Este proceso surgió en febrero de 2015, cuando la Contraloría General del Estado denunció que 153 proyectos del Fondo Indígena de Bolivia no habían sido concluidos pese a que recibieron un millonario financiamiento.
La exdiputada del MAS, Lidia Patty. Foto referencial (Internet)
Fuente: ABI / La Paz
El Ministerio Público activó una investigación penal contra la exdiputada del MAS-IPSP, Lidia Patty Mullisaca, por su presunta vinculación en el millonario desfalco al Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). La Fiscalía Especializada Anticorrupción solicitó formalmente la asignación de un investigador para continuar con las diligencias del caso.
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Según el requerimiento fiscal emitido el 17 de noviembre, la exparlamentaria es investigada por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica, cuya parte denunciante es el propio Fondo Indígena.
El fiscal de materia Miguel Cardozo, adscrito a la Fiscalía Anticorrupción, instruyó al investigador asignado “proseguir con las investigaciones en el estado que se encuentra el caso, imprimiendo la máxima diligencia”, se lee en parte del requerimiento.
Además, ordena que presente un informe de resultados en un plazo de cinco días, considerando que los tiempos procesales en materia penal son “improrrogables y perentorios”.
El documento establece que el personal designado deberá avanzar en los requerimientos pertinentes para esclarecer la presunta participación de Patty y otros involucrados, bajo responsabilidad funcionaria.
Apuntes
En julio de 2025, a más de 10 años de develarse el caso Fondo Indígena, la Fiscalía presentó la acusación formal para iniciar el juicio contra 15 personas, entre exfuncionarios y dirigentes, quienes se arriesgan a penas de hasta ocho años de cárcel.
En la lista de acusados figura la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, quien ya estuvo detenida preventivamente por este caso.
Este proceso surgió en febrero de 2015, cuando la Contraloría denunció que 153 proyectos del Fondo Indígena no habían sido concluidos pese a que recibieron financiamiento.
El caso generó polémica porque fueron implicados dirigentes afines al MAS, quienes fueron acusados de recibir depósitos en sus cuentas, sin cumplir con las obras programadas para sus regiones.