El cierre del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, anunciado en los primeros días de la gestión del presidente Rodrigo Paz como parte de la reducción y reacomodo de carteras estatales, ha generado reacciones entre los propios productores de coca de los Yungas.
Fuente: ANF
Mientras algunos consideran que la medida elimina una estructura plagada de corrupción, otros advierten que su desaparición deja en indefensión a miles de productores de la hoja milenaria.
César Apaza, exdirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), expresó su sorpresa y rechazo la disolución. Si bien reconoció que el viceministerio había sido manejado “de manera muy mala”, con favoritismos políticos y actos de corrupción que él mismo denunció en reiteradas ocasiones, insiste en que su eliminación es un error estratégico que afectará directamente a los productores.
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“Era la única vía que teníamos para hacer llegar nuestros reclamos al gobierno”, afirmó en contacto con ANF.
Apaza destacó que esta instancia regulaba la producción, la comercialización y el monitoreo de los cultivos de coca en Los Yungas, además de controlar el transporte y gestionar programas de apoyo como la modalidad de “plata por coca”, que intercambiaba erradicación por proyectos de desarrollo.
Su cierre, sostuvo, ya provocó una caída en el precio de la hoja y podría desencadenar un impacto mayor en todo el sector debido a la ausencia de un ente regulador. “Han borrado de un plumazo a los productores de la zona originaria”, lamentó, atribuyendo la decisión al “mal asesoramiento” recibido por el nuevo presidente.
La postura de Raúl Uría, exdirigente de la Juventud Yungueña, es diametralmente opuesta. Para él, la eliminación del Viceministerio de Coca era no solo necesaria, sino urgente. Aseguró que la institución se convirtió en un espacio para disputas internas, corrupción y abusos contra los propios comunarios.
Según Uría, los controles del viceministerio derivaban en extorsiones y decomisos ilegales de coca que luego eran negociados por funcionarios y dirigentes vinculados al partido de gobierno MAS, cuando estaba en el gobierno.
También denunció que las carpetas de detalle —licencias para comercializar la hoja— se vendían por sumas que alcanzaban los 15.000 bolivianos, muchas veces con códigos repetidos o robados.
“Hicieron negocios con esas carpetas, crearon dirigencias paralelas y sometieron a la gente”, afirmó a ANF. Dijo incluso que solicitaron informes al legislador Freddy Velásquez (MAS) sobre esta situación y no dio respuesta.
Para Uría, la desaparición del viceministerio no vulnera ningún derecho del sector, pues la Constitución, en su artículo 384, protege la coca originaria ancestral. En su criterio, los Yungas no perderán beneficios reales, ya que la institución tampoco impulsó proyectos significativos para la región. “Solo trajeron tingladitos para someter a la gente al partido”, puntualizó.
En medio de ambas posiciones, la dirigencia orgánica de Adepcoca fijó una postura más institucional y abiertamente crítica. Su presidente, Daynor Choque, afirmó que el sector está “muy preocupado” y declaró estado de emergencia ante la eliminación por decreto del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral.
Considera que la medida afecta directamente la comercialización, el control, la racionalización y la erradicación de la hoja, e incluso contraviene la Ley General de la Coca, que establece la existencia de esta instancia.
Choque advirtió que, de no restituirse el viceministerio, Adepcoca activará acciones legales y no descarta movilizaciones. “No queremos volver a las calles, por favor considere nuestra petición”, dijo, en un mensaje directo al gobierno de Paz.
El debate expone dos posturas: por un lado, quienes temen que la ausencia de regulación deje al sector vulnerable y sin canales institucionales; por el otro, quienes celebran el desmantelamiento de un espacio que, aseguran, se usó para el sometimiento político y el enriquecimiento de algunos dirigentes.
Mientras el gobierno aún no anuncia una alternativa o nueva estructura para asumir las funciones que quedaron vacantes, los productores observan con preocupación el rumbo de una medida que, según coinciden ambas partes, tendrá repercusiones profundas para la economía cocalera y la estabilidad social en la región.
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