Árbitro electoral no “bombero”


 

 



 

 

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Ante la proximidad de elegir a las nuevas autoridades nacionales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la misma será una primera prueba de fuego para los/las nuevas/os legisladores elegidas/os mediante voto popular en las elecciones generales del 17 de agosto pasado. Ahí se verá la verdadera madurez política y democrática que llevan en su yo interno las/los representantes del PDC, LIBRE, UNIDAD y SUMATE. Principales fuerzas políticas que superan los dos tercios para cambiar el rumbo del país mediante leyes.

Lo que sí está claro en la mente de la población, es que no se quiere tener “árbitros bomberos” con un trasfondo político por detrás para la próxima gestión institucional del TSE. Los actuales vocales de dicho órgano del Estado, en su mayoría, fenecen sus funciones el 19 de diciembre próximo. Quienes muchos de ellos, al ser designados en gestiones parlamentarias del pasado con mayoría masista, nomás cargaron en sus espaldas el color y tinte azul del MAS.

Lo que sí es indiscutible, su gran trabajo que realizaron para las elecciones generales pasadas, tanto en la primera y segunda vuelta. Su labor desempeñada merece un punto alto sin lugar a dudas. Aspecto que les permitió, además, lavar esa imagen institucional muy deteriorada que llevaban antes de las justas electorales nacionales. Todo el mundo dudaba de que realicen un trabajo imparcial electoral, pero con los hechos nos demostraron todo lo contrario.

También ya es momento de modificar la designación directa que hace el/la presidente del país, sobre la elección de un vocal a nivel nacional y de nueve vocales a nivel departamental. Lo cual se lo puede interpretar como una intromisión directa del Órgano Ejecutivo al Órgano Electoral. Aspecto que marca como una gran contradicción a lo que es la independencia de poderes, tal como se establece en la actual Constitución Política del Estado (CPE).

En otras palabras, también se lo puede interpretar como una especie de espía del o de la presidente al trabajo interno de sala plena del TSE a nivel nacional como departamental. Dicha figura constitucional jurídica, debe ser eliminada de la actual CPE porque ya no cuadra con los cambios políticos que se registraron a partir de agosto pasado. Eso iba sin duda a medida y gusto para los gobiernos corruptos masistas.

En ese sentido el actual vocal nacional del TSE, Gustavo Ávila, como los otros nueve vocales departamentales electorales, designados por Luis Arce Catacora, deberían presentar su renuncia al cargo el próximo 19 de diciembre junto con los que cumplirán su mandato constitucional por el lapso de 6 años. Ahora la patria ya tiene otro presidente y mientras no se modifique la CPE, Rodrigo Paz, tiene toda la potestad constitucional para designar a su representante en el Órgano Electoral en vez de los que designó el anterior mandatario.

Además, también por ética deberían dejar sus cargos tanto el vocal Ávila como los otros nueve vocales departamentales designados de manera presidencial. Sin duda que el vocal Gustavo Ávila, fue uno de los mejores profesionales técnicos al interior de la sala plena del TSE que cumplió y dio credibilidad a las elecciones generales pasadas. Si renuncia, sin lugar a dudas, que estará saliendo por la puerta grande. Sin dejar de resaltar también el trabajo profesional de su presidente interino, Óscar Hassenteufel y del vocal Francisco Vargas. El resto de sus miembros ni sonó ni tronó. Uno de ellos (Tahuichi Tahuichi Quispe) solo se dedicó a meter bulla y ser un “árbitro bombero”.

Por tanto, ya es hora de sacar del ordenamiento jurídico constitucional, esta figura que no le hizo ni hace nada bien a nuestra democracia. Porque la independencia de poderes tiene que ser totalmente absoluta y plena, sin nada de intromisiones de un órgano a otro. No se debe confundir la coordinación de poderes con el control mediante designación a dedo del presidente o la presidenta de la nación en esas funciones.

El presidente Rodrigo Paz, así como tuvo la certeza de cerrar el Ministerio de Justicia, para justamente eliminar la intromisión del Órgano Ejecutivo hacia el Órgano Judicial, ahora también debería dejar a un lado la designación de sus representantes tanto a nivel nacional como departamental en el Órgano Electoral para dejar a un lado la injerencia del poder a su cargo hacia el cuarto poder del Estado. ¡Porque solo con hechos y no con palabras, se estará dando señales de cambio a la estructura política de esta Bolivia Posible!, que nos sigue esperando con visión de país desde 1825.