Hasta hace menos de dos semanas, la opinión generaliza entre analistas económicos y políticos era que la escasez y el alto precio del dólar se debía al enorme déficit fiscal que agotó las reservas internacionales, obligando al Banco Central (BC) a “imprimir billetes”, lo que desencadenó inflación de precios en el mercado interno, incluyendo la subida del precio del dólar, que es un referente de los precios internos por la alta incidencia de las importaciones en la canasta de consumo.
Pero, hace unos días, el precio del dólar cayó sorpresivamente hasta menos de Bs 10 y ¬ se estabilizó cerca de los Bs 11, en los últimos días. Las explicaciones, ahora, incluyen que el gobierno saliente habría “recogido bolivianos” del mercado para financiar sus gastos, de manera que, a pesar de no haber dólares, tampoco hay bolivianos para comprarlos; que las expectativas de la gente son de confianza en el nuevo gobierno y que está dispuesta a sacar los dólares del “colchón bank”; que el valor del dólar digital se habría estabilizado; o que … (ponga su explicación).
En medio de este confuso escenario monetario, cumpliendo su promesa de campaña, el Presidente Rodrigo Paz designó y posesionó al presidente y al nuevo directorio del BC expresando su esperanza de que esta institución “deje de ser la caja chica del gobierno, y comience a funcionar como el banco de todos los bolivianos”. El deseo refleja el compromiso de devolver al BC su “independencia y autonomía”, tarea en la que coincidieron prácticamente todas las candidaturas.
Mi pregunta: independencia y autonomía, ¿de qué o de quién? Y esta se origina en mi imagen mental de alguien conduciendo un vehículo, pero que a su lado tiene una personita que tiene otro volante que puede mover la rueda derecha del carro en el sentido que quiera, al margen del camino que deba o quiera seguir el conductor. Esa independencia sería suicida, ¿verdad?
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Hace un año conocí el trabajo de la doctora Leah Downey, joven profesora del Departamento de Economía Política en King´s Collegue, Londres, y autora de Nuestro dinero: política monetaria como si la democracia importara, en el que, precisamente, aborda, como uno de los temas, la autonomía de los bancos centrales. Muestra que las posiciones a favor de un BC independiente se basan en ejercicios empíricos y en argumentos teóricos que están lejos de ser convincentes; por el contrario, ofrece argumentos vinculados a valores de la democracia y al ejercicio responsable de la política, que van en contra de esa independencia.
El tema entra en la agenda de la política monetaria a partir de la pregunta de Milton Friedman (1962): ¿Debe haber una autoridad monetaria independiente? Para Friedman, el BC debía asegurar «una estructura monetaria estable y libre de retoques irresponsables del gobierno”.
Entra en la agenda política en la segunda mitad de los años 1980 y se destaca no tanto por su rol en la conducción de la política monetaria, -la idea inicial del BC como garante de la estabilidad monetaria quedó prácticamente destruida con las crisis monetarias y financieras entre 1990 y 2010; sino porque la autonomía de los bancos centrales apoyó (¿impulsó?) la financiarización de las economías. Este apoyo fue determinante para sustituir el capitalismo industrial (centrado en la producción y en el empleo del Estado de Bienestar), por el actual capitalismo financiero “de los oligarcas”
Hacia 2014–15, el área de investigaciones del FMI alertó que la financiarización de las economías era la causa de la creciente concentración de la riqueza y de la desigualdad; sin embargo, en las recomendaciones en sus reportes del Art. IV, el FMI insiste en fortalecer la financiarización, como mostramos desde 2010 en notas de opinión, en Ensayos para el Debate de INASET, y en nuestro comentario, en esta columna, al reporte del Art. IV de 2024 para Bolivia (Recomendaciones del FMI: ¿cómo quitar la nalga a la jeringa?, junio 2025).
Dada la creciente euforia para dar autonomía e independencia al BC, sin aparentes límites, surge la necesidad de estimar cuáles son, en realidad, los efectos de la fuerte financiarización que promovió el (¿anticapitalista?) “modelo económico social comunitario productivo” vigente en los 20 últimos años. Para ello, esquemáticamente hemos estimado los flujos de dinero “de bajada” y “de subida”, siguiendo las relaciones desde que se generan, desde que se otorga, hasta que se paga un crédito “productivo”: BC, bancos comerciales, empresas, trabajadores y los hogares, ¬ que incluye al cuentapropismo forzado ante la incapacidad estructural de la economía de crear puestos de trabajo para los jóvenes que ingresan al mercado laboral.
El ejercicio es simple y estimativo, pero ilustra, a partir de los órdenes de magnitud de las cifras, los efectos económicos y sociales de la concentración de rentas como efecto de la financiarización de la economía en Bolivia. Por ejemplo, los bancos comerciales, de propiedad mayoritaria de no más de 200 personas y sus familias inmediatas, tienen ingresos operativos anuales por $us 4.000 millones. Estudios realizados por el empresariado privado calculan en un monto anual similar el valor del contrabando que genera una parte muy significativa de los ingresos para cerca de ocho millones de personas, entre cuentapropistas y sus familias.
Claramente, el desafío no está en facilitar el acceso al crédito, sino en mejorar los esmirriados ingresos del 90% de los hogares: mayor capacidad de consumo orientada a mayor demanda para el sector productivo.
En este sentido, en el ámbito fiscal, por ejemplo, vincular el IUE a la distribución primaria del ingreso en las empresas: recaudar menos IUE, pero mejorar las remuneraciones sería muy inteligente; eliminar lVA a la producción nacional daría 20%–40% más capacidad de consumo,… Lo que haría socialmente viable eliminar subsidios y/o aumentar ciertos precios, etcétera.
Además de mostrar efectivamente el mecanismo de concentración de la riqueza, el ejercicio sirve también para explicar por qué la austeridad fiscal, la financiación de la economía, y las recetas del emprendedorismo, gracias al crédito “en facilito”, están severamente contraindicadas en la situación actual de la economía boliviana, especialmente si se espera enrolar, efectivamente, a la gente en la titánica tarea de construir una economía productiva, dinámica e inclusiva “de y para la gente”.
El mensaje de fondo es que, dada la profundidad de las transformaciones necesarias, no es posible pensar en una estructura en la que, sea o no independiente el BC, el bienestar de la gente esté condicionado por tecnocráticas metas de inflación, de déficit fiscal, de tasa de interés o de tipo de cambio. Seamos claros: tras 40 años, basta ver EEUU, la propia Europa o Argentina como ejemplos de que esas medidas no han funcionado para la gente.
La tarea que el gobierno debería asumir es seguir una ruta crítica, en la que los indicadores de logros sean hitos, como el crecimiento de la productividad, de la calidad del empleo, de la distribución primaria del ingreso, de la reducción de la desigualdad o de la recuperación de los enormes activos ambientales que la ceguera rentista destruyó.
Las tasas de inflación, el tipo de cambio, el déficit fiscal o el nivel de las reservas internacionales que se registren al alcanzar los hitos propuestos serán los correctos, al margen de su valor nominal.
Ir al revés, como tozudamente se insiste hasta ahora, es “tratar de amarrar un pedo en un pañuelo”, una de las inolvidables frases de mi abuelo, ¬un marinero alemán que nunca llegó a hablar buen español, pero se hacía entender con analogías como esa. Prost, liebe Fritz.
Quienes estén interesados en acceder a la presentación, los invitamos a visitar www.fundacion–inaset–org.
Enrique Velazco Reckling, Ph.D., es investigador en desarrollo productivo.