El cierre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, ejecutado ayer por el presidente Rodrigo Paz como cumplimiento de una de sus promesas electorales, abrió un debate entre juristas y defensores de derechos humanos.
Fuente: ANF
La medida, anunciada por el mandatario como un paso decisivo para desmontar lo que llamó “el ministerio de la persecución, de la injusticia, de las coimas y de la venta de sentencias”, fue recibida con coincidencias, pero también con advertencias.
Los abogados Jorge Quiroz, Jorge Valda, William Bascopé y la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, reconocen que esta cartera de Estado estuvo profundamente contaminada por prácticas de instrumentalización política durante los últimos años. Sin embargo, advierten que la clausura por sí sola no garantiza una transformación real del sistema judicial.
Para los expertos, el Ministerio de Justicia terminó convertido en una estructura que, lejos de proteger derechos, se utilizó como un brazo operativo del poder político. La eliminación de esa institución, sostienen, tiene un fuerte simbolismo, pero deja pendiente el desafío mayor: reformar un sistema judicial que, según todos ellos, arrastra problemas estructurales desde hace décadas.
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En ese análisis general coinciden Quiroz, Valda, Bascopé y Herrera, quienes, cada uno desde su especialidad, describen un panorama complejo en el que el cierre del ministerio representa apenas un punto de partida. Todos señalan que lo que viene ahora demandará voluntad política, cambios normativos profundos y un rediseño institucional que garantice independencia judicial.
Jorge Valda destaca que el Ministerio de Justicia, especialmente bajo el periodo del MAS, funcionó como “un mecanismo de subordinación” para someter a los poderes judicial, electoral y legislativo al Ejecutivo. Según el abogado, en contacto con ANF, esa institución nació con la misión de intervenir políticamente en procesos judiciales y terminó operando como un espacio donde se cobraban cargos, se manipulaban procesos y se imponía una dependencia jerárquica que distorsionó por completo la justicia.
En esa misma línea, William Bascopé, en declaración a un medio local, califica al Ministerio de Justicia de los últimos años como un “francotirador político” utilizado para eliminar adversarios. Sostiene que junto con los ministerios de Gobierno y de la Presidencia fue parte de una maquinaria que cometió “aberraciones”, entre ellas la encarcelación de una exmandataria por más de cuatro años. Señala como responsables de esa distorsión a exministros como Héctor Arce Zaconeta, a quienes atribuye manipulación e instrumentalización de la justicia.
Jorge Quiroz agrega que la persecución también se expresó en el control del ejercicio profesional. Recuerda que el ministerio instauró un registro disciplinario obligatorio y un RPA (Registro Público de la Abogacía) que terminó siendo utilizado para supervisar, limitar e incluso castigar a los abogados críticos. “La credencial para ejercer dependía del Estado, no de los colegios profesionales”, afirma en contacto con ANF.
Yolanda Herrera coincide en que la institución se desfiguró, y lamenta que, pese a su amplio presupuesto y atribuciones, no haya logrado resultados efectivos en temas como la defensa del medio ambiente, los derechos colectivos o la lucha contra la corrupción. Afirma que el ministerio terminó respondiendo tanto a intereses políticos como económicos.
Respecto al impacto inmediato del cierre, Jorge Quiroz considera que la eliminación del ministerio abre una oportunidad para que abogados, jueces y fiscales actúen con mayor libertad, especialmente en casos donde el Estado es parte. Sin embargo, advierte que es imprescindible reubicar de manera ordenada los servicios de defensa pública, derechos humanos y asesoramiento legal estatal, para evitar un vacío institucional.
Jorge Valda valora la clausura como un “acto simbólico absolutamente significativo” que puede contribuir a la independencia de poderes. Propone que las unidades que quedan, como el Servicio Plurinacional de Defensa de Víctimas, pasen a manos del Órgano Judicial y funcionen con los recursos que antes se destinaban a lo que llama “abogados persecutores”.
En contraste, Yolanda Herrera expresa preocupación porque el cierre “desjerarquice” servicios destinados a poblaciones vulnerables. Aunque reconoce la valentía de la decisión presidencial, sostiene que hubiera sido más adecuado realizar una auditoría profunda y luego una reestructuración técnica para garantizar continuidad y calidad.
William Bascopé, por su parte, considera que el tiempo permitirá evaluar si la medida fue acertada. Insiste en que la reacción social y los resultados en materia de servicio público serán claves para determinar si el cierre contribuye a mejorar el acceso a la justicia.
Los expertos coinciden en que la clausura, aunque simbólicamente importante, no resuelve por sí misma la raíz del problema. Bascopé señala que el sistema judicial está controlado por operadores designados por padrinazgo político o sindical, lo que requiere reformas profundas, como la modificación de la Ley Orgánica Judicial y del Consejo de la Magistratura.
Quiroz agrega que la corrupción no desaparecerá “de un día para otro”. Si bien reconoce la buena intención del Ejecutivo, advierte que las nuevas estructuras deben tener controles estrictos para evitar reproducir los mismos vicios del pasado.
Para Herrera, hacer visible la problemática ya es un avance, pero recalca que el Órgano Judicial debe ser el siguiente en ser intervenido: desde la selección meritocrática de jueces hasta la reforma del sistema penitenciario, pasando por el incremento presupuestario.
Valda concluye que el cierre debe blindarse mediante leyes que garanticen la independencia de poderes y prohíban la intervención de ministerios como Gobierno o Presidencia en procesos penales. Solo así —dice— se podrá asegurar un verdadero cambio en la administración de justicia.
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