Los expertos consideran que existe una “buena intención”, pero que la norma no podrá reponer todos perjuicios causado a la carrera policial y castrense de los afectados, además del daño a la familia y las vejaciones por el encarcelamiento.
Fuente: eldeber.com.bo
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Militares procesados por el levantamiento armado del 26 de junio de 2024, liderado por el ex comandante del Ejército Juan José Zúñiga, piden ser incluidos en el proyecto de ley denominado “Restablecimiento de derechos de militares y policías dados de baja por causas políticas”, que está redactado para favorecer a los implicados en los conflictos sociales de 2019.
El proyecto fue presentado por los diputados de Alianza Unidad, Carlos Alarcón y Alejandro Reyes (Alianza Unidad) y contiene 11 artículos.
“Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto el restablecimiento de derechos de los militares y policías que hubieran sido dados de baja, por procedimientos administrativos y/o disciplinarios, durante el gobierno de Luis Arce Catacora, fundamentados en una causa falsa como la de amotinamiento y/o colaboración en golpe de Estado u otras de naturaleza política, por los hechos concomitantes con el fraude electoral gestado por el gobierno de Evo Morales Ayma en las elecciones del año 2019”, señala el texto.
Según Reyes, la ley no es una amnistía, sino una acción para reestablecer el debido proceso, “justicia y verdad”, pues considera que los policías y militares, que participaron de operativos en las jornadas de convulsión social en noviembre de 2019, estaban “del lado del pueblo”.
“Con esto se busca la nulidad de todos los actuados sancionatorios, administrativos o disciplinarios y también el restablecimiento de sus derechos, de sus funciones, salarios y todo el atropello que se cometido en su contra”, sostuvo Reyes. Remarcó que varios afectados estuvieron presos y otros optaron por salir del país.
En criterio del abogado Eusebio Vera, defensa de militares procesados en el caso de Zúñiga y también de los hechos de 2019, el proyecto es loable, aunque no podrá reparar el daño causado en su totalidad, ya que no solo se vio perjudicada la vida y carrera de los uniformados, sino también la de sus familias, como el caso de un efectivo que falleció en la cárcel.
“Que este proyecto no solo se limite a los militares y policías dados de baja por los hechos de 2019, como abogado patrocinante de varios militares, se pide que el contenido del proyecto se amplíe en favor de quienes fueron procesados por los hechos de 2024, ya que existe un informe de una comisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que señala que no existe prueba plena sobre un golpe de Estado”, aseveró Vera en entrevista con EL DEBER.
Para el jurista, dicho informe equivale a las resoluciones que el Órgano Judicial emitió, en favor de la expresidenta Jeanine Añez, en sentido de que no hubo golpe de Estado en 2019.
En ese contexto, Vera afirmó que se presentará una carta dirigida a los diputados proponentes, para que se modifique el contenido del proyecto de ley y sus beneficios alcancen a los militares dados de baja por los hechos de 2024.
Vera sostiene que, al igual que pasó con los policías y militares de 2019, los implicados en la revuelta militar liderada por Zúñiga, fueron procesados con directrices políticas, desde los ministerios de Gobierno y de Defensa, además que las autoridades sumariantes tenían órdenes explícitas para expulsarlos de las instituciones, sin derechos ni beneficios.
Inconstitucional
No obstante, un general de la promoción de Zúñiga, que prefirió no ser identificado para evitar represalias, calificó el proyecto de ley de “inaplicable”, y con varias deficiencias por el desconocimiento de la Ley Orgánica de la Fuerzas Armadas (LOFA), además de las normativas que rigen ascensos y destinos.
Asimismo, el abogado César Rojas, señaló que el proyecto es inconstitucional, debido a que los legisladores no tienen la potestad de “juzgar o determinar mediante una ley, si existió o no un golpe de Estado, ya que este es un criterio anticipado de que lo que se está tratando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el posible juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez”.
Por otra parte, Rojas indicó que se debe analizar que la norma no genere un daño económico al Estado, por el pago de una reparación de daños.