 070/2025 por haberse tramitado sin su participación.
Indicó que, por normativa, este incidente debe ser resuelto por magistrados suplentes, pero su convocatoria también debe pasar por Sala Plena.